La Legislatura de Santa Fe aprobará en los próximos días una reforma judicial que suma un séptimo integrante a la Corte Suprema de Justicia, elimina la perpetuidad en el cargo que se autoasignan algunos magistrados y la limita a 75 años de edad, con posibilidad de cinco años más si hubiese acuerdo legislativo, entre otros cambios.
La reforma en discusión propone mecanismos de transparencia y publicidad, pautas definitvas sobre la duración en los cargos, cambios en la ley orgánica y paridad de género en la integración del tribunal, además de una séptima silla y el límite de edad para ejercer el cargo.
El proyecto es relevante no solo por lo que implica ampliar la Corte, sino porque le da volumen político a la renovación del máximo tribunal, corriéndolo de la confrontación pura y dura por quién se va y quién se queda o de si Pullaro intenta tener una Corte adicta como deslizan sectores de la oposición y del Poder Judicial que resisten los cambios y están enfrentados a la Casa Gris.
“El proyecto podrá gustar más o menos, pero abre el debate a una visión estratégica sobre el papel que tiene que tener la Corte, cómo debe ser en adelante, cómo sumar transparencia informativa, número de miembros, oralidad, audiencias públicas, entre otras”, dice un funcionario judicial con cierto alivio, preocupado por cómo escaló la pelea entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
En efecto, la reforma se tratará en la Cámara de Diputados (no está definido si el Senado lo tratará el mismo jueves o en la siguiente sesión) antecedida de señales de distensión por parte del Ejecutivo, como el pago de los retroactivos salariales atrasados. Esta semana se verá si los judiciales, que también reclaman titularizaciones y ascensos, corresponden ese gesto.
La reforma judicial tiene el apoyo de Unidos, pero es autoría del Partido Socialista. Incómodo al igual que con la reforma previsional por el estilo confrontativo del pulllarismo, el PS intenta rodear los asuntos más conflictivos con un manto de moderación para evitar que el debate político quede en manos de las posturas más duras como ocurre a nivel nacional. A veces lo consigue y otras no tanto.
“A los primos les gusta tomar buen vino, pero en caja de tetra bik para que no se note”, los chicanea un radical que habita la Casa Gris y confía en la estrategia más agresiva del pullarismo.
Las batallas de Pullaro
En la cabeza del gobernador, las batallas con los gremios docentes, la Corte, Aguas o la EPE, no son resultado de un capricho, sino que tienen una lógica relacionada con lo que cree que necesita la sociedad. “Mi formación como boxeador me prepara para el golpe a golpe y saca lo mejor de mí”, suele decir en privado. Aplica ese espíritu en los frentes más variados. Con el crimen, con algunos sindicatos o con el Poder Judicial.
La Casa Gris considera que ganó el primer round cuando sus adversarios tienen que salir a explicar “sus privilegios”. Es el caso de Luz y Fuerza cuando la dirigencia dice en el siglo XXI que “es un derecho del afiliado incorporar al menos una persona, es decir dejar alguien que quiera" en la planta de personal. O los premios por productividad que se pagan en Aguas, que es una empresa en estado de quebranto.
En la misma línea lee la Casa Gris el amparo que una jueza laboral les dio a 18 jueces y fiscales jubilados que en el peor de los casos cobran 6 millones mensuales. Un detalle: según Fiscalía de Estado, se presentaron medio centenar de amparos contra la ley previsional en distintos juzgados y todos fueron rechazados, salvo el de los jubilados judiciales, que aducen que “pertenecen a una población vulnerable”, invocan la “intangibilidad de los haberes jubilatorios porque eso generaría intranquilidad en los jueces en actividad o podría presionar a que abandonen sus cargos”.
Sostienen que si el Estado tiene superávit no puede haber emergencia previsional, lo que equivale a decir que los trabajadores y comerciantes santafesinos deben sostener con sus impuestos esas jubilaciones que no serán de privilegio pero son millonarias, y no ellos hacer un aporte extra. Aporte que además se quejan que es mayor al de un docente o policía jubilado que percibe haberes mucho menores.
En todos esos casos el gobierno tiene en claro dónde apunta. Tiene muy bien identificado el rechazo social que provocan los casos mencionados y busca ponerse al frente de él. No son los únicos casos de “privilegios”, por supuesto, pero esas son las batallas el pullarismo eligió dar.
El golpe a golpe tiene riesgos. Los adversarios también juegan en la batalla dialéctica. Acusan al gobierno de querer avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sus convenios y en el Poder Judicial le endilgan ambiciones de construir una Corte afín y controlar el aparato judicial.
