Diversidad cultural y reclamo: “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es parte de «los funcionarios que no funcionan»”

Olvidados. Segregados. Algunos, hasta desconocidos. Los pueblos aborígenes (con sus culturas y su organización social y política propias) habitan nuestro continente desde mucho antes del arribo de las corrientes migratorias. Sin embargo, el relato de los manuales de Historia los relegó sistemáticamente al lugar de la barbarie incivilizada, "descubierta" primero y "colonizada" después, por los expedicionarios del primer mundo, calificados por los mismos historiadores como los portadores de "la cultura". 

Desde 2010, el “Día de la raza” –como durante décadas se identificó al 12 de octubre– pasó a llamarse “Día del respeto a la diversidad cultural”, lo cual desde lo enunciativo es un importante avance; sin embargo, los 39 pueblos originarios que habitan la Argentina aún luchan por lograr el reconocimiento de sus derechos, ante la indiferencia del Estado y el menosprecio social.

En junio pasado, el presidente Alberto Fernández manifestó conceptos referidos al origen poblacional de los países latinoamericanos –que atribuyó al escritor Octavio Paz, aunque pertenecen a una canción de Litto Nebbia– que causaron malestar.

En presencia de su par español, Pedro Sánchez, el mandatario dijo: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa".

Tras aquellas declaraciones que marcaron el posicionamiento del Gobierno nacional respecto de los pueblos originarios –precedentes en el tiempo a la inmigración europea– se activó el reclamo de las comunidades aborígenes, no solo sobre el reconocimiento a su existencia, sino además, en relación con reivindicaciones de larga data, hasta ahora insatisfechas.

Los pueblos originarios suelen hablar de “autonomía” y “autogobierno”, algo que dispara el alerta de funcionarios políticos y de corrientes de opinión que promueven sentimientos de odio racial hacia los dirigentes indígenas y las comunidades a las que representan. Siembran el pánico hacia ellos, les asignan peligrosas (e improbables) conexiones internacionales e insisten en asociarlos con la figura de seres al margen de la civilización y las leyes, a la par de un enemigo social. Por eso resulta esclarecedora la explicación del alcance de los términos “autonomía” y “autogobierno” que desarrolla la politóloga mapuche Verónica Azpiroz Cleñan, integrante del Lof Epu Lafken, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

La investigadora es coautora del libro “Autonomías y autogobierno en la América diversa”, y en diálogo con Rosario3, explicó: “El autogobierno y la autonomía de los pueblos originarios es una idea que venimos trabajando desde hace más de dos décadas, profesionales de las ciencias sociales que pertenecemos a pueblos originarios, documentando los procesos de ciertas comunidades que en algunos territorios tienen margen de autonomía. Es decir, que se pueden dar a sí mismos sus propias normas y su propio gobierno y controlar una parte del territorio dentro de los países donde se encuentran. En esas condiciones, aspiran a tener mayores posibilidades de negociación con los Estados provinciales, regionales y nacional, para mejorar sus condiciones de vida y reproducir el modo de vida tal cual lo entienden sus culturas y su visión del mundo”.

“Culturas”, en plural

 

“Los pueblos originarios tienen un tipo de organización propia, basada en valores que no son los de la cultura grecorromana occidental; que piensan la autoridad, el poder y su distribución de manera diferente. Así, podemos comparar, por ejemplo, cómo se piensa el tiempo en ambas culturas. En la cultura occidental se concibe como algo lineal, que tiene un principio y es infinito. En cambio, en los pueblos indígenas el tiempo es cíclico, circular, adaptado a los ciclos estacionales de la naturaleza. De la misma manera se piensa el poder y la organización de los territorios y de las poblaciones”.

Si difícil es para la cultura occidental entender y aceptar esta concepción del mundo, es necesario comprender que la dificultad es recíproca. Los pueblos originarios llevan siglos adaptándose a las pautas culturales que les fueron impuestas por quienes llegaron después: “Hay pueblos que tienen formas de ejercer el poder a partir de la herencia materna o paterna, o a partir de características propias de líderes, ligadas al habla de la lengua, al conocimiento del territorio o a la pertenencia a un linaje. Mientras que la organización social y política en los estados nacionales eligió el régimen democrático, la división de poderes y el proceso eleccionario como una forma de validar que algunas personas gobiernen a la totalidad de la población de una ciudad, una provincia o un país”, explica Azpiroz Cleñan.

