Hace nueve días, este cronista recibía (y comunicaba vía Twitter) un foyer con una convocatoria para ingresar nuevos socios al Club Italiano de Rosario. Era toda una novedad, ya que la institución de una de las colectividades más grandes de la ciudad había tenido cerrado el ingreso de nuevos socios a lo largo de varios años.
En ese tiempo, pasaron dos cosas: sus sedes no se expandieron (una en calle Álvarez Thomas y otra en Buenos Aires 1252) y el edificio histórico de su sede central aceleró su proceso de deterioro. Hay una contradicción: está catalogado dentro de la lista de edificios de valor patrimonial, que surge de la ordenanza. Hasta mediados de septiembre, cuando estalló la vida y la convocatoria a nuevos socios.
El edificio histórico de la sede está catalogado bajo la categoría 2 C. Es decir, cuenta con protección directa parcial sobre parte del objeto. La categoría comprende a “edificios o conjuntos de edificios sujetos a preservación de la envolvente, principalmente en su relación con el espacio público, admitiéndose intervenciones en el interior, crecimiento de la superficie edificada o la anexión de nuevos volúmenes siempre y cuando estos no superen el 30% del total de la superficie del inmueble catálogo”. Es decir, se pueden hacer modificaciones en el interior con ese límite, siempre que el frente se respete.
¿Y qué significa que esté catalogado dentro del conjunto de edificios de valor patrimonial?
La misma ordenanza 8.245 lo estipula: “La totalidad de los inmuebles inventariados y catalogados pueden ser susceptibles de la suscripción de un Convenio y la asignación de recursos del Fondo de Preservación, creado por Ordenanza No 5.278/91, para el financiamiento de la restauración y rehabilitación".
El fondo para preservar estos edificios existe. Es cierto, en los papeles. Lo explica esta constelación de ordenanzas de la década del 90:
“En 1991 se estableció un fondo proveniente de la Tasa General de Impuestos municipal (TGI) para el desarrollo de estrategias de preservación del patrimonio. Esta sanción, junto con la Ordenanza de Padrinazgo (Nº 5492/92) constituyen el marco legal del programa” de Preservación Patrimonial, dice la web oficial de la Municipalidad.
“Con estos antecedentes, en 1996 se crea el Programa Municipal de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (Decreto Nº 573/96 y Ordenanza Nº 6.171/96)”.
En la década de 1990 se decidió que parte del dinero de los contribuyentes, lo que pagamos en tasas de servicios, esté destinado a financiar la preservación de los edificios de valor patrimonial, como el edificio de calle Buenos Aires 1252. Ahí está el epicentro de la discusión que se llevó adelante a través de los medios. Ahí nace este clima de “vendetta”. Había herramientas pero se hizo nada o muy poco.
Si existe un marco de protección del edificio y fondos asignados, ¿por qué no se accede a él para evitar el deterioro?
Como ya explicó Rosario3, vender, comprar y construir en Buenos Aires 1252 no es fácil. Como forma parte del programa pese a su estado actual por un lado y porque lo tiene que aprobar la asamblea del club –actualmente intervenido por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia–. El marco para decidir el futuro es hacerlo en una asamblea extraordinaria. Así, la joya arquitectónica del antiquísimo vitreaux interior no corre otro peligro más que el del deterioro.
Los Cavallieri
Cavalieri en italiano significa Caballeros. Hay un grupo de socios destacados dentro de los Cavaliieri. Es un título que da el gobierno de Italia a los ciudadanos que se destacan por el trabajo solidario, sobre todo. Los nombra el presidente de la República Italiana por un decreto. En Rosario serán unos 30 o 40 y entre ellos se cuentan destacados miembros de la comunidad en general. El ex gobernador Antonio Bonfatti, y los ex rectores de la UNR Darío Maiorana y Héctor Floriani lo son, por ejemplo.
En 2012, según cuenta el grupo de socios que se opone, el presidente del club, Pedro Nefonte, debatió el tema en una asamblea extraordinaria en la que la votación le salió en contra. En 2013, los Cavallieri se reunieron con la intendenta Mónica Fein. Ahí, según los socios, sacó una carpeta con el proyecto de reconversión del edificio. Puede estar en un limbo en el que debe haber cientos de esas carpetas. Pero la intendenta guardó silencio sobre el tema. El encuentro fue en el Palacio de los Leones. Según Nefonte, ese proyecto no existe. Es más, de acuerdo a lo que publica La Capital, presentó a la Justicia una querella por calumnias e injurias el viernes 20 de septiembre.
De acuerdo al concejal Agapito Blanco, miembro de la comisión de Planeamiento, consultado por este cronista, en el Concejo Municipal de Rosario, tampoco hay ningún estudio de factibilidad. No hay nada en papel en ese organismo oficial. Pero hay una realidad: el deterioro del edificio sí se produjo. Pese a estar protegido por Patrimonio. Sin dudas, el paso del tiempo alimenta las dudas. ¿Se podría haber gestionado la ejecución de fondos para proteger el edificio? ¿Se está a tiempo de hacerlo?
