Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que para terminar con la pandemia hacen falta 11.000 millones de dosis de vacunas y que hasta el momento se han entregado 2.000 millones. Jacques Attali, en el mismo sentido, ha declarado que ahora que tenemos vacunas la prioridad máxima es vacunar a la totalidad del planeta.
Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero para vacunar hay que disponer de las vacunas y no guardarlas. ¿Cuántas dosis se necesitarían en nuestro país? Los cinco contratos en análisis por la Auditoría General de la Nación (AGN) suman 50 millones de vacunas (Astrazeneca, Sputnik V y Sinopharm), parcialmente cumplidos (35%), por un monto de 380 millones de dólares. ¿Son suficientes para cumplir el programa de vacunación? ¿Y para después? ¿Habrá que mantener la inmunidad de rebaño con más vacunación? Más aun, para abatir a la pandemia la fórmula se completa con detección temprana y respuesta temprana, según el epidemiólogo Larry Brilliant.
Sin embargo, en tiempos de pandemia del covid-19, los procesos electorales dejan de lado los escrúpulos. De los políticos y de algún sector que alientan la compra privada de vacunas. Las desigualdades personales y provinciales son reveladas en toda su crudeza por la pandemia. Los medios de comunicación han puesto en boga dos consignas electorales que lo ilustran: “gobernar es vacunar” y “una vacuna un voto”. La mayoría de los gobernadores -por no decir todos- lo pusieron en práctica. Lo que se armó en verdad, es un galimatías salvo porque lo que decanta es cumplir como sea, aun con meros anuncios, con las metas de vacunación.
Hace varias semanas atrás fue noticia la intención de algunas provincias de comprar vacunas. Empezó Tierra del Fuego y le siguieron otras, como Jujuy, Ciudad de Buenos Aires (viajaron a EEUU para la compra), Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, como veremos. ¡Quién no anunciaría ese propósito en un año electoral!. Todos hacen política. El oficialismo y las oposiciones. Unos a favor y los otros en disconformidad siguen la consigna estratégica.
Desde un lado, se acusa a los funcionarios de impedirles a las provincias el acceso a la compra de vacunas. Desde el otro, se responde que siempre fue posible ese tipo de transacciones, que no estuvieron ni están prohibidas, que todas las provincias pueden comprarlas, a ninguna se les cerró la puerta, los gobernadores siempre estuvieron autorizados, etc. El gobierno central no oponía reparos a un imposible. Tiene sentido político.
Tan así que ello se incorpora en un artículo de la ley nacional 27573/20 que autoriza la compra de vacunas por el gobierno nacional. Pero no se había reparado (o sí?) en el comportamiento de los vendedores. Desde Ciudad de Buenos Aires se pone el dedo allí. Ante las gestiones del gobierno de la ciudad para la compra de vacunas, los laboratorios respondieron que “aún no habían podido cumplir con los compromisos con los Estados nacionales” y entonces no podían firmar contratos con los “estados subnacionales”.
Aterrizaje a lo posible. En el mismo sentido, se ha manifestado que cada uno de esos laboratorios tiene que cumplir los compromisos con la Nación (gobierno nacional, debe decir) para después ir abriendo a otras provincias.
Los riesgos de ir al mercado son dos: 1) que no se cumpla con la entrega y 2) que las que llegan tengan los recaudos de calidad que necesita para su aplicación. Es positivo que otros laboratorios registren su vacuna en nuestro país, diversifica la oferta y la salida a buscar por el gobierno nacional que es el primero interesado, se concluye.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, sale al ruedo diciendo que ha comenzado tratativas con cinco laboratorios productores y que, de conseguirlas, siendo “generosos y solidarios”, las entregaría al gobierno nacional para su correcta distribución. En ese contexto, Kicillof firmó un acuerdo con un laboratorio indio Bharat Biotech por 15 millones de vacunas Covaxin, para distribuir luego entre todas las provincias argentinas: serán ofrecidas al gobierno nacional para su distribución en el marco de su campaña de vacunación.
”Si conseguimos vacunas no vamos a dedicarlas a vacunar primero en la provincia, De esta, nos salvamos todos juntos. Firmamos un convenio que esperamos que sirva para toda la Argentina”. Pero aclara,”es un contrato de aprovisionamiento de vacunas, pero condicionado a determinadas cuestiones que deben cumplirse”: la aprobación de la Anmat, la eliminación de restricciones a la exportación de parte de la India, la disponibilidad de dosis del laboratorio y de que aquí lo requiera la campaña de vacunación planificada a nivel nacional. Es un contrato complementario a los esfuerzos del gobierno nacional, al que se les ofrecerá las vacunas para su distribución entre todas las provincias del país, cuando el laboratorio las ponga a disposición y así la provincia de Buenos Aires tenga la oportunidad de adquirirlas.
"Hay cronograma tentativo, dijo el gobernador Kicillof. Si aparecen inconvenientes, el contrato podría transferirse al gobierno nacional, dice el Ministro de Salud provincial. No se entiende. Sí se entiende. Suena extraño. Nadie escucha. El dialogo así es imposible. ¿Qué se logra con todo esto? ¿Mejoras en calidad, en cantidad, en gasto? Nada de eso. Sólo aplicar la consigna, una vacuna un voto, aunque la vacuna sea hipotética.
