El gobierno de Maximiliano Pullaro obtuvo una notable victoria política en la Legislatura al lograr una ley que reforma la composición y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Esa victoria impacta de lleno sobre los tres ministros de la Corte que resisten irse del cargo y sobre la Legislatura, donde por primera vez asomó una mayoría capaz de discutir los acuerdos para llegar a una ley de reforma de la Constitución que, salvo un imponderable, en los próximos 30 días verá la luz.
La reforma judicial aprobada aísla definitivamente a los tres jueces que no se quieren ir –Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler–. Y si bien las leyes no se aplican de forma retroactiva, más dos tercios de la Legislatura les quito todo tipo de respaldo. Hasta podría leerse como una virtual cesantía, no por mal desempeño si no por estar fuera de lo que manda la Constitución y la jurisprudencia de la Corte nacional.
En ese sentido, es una victoria para Pullaro en su disputa con la vieja Corte aunque la ley no fue iniciativa del Ejecutivo, sino de la propia Cámara de Diputados, a instancias del bloque socialista y el interbloque Unidos, lo que sacó la renovación del máximo tribunal del terreno de una pelea de poder circunstancial, le dio solidez institucional y ahora habilita a encarar el recambio de nombres como una cuestión de Estado sin regalarle a la oposición la posibilidad de plantar la sospecha de que se viene una Corte adicta a un sector político puntual.
La reforma judicial era el cuarto y último objetivo político que Pullaro se había puesto conquistar en la Legislatura: los tres primeros fueron las leyes de seguridad, la reforma previsional y la nueva ley de compre santafesino con la que el gobierno espera desarmar la cartelización de empresas.
Números y mayorías
Los 34 votos a favor de la reforma judicial en Diputados y ningún voto negativo en el Senado (donde el oficialismo tiene mayoría especial propia) mostraron un mapa de consensos diferente al que dejó la reforma previsional, que Unidos terminó votando en soledad y en medio de una sesión alterada por protestas, hechos de violencia y protagonismo de la oposición dura.
Está claro que no pueden traspolarse de forma lineal los votos que Unidos juntó esta semana con los de una ley que habilite la reforma constitucional. Una cosa no es necesariamente vinculante con otra, pero tampoco se puede desconocer que la mayoría que alcanzó el jueves en Diputados puede ser la plataforma desde la cual impulsar una convención constituyente.
Esa mayoría se compuso de 25 votos de Unidos, otros 5 del peronismo, 3 del Frente Amplio por la Soberanía y un bloque unipersonal. En total 34 votos, es decir la mayoría especial que se requiere para habilitar una reforma constitucional.
A eso hay que sumarle que hubo dos diputados de Unidos ausentes por problemas de salud y el voto de la presidenta de la Cámara, Clara García, que para una constituyente también vota. La suma daría 37. Además estuvo la abstención sorpresiva del diputado Omar Paredes del bloque Somos Vida que preside Amalia Granata, lo que dejó a la oposición con 14 votos en lugar de 15 y una duda a futuro.
Como se dijo, la cuenta no es lineal. Por ejemplo, la izquiera tiene espíritu reformista, pero sin proyecto sobre la mesa, sin conocer los alcances, qué temas se habilitarían, cuáles no y qué iniciativas propias pueden incluirse, nadie pueda dar por hecho los votos de Palo Oliver, Del Frade y Balagué.
Legislatura.
Un aspecto muy trascendente fue el voto del perottismo. No sólo porque votó a favor el proyecto en general de reforma judicial (rechazó dos artículos en particular) sino porque a la hora de argumentar esa posición, el diputado Marcos Corach reivindicó haber elaborado una propuesta propia de reforma judicial y negociar con el oficialismo. El perottismo plantó una señal de que bajo determinadas condiciones está dispuesto a tratar los principales asuntos político-institucionales de la provincia.
Esta posición de Perotti es más fiel al perfil de líder moderado, dialoguista y de acuerdos que cultivó desde que era intendente de Rafaela que a la incómoda posición en la que quedó con la reforma previsional, votando con Amalia Granata, los legisladores del kirchnerismo y la izquierda.
El propio Perotti y el exministro Walter Agosto compartían la necesidad de cambios previsionales, pero al final criticaron que el oficialismo no había abierto suficientes instancias de diálogo. Esas instancias sí aparecieron un mes después para tratar la reforma judicial y con ella otro volumen político a la hora de contar los votos.
Mientras Perotti cultiva ese perfil de líder opositor “sensato” y “moderado” y se despega de los otros espacios de la oposición, el resto hace lo propio pero a la inversa. Incómoda situación para diputadas como Lucila De Ponti (Movimiento Evita) o Alejandra Rodenas que no quieren desperfilarse como opositoras, y por lo tanto no acompañan en la línea de Perotti, pero tampoco les agrada votar con el bloque de Amalia Granata, cultor de la antipolítica, el antikirchnerismo y residencia de las diputadas mileístas Malfesi y Brouwer.