“Para los pueblos indígenas –agrega– ese modo es inconcluso no solo porque viene de la tradición occidental, sino también porque se pretende universal, cierto y único. Es decir que trata de opacar a las otras formas de convivencia de lo diverso con la naturaleza y con los otros seres que habitan el territorio, y a los otros modos de producción propios de las comunidades aborígenes”.

Y la diferente concepción del mundo se traslada a todos los aspectos de la vida: “El modelo de producción capitalista supone que hay recursos y bienes naturales ilimitados que se pueden explotar infinitamente. Bajo esa falacia se construye un modo de depredación del territorio. Y al depredar el territorio –afirma– escasea el agua, se desertifican y contaminan los suelos y se genera daño a la salud ambiental y a la población. Esas cosas son las que se tensan con la visión de los pueblos originarios sobre cómo debemos apropiarnos de los recursos y los bienes comunes para vivir en una sociedad donde todos quepamos”.

Pero la diferencia no es sólo de cosmovisiones, sino también de políticas, en relación con sus efectos. “La existencia de la pobreza –remarca la investigadora– es un argumento para decirle a este modo de producción capitalista que no es justo, que no le da de comer, ni le da vivienda a todo el mundo y que hay grandes poblaciones que sufren el deterioro de sus vidas a costa de la plantación de soja transgénica o la desertificación del suelo, a partir de la explotación megaminera, en algunas regiones del país”.

La politóloga realizó el análisis del discurso de varios dirigentes políticos argentinos y de varios gobiernos provinciales, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando se presentó el tema de la autonomía como si la comunidad Mapuche quisiera separarse del Estado, como una forma de demonizar la lucha por la recuperación territorial, por parte del pueblo indígena.

“La democracia en Argentina concibe el territorio en términos de propiedad privada, pero no solo es una disputa con habitantes argentinos, sino también con extranjeros como la familia Benetton o el magnate Joe Lewis, propietarios de extensas superficies de territorio argentino. A partir de esas experiencias –señala– estamos poniendo en tensión, desde lo teórico, cuáles son los argumentos que sostienen algunas instituciones en los Estados nacionales y en Argentina, en concreto, en las provincias de Río Negro y Chubut.

Pueblos originarios en Argentina a partir de 2019

 

La politóloga celebra lo que considera “el primer giro exitoso” del gobierno nacional cuando asumió: “la política de seguridad y el discurso del mapuche secesionista, kurdo-iraní tuvo su corte. No hay actualmente, una política de represión hacia el pueblo mapuche”. Pero remarca temas puntuales pendientes de solución que componen la agenda de dirigentes indígenas.

Es un núcleo temático que tiene que ser abordado por la legislación y que no vemos otra forma de resolverlo que no sea mediante una reforma constitucional.

“No hay un reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria indígena, a través de una ley de territorios indígenas, que contemple la posibilidad de tener una escritura de propiedad colectiva. Esa ley todavía no fue tratada. Se presentaron varios proyectos, pero ninguna comisión los trató aún. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es parte de los «funcionarios que no funcionan»”, sostiene Azpiroz Cleñan (en alusión a las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en octubre de 2020, sobre algunas áreas del gobierno nacional que, según ella advertía, no funcionaban correctamente) y enumera las falencias.

“Ni siquiera puede dar cuenta de aspectos básicos, como la entrega de una base de datos sobre las tierras relevadas en la época kirchnerista; el acceso a la salud de parte de las mujeres de pueblos originarios o la protección de la propiedad intelectual colectiva sobre artesanía y música (hay apropiación de empresas privadas de esos conocimientos, sin que el Estado argentino regule ni proteja).También está en jaque la propiedad cooperativa o mixta (entre empresa privada y Estado o entre empresa pública y empresa privada). Es un núcleo temático que tiene que ser abordado por la legislación y que no vemos otra forma de resolverlo que no sea mediante una reforma constitucional”.