Más aun, el gobierno nacional ha dicho, reiteradas veces, que descontará de las cuotas correspondientes la cantidad que compren las provincias. Las provincias hacen caso omiso a la equidad interprovincial en un país federal.
El gobernador de la provincia de Santa Fe no se podía quedar atrás y en un programa radial a fines del mes de mayo, anunció el inicio de gestiones para la compra de vacunas. Palabras más palabras menos, da a entender que, dado lo delicado de la cuestión, hay que ser muy cauteloso Todos están buscando vacunas. Pero hay que despejar los riesgos de lotes sin autorización, sin el resguardo de controles de calidad autorizados. Hay que tener certeza del origen y la calidad, después quien es el proveedor, sabiendo que hoy pueden llegar las autorizadas por la Anmat: Astrazeneca, Sinopharm y Sputnik. Es una decisión política tomada, ha dicho. Los recursos están. Nos parece una manifestación de riqueza que está de más.
Aquella cautela pronto pasó al olvido. Dio paso al anuncio de un convenio para la compra de un millón de dosis de la vacuna Convidecia del laboratorio Cansino Biologics y su reiterativa propaganda por los medios. Dice: El gobierno nacional trabaja para traer más vacunas, y Santa Fe, junto con otras provincias tratamos de ayudar a buscar nuevas opciones para tener más cantidad. La decisión política y los recursos están se insiste. Algunos médicos sanitaristas, incluso, también alentaron el “salgan a comprar vacunas”. No se entiende. ¡Si se entiende!
En verdad, no hay nuevas opciones, hay una sobreposición. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia de la empresa Cansino Biologics INC, contra el coronavirus, mientras avanza el acuerdo por 5,4 millones de dosis, de conformidad con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La provincia de Santa Fe celebró la noticia y recordó que había firmado un acuerdo para la provisión de 1 millón de estas vacunas (¿antes de la autorización de emergencia de la Anmat?). Y aparece un tercero en la discordia: un intermediario (¿oneroso o gratuito?).
Este acuerdo de abastecimiento, se agrega, está acompañado por el laboratorio argentino Cassará. Luego el gobernador prosiguió: "Este convenio será complementario al proceso que viene llevando adelante la Nación. Entre todos, estamos buscando más vacunas" y añadió: "En medio de la complejidad actual y la escasez de dosis, tenemos acuerdos para la provisión de vacunas con Bharat Biotech International (vacuna Covaxin), con Johnson & Johnson (vacuna Janssen) y con el Laboratorio G42 de Emiratos Árabes (vacuna Sinopharm)". Le faltó decir que también con Pfizer y estaría completa la nómina para competir con las negociaciones del gobierno central.
Todo es un despropósito económico. ¿Qué se logra con todo esto? La ministra de Salud, Sonia Martorano, lo puso en claro al declarar que si el gobierno central descuenta de sus envíos a las provincias la cantidad adquirida por estas, entonces el cálculo es otro, ya no hay suma de dosis. “Suponte que llegaran un millón de vacunas compradas por Santa Fe, el gobierno nacional no nos darían el próximo millón de vacunas compradas por el gobierno nacional. Como consideran que ya tenes esa cantidad, te van restando en lo que te tienen que dar”, explicó y aventuró: “Supongo tiene que ver con un principio de equidad de quién pueda o no pueda comprar”. Acertado!! Pero la estrategia política de “una vacuna un voto” y “gobernar es vacunar” sigue incólume.
Hay algunos “temas menores” al estar en juego la salud de la población. Se exime la compra por licitación pública, pero ¿cual es el mecanismo adoptado? ¿Cual es el precio de cada dosis? Esta dentro de las confidencialidades contractuales.
Suponiendo que se compren al precio medio estimado por la AGN, el monto total ascendería a 7.780.000 de dólares o aproximadamente 800.000.000 de pesos. ¿En que moneda se paga? ¿En dólares que hay que comprarle al Banco Central? No olvidar que los recursos de que hacen gala están en pesos depositados en el banco (70.000 millones). ¿En pesos a un proveedor nacional? Puede ser, ya que hay un intermediario: el laboratorio argentino Cassará.
Más aun: ¿la responsabilidad por las consecuencias de la aplicación de las vacunas que están en fase 3, quién la asume? Quién controla los lotes, cómo se garantiza su origen y calidad, quién es el proveedor? ¿Van los contratos a la auditoría general de la provincia (Tribunal de Cuentas)? La ley provincial 14031/21 lo ignora y al copiar las excepciones a las condiciones de indemnidad de las establecidas en la ley nacional 27573/20 (incluye la palabra “negligencia”), que fueron modificadas por el reciente Decreto de necesidad y urgencia (DNU), quedan desactualizadas e inoperantes.