Ampliación de la Corte y más
La reforma judicial tiene asegurada su aprobación porque Unidos tiene mayoría en ambas cámaras. El Frente Social y Popular podría sumar algún apoyo ya que el diputado Fabián Palo Oliver es autor de un proyecto anterior para elevar a siete los miembros de la Corte. Ese bloque lo integran además Carlos del Frade y Claudia Balagué, pero las posiciones no están cerradas y si bien coinciden en los puntos esenciales, no se puede descartar que haya votaciones diferenciadas al final de la semana.
El resto de la oposición por estas horas se debate en cabildeos. La reunión conjunta de comisiones que se hizo la semana pasada estuvo antecedida por los contactos que el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez mantuvo con operadores y referentes de los distintos espacios políticos, incluido el oficialismo. Algunas fuentes le atribuyen la ausencia de los diputados y diputadas del peronismo (sí estuvieron los asesores). Otras, en cambio, creen que el faltazo se debió a la imposibilidad de las bancadas del PJ de fijar posición única.
El bloque Unite que lidera Granata sí concurrió al plenario de comisiones, a pesar de que, según fuentes cercanas a la diputada, fueron tentados para sumarse a la estrategia de dejar en soledad al oficialismo en las comisiones. Planteó su rechazo a una séptima silla en la Corte y que sean cinco y un plazo de dos años de transicion para que se vayan los actuales ministros, para evitar que el actual gobierno complete todas las vacantes.
El cetro de la oposición
Los movimientos del peronismo y Granata son un capítulo especial en la escena política provincial desde que la diputada lideró la oposición a la reforma previsional. Ambos están enfrente del gobierno de Unidos, pero a la vez tienen necesidad de diferenciarse y conservar identidad. “El peronismo está desesperado por tenerla a Amalia, pero a nosotros no nos conduce nadie”, dicen desde el multifacético bloque de la mediática.
Hasta aquí el oficialismo no pudo sacar ventaja de esa necesidad de diferenciación, no porque le haya trabado leyes, sino porque se instaló una suerte de competencia por quién es más opositor.
También dentro del interbloque peronista todos se miden con todos. Nadie quiere ser señalado de colaboracionista o aliado del oficialismo. Esta situación, que se instaló a partir del segundo semestre, es la que puso en duda de dónde saldrá el puñado de votos opositores que necesita el oficialismo para habilitar la reforma constitucional.
“Viste que está naciendo el granatismo lewandoskiano”, ironiza una voz del peronismo santafesino. Al menos dos reuniones en público mantuvieron el senador nacional y Granata. Si bien las partes no reconocen que trabajen en acuerdo, el resto descuenta que el proyecto del diputado Rabbia, alineado con Lewandowski, que propone reducir a cinco el número de integrantes la Corte en lugar de ampliarla a siete, coincide con el planteo que hace el bloque de Granata. “Uno instala el eje y el granatismo lo amplifica”, dice una referencia de Unidos con mucha gimnasia legislativa.
Mientras Rabbia propone una Corte de cinco “por austeridad” y para que “la renovación sea progresiva en distintos gobiernos” (si fueran cinco ahora solo habría una vacante para renovar), la diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti tiene ingresado hace un tiempo un proyecto de reforma de la Constitución donde prevé pasar del piso mínimo de cinco integrantes a siete.
Por otra parte, el perottismo no muestra sus cartas, lo que alimenta suspicacias en el peronismo y el granatismo, que en plan de acentuar su rol opositor lo caracteriza de tibio.
El peronismo buscará una síntesis, pero lo más probable es que el jueves, ante la falta de definiciones, termine votando dividido o absteniéndose.
No todos quieren aparecer defendiendo a la actual Corte o al senador Traferri, que enfrenta una imputación en la Justicia. Ya el documento que emitió semanas atrás el partido controlado por los senadores, que fue interpretado como una defensa indirecta a Rafael Gutiérrez en medio de sus peleas con el Ejecutivo, generó polémicas.
Probablemente, lo que vote o deje de votar el interbloque peronista o sus partes dirá mucho más que el proyecto de reforma judicial en sí. El rediseño político institucional de fondo que Unidos propone para la Corte y la Constitución entraron en zona de definición. El peronismo está en el punto en el que debe decidir si será la contraparte de esas reformas e incide en ellas; o si una vez más dirá en público que está de acuerdo pero llegado el momento le quita el cuerpo como hizo en otras oportunidades.
Si quisiera hacerse un ejercicio contrafáctico, qué buen negocio hubiera sido para el peronismo habilitar la reforma constitucional en tiempos de los gobiernos de Frente Progresista, donde controlaba el Senado, gobernaba cientos de pueblos y ciudades y era muy fuerte territorialmente. Hoy apenas tiene cuatro departamentos y menos del 20 por ciento de las localidades, perdió la provincia, gobierna Milei, Cristina le pone la marca kirchnerista al PJ y le surgieron figuras que le disputan la base electoral.
