La primera semana de campaña electoral santafesina quedó subsumida por los estruendos de los tribunales de Justicia. Mientras una maraña de candidatos intenta llamar la atención a una ciudadanía que todavía está en otra cosa, la confesión en fiscalía de más de treinta delitos por parte del ex director de Afip en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, abre un horizonte inconmensurable de víctimas y partícipes de la corrupción pública y privada. De base, los delitos van desde enriquecimiento ilícito, coimas, dádivas, extorsión, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes y cohecho.
Uno de los hilos de esa red corrupta que Vaudagna parece que articulaba con singular voracidad condujo a un directivo de Vicentin llamado Omar Scarel. La conexión apareció por primera vez en la investigación penal contra el directorio de la agroexportadora por estafa y otros delitos. Ahora se sabe que Vaudagna, siendo funcionario, asesoraba a contribuyentes, entre ellos a Scarel a quien confesó haberlo ayudado en las operaciones para el cobro indebido de reintegros de exportaciones.
Desde el viernes, Scarel y otros tres directivos de Vicentin están presos. La fiscalía los acusará de haber hecho maniobras económicas que tenían el mandamiento judicial de no hacer. Por lo tanto, si las pruebas que presenten los fiscales son lo suficientemente robustas a los ojos del juez o jueza que dirija la audiencia imputativa, los cuatro peces gordos del imperio Vicentin quedarán tras las rejas.
Si bien trascendieron escasos detalles de las acusaciones que llevará la fiscalía, trascendió que una de ellas es la utilización de dinero de las empresas del grupo para pagar honorarios de abogados.
Según altas fuentes judiciales, hay más irregularidades que se revelarán en la audiencia. El parte oficial del MPA Rosario habló de “nuevos ilícitos” en referencia a que son posteriores a la imputación por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. La información habría sido acercada a la fiscalía por accionistas minoritarios de Vicentin que se sienten perjudicados por estos directores.
Cabe recordar que ellos y otros directores estaban en libertad desde 2023 gracias a una caución superior a los 10 millones de dólares. Si la nueva conducta delictual que se les imputará es convalidada, se cumplirán supuestos como reiterancia y peligrosidad procesal que justifican la prisión preventiva.
El arresto de los empresarios llega en un momento en el que la empresa Vicentin dice no poder pagar sueldos ni servicios a causa de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no convalidó el acuerdo alcanzado con los acreedores, lo que impediría normalizar la empresa.
El máximo tribunal no solo no lo convalidó, sino que anuló el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista que sí lo avaló y mandó a hacer uno nuevo a la Cámara de Rafaela.
En la Corte se defienden. Dicen que las versiones de quiebra y cesación de pagos que echa a correr la empresa, así como el atraso en el pago de salarios y servicios es para presionar a la Justicia.
Semanas atrás Cammesa, la operadora del mercado mayorista de electricidad, le ordenó a la EPE cortarle el suministro eléctrico por una deuda que rondaría los 2.000 millones de pesos. Vicentin pidió auxilio económico al Estado provincial, pero solo consiguió gestiones políticas.
La administración Pullaro se declara neutral en la guerra que se dirime detrás de Vicentin. “¿Cómo justifica el gobierno que le pagó una factura de luz por semejante monto a un privado?”, argumentó un funcionario muy cercano al gobernador Pullaro. Podría agregarse: “Y además a ese privado”. Finalmente Vicentin consiguió algo de dinero por las suyas, firmó compromisos de pago y evitó la interrupción del suministro.
El gobierno provincial actuó con la misma lógica que con la paralización de la planta de General Motors. “Esa fábrica está complicada por cuestiones de mercado, pero la provincia no puede resolver los problemas que son propios de la compañía”, se sinceró la misma fuente oficial.
Si bien el Ministerio de Desarrollo Productivo siguió de cerca ambos casos, el bajo perfil del gobierno provincial contrasta con el ímpetu que exhibe a la hora de empujar el crédito, subsidiar tasas, organizar ferias y misiones comerciales para el entramado pyme de la provincia. “La política de este gobierno es apoyar a las empresas de la escala promedio de la industria santafesina, que generan trabajo y reinvierten acá. Las grandes compañías son importantes pero responden a otras lógicas. Hoy están, mañana no sabemos”, insiste la fuente.
El gigante Vicentin no encuadra en esa escala. De hecho dilapidó millones de dólares en créditos que el Banco Nación le dio durante la presidencia de Mauricio Macri, incluso estando ya en cesación de pagos y rompiendo todas las normativas de las entidades financieras. Pasivos que ahora son públicos y que si se convalidara la oferta de pago que Vicentin hizo, el banco estatal recuperaría en una ínfima parte y a larguísimo plazo.
Los teléfonos de Vaudagna
La primera vez que la Justicia le secuestró el teléfono al ex director de Afip Carlos Vaudagna fue a partir de indicios de lavado de activos entre el entonces funcionario y un hijo del directivo de Vicentin Omar Scarel.
La información que había en ese teléfono fue usada en la causa Vicentin por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, pero Vaudagna logró que el fiscal provincial Mariano Ríos le concediera una probation (que un juez homologó) a pesar de que la ley lo impedía por su condición de funcionario público. El fiscal ya no está en el cargo: fue destituido por otros hechos irregulares.
