Durante las dos primeras etapas de la segmentación tarifaria, correspondientes al período septiembre-diciembre de 2022, se retiró el 40% de los subsidios a los usuarios de altos ingresos o a aquellos que no los solicitaron. Así lo señaló la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien puntualizó que así se generó un ahorro fiscal de $40.000 millones, "en línea con el objetivo que nos habíamos planteado".
La funcionaria puntualizó que la cantidad de usuarios residenciales de energía eléctrica inscriptos en el Registro RASE hasta diciembre de 2022 era de 15.840.489 millones. De ese total, 5.308.530 millones son usuarios de mayores ingresos y los todavía no inscriptos al RASE, otros 7.702.734 millones son de menores ingresos y otros 2.829.225 millones de ingresos medios.
Royón destacó, en una presentación, que en la segunda etapa de la segmentación el 68% de los usuarios residenciales no tuvo suba de tarifas. A la vez, garantizó que en 2023 se continuará con el proceso de segmentación y se avanzará con la tercera etapa en la reasignación de los subsidios.
También dijo que un 33% de los usuarios de energía eléctrica aún no solicitaron el subsidio o están comprendidos dentro del segmento de altos ingresos. "Hoy, la prioridad es detectar dentro de este porcentaje a aquellos usuarios de niveles bajos o medios que aún no se anotaron en el RASE, para poder garantizar la equidad del sistema de segmentación que se encuentra vigente, para no perjudicar a los hogares de menores ingresos. Por eso continúa abierto el formulario de inscripción", añadió.
¿Cómo continuará la segmentación en 2023?
La funcionaria detalló también que en 2023, para los sectores de altos ingresos o quienes no soliciten el subsidio, se realizará una quita del 40%, mientras que para los sectores medios esa quita será del 20%. Este año, la suba del precio de la energía "oscilará entre el 0 % y el 36%", garantizó.
También destacó que en el diseño del precio del costo de la energía, el gobierno sostiene "la política de que los salarios le ganen a las tarifas". "Construimos un modelo de tarifas justas y responsables, que ubica en primer lugar la protección a las familias, a los jubilados y al conjunto de los sectores de menores ingresos que necesiten el acompañamiento del Estado", añadió.
Royón insistió con que no se otorgará el aumento que pretenden las empresas de energía eléctrica "porque justamente alteraría muchísimo la relación entre los ingresos familiares y el costo de las tarifas. Por eso, será el aumento que las familias puedan pagar".
Las eléctricas del AMBA pidieron un 260% de aumento, pero se decidió implementar un incremento escalonado en dos cuotas iguales, la primera a partir del 1 de abril y la segunda, a partir del primero de junio. Para los residenciales de menores ingresos el aumento de tarifa no será mayor a $360 por cuota, mientras que para el nivel 1 habrá un aumento de hasta $400.
Por su parte, el 72% de los usuarios de los niveles medios y bajos (N2 y N3) recibirán un incremento por cuota de hasta $400 mensuales respecto del VAD (Valor Agregado de Distribución). Por último, la funcionaria aseguró que no habrá audiencia pública hasta finales de octubre.