Qué esperan los pueblos aborígenes del censo 2022

 

El censo nacional es la herramienta de la política poblacional de un país. Por lo tanto para el censo nacional planificado para el 18 de mayo de 2022, la pregunta de autorreconocimiento étnico ("¿usted se reconoce miembro de un pueblo originario o descendiente de un pueblo originario?") es considerada como “muy importante”.

La pregunta del autorreconocimiento étnico incidirá en el presupuesto asignado a políticas de pueblos indígenas.

“La persona censada puede responder «sí» o «no». Si responde «sí», pedimos al Indec que liste los 39 pueblos originarios que viven en Argentina, pero el Indec se niega a hacerlo, porque argumentan que el censista demoraría mucho en leer la totalidad de los pueblos. Y ese es un argumento un poco flaco porque si los nombres de los pueblos están en la planilla censal, el censista sólo tendría que tildar el nombre del pueblo al que la persona reconoce pertenecer y así disminuiría el nivel de error de escribir a mano alzada en los casilleros en blanco el nombre del pueblo originario”, detalla la investigadora y subraya: “Esa pregunta es muy importante porque si los datos censales dan menos de un millón de habitantes, respecto del registrado en 2010, el presupuesto para políticas de pueblos indígenas va a disminuir”.

Además, según explica, al cuestionario censal le falta la pregunta sobre cuáles son las lenguas indígenas que habla la población, porque de 39 pueblos originarios que habitan en Argentina, menos de 16 lenguas están vivas. Es decir que “después de doscientos años de historia, el Estado argentino no sabe qué lenguas indígenas se hablan en el país.Tampoco qué cantidad de hablantes de lenguas de señas o de lenguas migrantes existen. Es decir que hay datos de población que no serán registrados, según el cuestionario que está armando el Indec, actualmente, y que pretendemos modificar”.

“Ya tuvimos una reunión con el titular del Indec, Marco Lavagna, y nos dijo que no es posible hacer estas adecuaciones en el cuestionario, pero quizás el resultado de las elecciones incida, ya la sociedad mostró malestar y enojo. Nuestro malestar surge de observar que hay una línea dentro de las instituciones argentinas que sigue expulsando y negando la existencia de nuestros pueblos originarios. Si quieren poner la oreja en la voz del pueblo, serán receptivos de nuestra propuesta”.

La pandemia en los pueblos indígenas de Argentina

 

Según explica la entrevistada, “el sistema de información estadística de Argentina, no registra el volumen de población aborigen presente en cada provincia. Tampoco consta en el registro de epidemiología”. Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia, dado que las condiciones de cada pueblo originario son distintas, el tejido de profesionales indígenas hizo varias presentaciones al Ministerio de Salud de la Nación para que se identificara el usuario al cual se le iba a aplicar el testeo rápido (parte de los operativos de pesquisa de covid-19) que se implementó en el país, en 2020.

Fue la primera vez que los equipos de salud les preguntaron a las personas por su origen.

“Muchos pueblos originarios del norte del país, están en situación de desnutrición; otras poblaciones como la Qom necesitan que la comunicación de las campañas de prevención se hagan en lenguas indígenas; mientras que en la población Mapuche hay problemas de reconocimiento, dado el racismo imperante que los lleva a negar su origen. Entonces, pedimos que el Ministerio de Salud de la Nación indicara a los ministerios de cada provincia la posibilidad de que el usuario se autoidentificara, para poder medir después la incidencia el nivel de recuperación o la tasa de natalidad del virus en cada pueblo indígena”.

La identificación del usuario también sirvió para que las campañas sean adaptadas a las diferentes lenguas, ya que no todos los pueblos entienden el proceso salud-enfermedad-atención, del mismo modo. “Esa fue nuestra gran batalla en el sistema público de salud y fue un gran avance”, aseveró. “Fue la primera vez que los equipos de salud les preguntaron a las personas por su origen”.