El teléfono quedó secuestrado, sin que desde la fiscalía de delitos económicos se alertara a otras unidades fiscales de la provincia y federales sobre indicios de innumerables hechos a investigar. En defensa del accionar de los fiscales rosarinos se argumenta que los teléfonos secuestrados son peritados y se obtiene la información necesaria para el caso, pero que por lo general no son analizados en su totalidad, lo que generaría un volumen de trabajo inabordable.
La explicación no termina de convencer ni adentro ni afuera de la Justicia. Más cuando la información residual obtenida alimentó el trabajo de nueve unidades fiscales y destapó una olla de corrupción pública y privada. Como sea, ante las sospechas instaladas, las autoridades del MPA dieron intervención a la Auditoría General y se abrió una investigación a cargo del fiscal Benítez de la ciudad de Esperanza.
Una vez extraído y analizado en profundidad su teléfono, y ya acorralado por las evidencias, el ex jefe de Afip confesó días atrás ante un equipo de fiscales federales una treintena de delitos. Aportó información con nombres de personas que ya estaban investigadas y otras que no, cedió bienes malhabidos y entregó su nuevo teléfono. A cambio accedió a un juicio abreviado con una pena reducida y beneficios en su cumplimiento.
Entre otros, confesó haber actuado desde su jerarquía funcional en la agencia tributaria en sintonía con el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque para extorsionar a empresarios y hombres de negocios a cambio de dinero.
El juez
Más allá de las derivaciones y la intriga por los nombres que mencionados en la causa, es increíble que Bailaque, el mismo que en noviembre fue acusado por cinco fiscales de tres presuntos casos de corrupción, siga ejerciendo de juez. “Da la impresión que el magistrado tenía precio a la hora de tomar decisiones”, dijo el fiscal Fernando Arrigó en esa oportunidad. Bailaque ni siquiera fue suspendido: ejerce como juez de instrucción penal y a la par se defiende en las causas que llevan contra él en la oficina de al lado.
Acaba de recibir un revés judicial. La Cámara de Casación Penal federal rechazó su pretensión de que se lo juzgue con el viejo Código Procesal, del cual Bailaque conoce a la perfección las debilidades y fisuras. Será juzgado con el nuevo Código, en audiencias orales y públicas. También fue ratificado el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz para seguir el caso. Fue un alivio: lo contrario hubiera dejado el caso “en penumbras y con un juez virtual de otra jurisdicción. Todos los de Rosario o se excusan o están cuestionados.
Bailaque asumió en el juzgado federal Rosario en 2008. Con el tiempo, el entramado de respaldos fue más allá de las fronteras del peronismo. Un dato. En Casación, el único miembro del tribunal que votó a favor de Bailaque fue Carlos Mahiques, ex funcionario macrista.
La fiscalía avanzará sobre Bailaque más temprano que tarde. Antes que eso, la diputada socialista Lionella Cattalini volverá a denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que define el nombramiento y las sanciones a los magistrados.
“Bailaque no podría o no debería seguir siendo juez de ninguna manera. El Consejo de la Magistratura debe entenderlo. Hay pruebas suficientes sobre su involucramiento con redes de narcotráfico, de protección, de no investigación, de corrupción, involucramiento con exfuncionarios, con empresarios, con sindicalistas y hasta hay denuncias de la justicia de Córdoba por el no accionar de Bailaque”, protestó amargamente la legisladora, que en este caso asumió un rol activo que sobresale del bajo perfil del promedio de la dirigencia política.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, el organismo donde se dirime la selección y remoción de jueces, una vez más está paralizado. Desde fines del año pasado hasta hoy no fue convocado, por lo tanto tampoco se constituyó la comisión de Acusación que hasta diciembre presidió el santafesino Miguel Piedecasas. Si hoy un juez federal fuera detenido en flagrancia cometiendo un delito grave no podría ser destituido de inmediato.
La parálisis del Consejo de la Magistratura nacional, su deficiente funcionamiento, la híperpolitización, así como su excesiva estructura de personal y gastos debería ser el ejemplo a no seguir por los futuros reformadores de la Constitución de Santa Fe a la hora del diseño institucional del organismo encargado de la selección y remoción de jueces.
El conflicto mayor
La debilidad institucional que alcanza a los tres poderes deriva en situaciones como la parálisis del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, jueces como Bailaque siguen en funciones a pesar de la deslegitimidad social y las evidencias en su contra.
El Consejo lo dirige el presidente de la Corte Suprema, que a su vez está integrada por solo tres jueces titulares y uno en comisión, designado por decreto pero con posibilidad de que en unos días su pliego sea rechazado en el Senado. El quinto, Ariel Lijo, ni siquiera llegó a asumir.
l 3 de abril debería resolverse la aprobación o rechazo de García Mansilla y Lijo.
Por su diseño, el Consejo de la Magistratura reproduce el intenso conflicto político que vive el país. Si todo se traba afuera, otro tanto ocurre adentro.
En materia judicial, del gobierno de Milei solo destaca la decisión política de avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. El sistema oral y público es la piqueta que va a desmoronar y restar poder a jueces como Bailaque o desarmar el poder corrupto de Comodoro Py. Es la única forma de dejar atrás un sistema cerrado, que decide y se mueve en las sombras y a espaldas de la sociedad, ganado por la corrupción, las cofradías, la ineficiencia y que oscila entre ser verdugo o un vil servidor de la política. Como es de esperar, hay fortísimas resistencias, como las hubo en Santa Fe cuando el sistema se implementó en el fuero penal. Pero resetear la Justicia federal es imprescindible para la salud institucional del país.