Y otra duda: ¿qué se decide en la próxima asamblea de socios? Por qué tanta preocupación por adherir nuevos socios, si hasta ahora la organización no los sumaba? Quien contesta es Pedro “Nino” Nefonte, el actual presidente de la institución intervenida por Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), el organismo de contralor de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Disputa legal
“Al haberse cerrado el empadronamiento por parte del delegado normalizador, el próximo paso es la depuración del padrón, para que sean todos válidos esos 1444 socios nuevos”. El número surge del empadronamiento realizado el 11, 16 y 18 de septiembre. Para Nefonte, es lo principal que esos socios tengan plena vigencia. “Se hará una rendición de cuentas y haremos un llamado a una asamblea en donde habrá que presentar listas para competir. Alguien que pretenda competir. Habrá una nueva comisión directiva en breve”, anunció en diálogo telefónico con este cronista.
“Habra dos posturas. Tenemos 970 personas sobre 1444. Quizás haya una sola lista. O habrá dos. Hay dos ofrecimientos a los socios. Una es que quieren donar los predios del centro y del campo de deportes, al gobierno italiano, (vía cónsul Martín Brook). Esto es para recibir un subsidio y reconstruir la sede de la calle Buenos Aires. No se puede hoy, el Código civil no lo permite”, explicó Nefonte.
“Por eso sigo sosteniendo, a la otra parte, no lo está diciendo. Está inventando. No conozco diputados ni concejales, no los he visto en mi vida. No se puede quedar el club sin sede”. El actual presidente así niega los vínculos con los concejales del PRO Agapito Blanco y Roy López Molina, a los que la oposición, capitaneada por Franco Tirelli y Mariano Gazzola, señalan como aliados políticos de Nefonte. “En la revisión que hizo la IGPJ hay un dictamen. Ahí se prohibió durante 5 años cualquier tipo de decisión de venta del predio. La próxima comisión directiva no podrá disponer nada sobre el inmueble”, desarrolló Nino.
Pasaríamos días explicando fotos en las que algunos de los concejales nombrados aparecen junto a miembros de la actual comisión directiva. No explicaría nada más que cercanías o afinidades políticas. Los concejales aludidos niegan conocimiento de los actores, pero aparecen junto a ellos en fotos. Eso no prueba nada especial más que un fogonazo que registra un momento. Sin embargo, dentro del PRO admiten que hay voluntad de “ir a ganar esa asamblea”. Una fuente de muy alta calificación dentro de esa fuerza política descuenta que no hay proyecto inmobiliario detrás. Pero reconoce que hay “torpeza política importante” al mezclar política con vida de instituciones intermedias. De hecho, desde el Facebook del Club Italiano (oficial) hubo llamados a movilizaciones en respaldo del gobierno nacional.
Las dos posturas
“Ni ellos van a poder donar el campo de deportes (en caso de ser victoriosos), al gobierno italiano, ni nosotros, si quisiéramos, a un emprendimiento para construir un edificio”, añade a modo de ejemplo. “Fui ocho años presidente del Club. Hubiera podido hacerlo por mi gran relación con el señor Horacio Angeli (un empresario renombrado en la colectividad y en general, en la ciudad). Así lo hizo la Familigla Marchigiana en su sede de calle Montevideo”, contó Nefonte.
“De todo lo que digo, estoy documentado. Por eso inicié una acción por calumnias e injurias al señor Franco Tirelli, el día viernes 20. Si gano esas acciones, que están en el orden de 1 ó 2 millones de pesos, donaré el dinero para refaccionar el edificio y para comprar tablones y cosas que hacen falta para el campo de deportes”, advirtió.
Ante dos posturas tan encontradas, un solo camino: la asamblea, a realizarse en octubre. El otro camino es la vía judicial por las presuntas calumnias e injurias, absolutamente colateral.
Pablo Pérez, el delegado normalizado de IGPJ, dijo hasta aquí que la vida institucional del club se normalizará. Por otro lado, la querella judicial que enfrenta a la autoridad actual con los potenciales competidores de octubre. El edificio vale, según estimaciones oficiales, 8 millones de dólares, y su superficie en pleno centro es de 25 metros por 70 de profundidad. Suena tentador.
Por eso llama la atención que hayan pasado tantos años de deterioro sin que el programa de Preservación Patrimonial haya entrado en acción. Un caso similar al de la casona de Amigos del Arte, en 3 de febrero al 300. Una especie de síndrome de “Luna de Avellaneda”. Como la genial película en la que trabajan Soledad Villamil y Ricardo Darín, que retrata las peripecias del club Juventud Unida, jaqueado por deudas y deterioro y que debe decidir si vender la propiedad. Un caso que reúne a los interesados cuando falta muy poco para un posible desenlace fatal.
La conclusión es una pregunta. ¿Por qué pasa, si el Estado tiene mecanismos para que no ocurra?
