El anuncio que el Gobierno nacional hizo este lunes 24 de marzo sobre la desclasificación de archivos que contienen información relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar motivó a organismos de derechos humanos a recordar el contexto de la decisión, basada en un decreto que data de enero de 2010 y que fue firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó el anuncio apuntando que si bien el decreto "se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente". Lo que decidió la gestión de Javier Milei es efectivizar el traspaso de los documentos en cuestión desde la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) al Archivo General de la Nación.
Sin embargo, se trata de una medida en un campo en el que el Gobierno ha aplicado recortes y tomó otras determinaciones que fueron cuestionadas por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). En abril del año pasado, el Ministerio de Defensa oficializó la disolución de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), que durante años aportaron información determinante para el esclarecimiento de varias causas de lesa humanidad.
En la Resolución 680/2024, firmada por el ministro Luis Petri, se determinó la supresión de los ERyA y se estableció que "el Sistema de Archivo de la Defensa será el encargado de preservar toda la documentación de valor histórico y/o judicial que haya elaborado el entonces Grupo de Trabajo (en relación a los ERyA)". Tres meses antes de la eliminación de este equipo que formó parte de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, una decena de trabajadores fueron despedidos.
Los equipos habían sido creados en marzo de 2010, justamente como respuesta al decreto firmado dos meses antes durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, y a través de sus investigaciones produjeron alrededor de 170 informes que luego se utilizaron en diversas investigaciones judiciales.
El propósito de los ERyA fue relevar documentación que pudiera resultar de valor "histórico y/o judicial" y que se encontrara archivada o custodiada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ante la reticencia histórica de sectores de las Fuerzas Armadas a hacer aportes al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la misma resolución le daba acceso a este grupo de trabajo a todas las dependencias militares, pudiendo incluso limitar el acceso a lugares que tuvieran que preservarse.
Para fundamentar su decisión, Petri dijo en aquel entonces que el Grupo de Trabajo tenía "atribuciones exorbitantes al acceder a cualquier ámbito de las Fuerzas Armadas". "Funciona inorgánicamente, no acata órdenes de un superior jerárquico, no funda o motiva los criterios de búsqueda ni utiliza el Sistema de Gestión Documental (GDE)", sumó el ministro.
En abril del año pasado, 36 fiscales federales de todo el país que intervinieron en causas de lesa humanidad manifestaron su preocupación con respecto a esta decisión de desmantelar el área por la importancia que tuvo en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.
También se manifestaron entonces desde el Cels. "Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización", sostuvieron en un comunicado.
Según la resolución oficial, la documentación que era preservada por el grupo de trabajo quedó a cargo del Sistema de Archivo de la Defensa (SAD), mientras que los requerimientos judiciales son gestionados por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo de Claudio Ernesto Pasqualini, quien fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri y se ha expresado, en línea con el relato del oficialismo actual, en favor de la "memoria completa" sobre la última dictadura.
"Depuración" de documentos
Más recientemente, en enero de este año, el Ministerio de Defensa dispuso el traslado del Archivo General de la Armada a una nueva sede con el objetivo de "depurar" la información y proceder a la "trituración" de documentos.
Esta fue otra medida que encendió las alarmas de organismos de derechos humanos y también de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que elevó un pedido de informes exigiendo explicaciones sobre los criterios del operativo y garantías sobre la conservación de la documentación.
"Cuarenta años después se proponen seguir destruyendo pruebas", denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y sumó: "No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar".
Desde la asociación Archivistas en Función Pública Argentina (Afpa) también expresaron su preocupación por dicha decisión: "Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos".
La Armada ya ha sido señalada en el pasado por la destrucción de documentación. Durante la dictadura, creó la Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (Copese), dedicada a eliminar pruebas de la represión. Según testimonió el sobreviviente Víctor Basterra, los represores primero microfilmaban documentos y luego los incineraban. La existencia de Copese fue confirmada por los ERyA.
Esta situación también generó tensión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde distintos organismos denunciaron un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