La reforma judicial volvió a mostrar que lo que está en juego dentro del universo opositor. Amalia Granata y Miguel Rabbia (PJ, alineado con el senador nacional Marcelo Lewandowski) jugaron en tándem como oposición dura e hipercrítica y fustigaron el dialoguismo de Perotti. Rodenas criticó al gobierno por no haber canalizado el diálogo a través de las autoridades del Partido Justicialista, que en definitiva fue una forma de exponer al perottismo por cortarse solo. Y Lucila De Ponti (Movimiento Evita) enfocó en el gobierno y la advertencia de un supuesto traje a medida del gobierno para controlar la Justicia.
El toque final
Las condiciones están dadas para que la ley de necesidad de la reforma constitucional se apruebe en los próximos 30 días. Probablemente no llegue a ser antes del fin de las sesiones ordinarias, por lo cual requeriría que el gobernador la incluya en el temario de sesiones extraordinarias. Pero eso equivaldría a que Pullaro haga lo que hasta ahora se negó a hacer, que es involucrarse en conseguir la reforma. “Es un tema importante pero no estoy en eso, es un tema de la Legislatura”, insiste.
Los operadores legislativos del oficialismo creen tener la fórmula para no arrastrar al gobernador al lugar en el que no quiere aparecer: un pedido conjunto de los partidos de Unidos para que incluya el tema en extraordinarias.
Algunas cuestiones parecen sentenciadas: Amalia Granata y La Libertad Avanza encarnarán (¿y disputarán?) el voto de rechazo o anti, con argumentos de manual pero que hoy prenden en un sector del electorado, como el gasto económico que representa “habiendo tanta pobreza”, o que “se trata de una reforma para la política” y “alejada de lo que le importa a la gente”.
Esto obliga al peronismo en todas sus variantes, la izquierda y los celestes, a recalcular y agudizar la estrategia. ¿Cómo y desde dónde conviene dar la discusión por una reforma constitucional que en términos generales ansían, pero que puede no ser la que les guste y que incluso podría fortalecer al oficialismo de cara a 2027? Es una disyuntiva propia de la incomodidad de tener que compartir el espectro opositor con nuevos habitantes, que tienen debilidades, pero también voces potentes que suenan como cantos de sirena en el clima de época.
La Corte Suprema
La reforma judicial que votó la Legislatura terminó de jaquear a los tres ministros de la Corte Suprema que se resisten a dejar el cargo, a pesar de que están ahí hace 34 y 23 años y sobrepasaron los 75 de edad.
La ley vino a llenar un vacío legal que se dio en Santa Fe. Alinea el cese de funciones de los magistrados de la Corte de Santa Fe con la Constitución de 1994 y con la jurisprudencia de la Corte nacional, además de elevar a siete el número de integrantes. A eso se sumó la recomendación de tender a la paridad de género, entre otros aspectos que hacen al gobierno y funcionamiento.
Veinticuatro horas después de aprobada la ley, el hombre fuerte de la Corte, Rafael Gutiérrez, dijo que está pensando sobre su retiro. Un giro de 360 grados sobre aquella poco feliz bravuconada: “Me voy a ir cuando yo quiera”. También dijo que él se debe a su gente, a los magistrados y los empleados judiciales. Sonó a pedido, a aviso de cuál es el tema que necesita dejar acordado antes de irse por la puerta de adelante del tribunal, como dijo una vez que pretende.
Gutiérrez y el nivel más alto del gobierno mantuvieron conversaciones todo el año y aún hoy, pero no encontraron puntos de acuerdo entre las reformas y cambios que pretende el gobernador Pullaro y las condiciones que quiere negociar el presidente de la Corte, que justamente busca lo contrario. Que cambie sin cambiar nada.
Para abril, la Corte Suprema habrá reemplazado al menos tres de sus integrantes y el tribunal tendrá otra mayoría. Gutiérrez, Falistocco y Spuler lo saben. Y también saben que no pueden resistir mucho tiempo más: una mayoría de jueces nacida de este proceso político difícilmente voltee un decreto del gobernador cesándolos en el cargo por haber superado la edad límite y en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional y en el resto de las provincias.
Solo con esas herramientas sería suficiente. Ni siquiera requeriría invocar el uso retroactivo de la ley recién aprobada, que por otra parte sería ilegal, como alertaron algunos espacios de la oposición.
La cuestión pasa por otro lado. Para estos tres ministros de la Corte, esa ley es un demoledor mensaje político.