Mientras las provincias salen al mercado a buscar vacunas, sin agregar nada salvo relato de buenas intenciones, el gobierno nacional sigue negociando. Tarde y lentamente. Se sigue negociando con todos los laboratorios “dentro de los marcos normativos que esos contratos pueden aceptar”. Posición incomprensible. Marcos normativos caprichosos (o intencionales) aplicables en situación de graves condiciones sanitarias y económicas. Análisis de costo-beneficio y oportunidad? Cabe preguntarse, ¿tiene precio la vida humana?
Al fin, el gobierno nacional resuelve modificar por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ley de compra de vacunas (27573/20), con lo que se abriría la adquisición de nuevas vacunas. Adelantó que el decreto incluirá modificaciones y que una de ellas es que se "suprime la ‘negligencia’ como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas Covid 19" y el Estado establecerá "el modo en que recibe conforme las vacunas" y se suprime "malicioso o fraudulenta" y se utilizará "conductas dolosas".
Se destrabaría así la compra de vacunas Pfizer, Moderna y Jonhson y Johnson (vacuna Jansen), aumentando la cantidad de vacunas disponibles para la población en general y el acceso a vacunas pediátricas; se liberarían las trabas para acceder totalmente a la iniciativa de. (Fondo de Acceso Global para vacunas Covid-19) y se abriría la aceptación de donaciones, por ejemplo, de los EEUU. Por otro lado, se anuncia la producción en el país de las primera y segundas dosis de la Sputnik V (Laboratorio Richmond); siguen llegando a Astrazeneca, la Sputnik, la Sinopharm y ahora la Cansino desde China; el Banco Mundial trabaja para financiar la compra de vacunas contra el coronavirus, aprobadas por la OMS; etc. Lentamente los contratos se van cumpliendo. No es lo deseado.
Pero la ineficiente descentralización de las compras condimenta el desconcierto en el país y, al romper con el poder negociador de las compras masivas, favorece a la industria farmacéutica y a sus intermediarios. Están de parabienes coronavirus mediante.
Entre marzo del 2020 y marzo del 2021, el precio de las acciones de Pfizer aumentaron 3,87%, de Astrazeneca el 8,39%: de Moderna 338,25%; de Johnson y Johnson 17, 38% y las de Cansino Biologics 253,79%.
En esta industria farmacéutica concentrada geográfica (localización de las casas matrices) y comercialmente (participación en la facturación), que produce el 1,3% del PIB mundial, tiene el poder económico para garantizar negocios y ganancias para pocos dados los nuevos emprendimientos vía la vacuna contra el coronavirus.
Son varias decenas de millones de dólares las que están en juego, incluido laboratorios argentinos. Vale preguntarse si tiene sentido, más que una buena intención política, hablarles de liberar las patentes de las vacunas contra el Covid-19. Las vacunas no son bienes públicos, son bienes privados, protegidos por el derecho de propiedad. Debiera serlo, para garantizar su apropiación social. En el capitalismo suele haber filántropos, pero no es una formación social filantrópica. .
Esta concentración incidió, seguramente, en el fracaso del mecanismo Covax, lanzado por la OMS en abril de 2020. Así lo dice la revista científica Lancet: la “hermosa idea” de la iniciativa Covax fue pensada en base a la solidaridad y la equidad entre los países ricos y los países pobres y pese a que se alcanzó el objetivo de recaudación, no fue cumplido el objetivo de entregar vacunas a los 92 países de ingresos medios y bajos. Se impuso la voluntad distributiva de los países ricos, siendo diez países del mundo los que han administrado el 75% de todas las vacunas contra la Covid-19. Y concluye: “fue una hermosa idea que no sucedió; los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas”.
Datos sobre la cantidad de dosis de vacunas Covid-19 aplicadas por los países cada 100 mil habitantes, publicados por el Washington Post, muestra que el ritmo de vacunación está estrechamente relacionado con el nivel de ingreso de los países: en los más ricos va más rápido que en los más pobres. En palabras recientes del Secretario General de Naciones Unidas, “lamentablemente, a menos que actuemos ahora, nos enfrentamos a una situación en la que los países ricos vacunan a la mayoría de su población y abren sus economías, mientras que el virus sigue causando un sufrimiento profundo al dar vueltas y mutaciones en los países más pobres”.
Las vacunas han sido, según puede inferirse un vehículo diplomático y de articulación geopolítica. Quizá en ello se basó la decisión de Sputnik sí y Pfizer no, en nuestro país, con la nunca explicada palabra “negligencia” en una ley. No lo sabemos. Si sabemos que la diplomacia de las vacunas ha permitido que China y Rusia hayan penetrado en gran parte del mundo y en particular en América Latina; también se reconoce que Europa podría haber tenido más participación en la distribución de vacunas per se o a través del proyecto Covax.
Las vacunas contra el coronavirus traen conflictos geopolíticos: España y Francia impiden el ingreso de los vacunados con la Sputnik V, esperando el visto bueno de la Comunidad Europea y de la OMS; Europa no autoriza la versión india de la vacuna de Astrazeneca, etc. Hay países a los que le sobran vacunas. Otra vez el centro y la periferia, países ricos y países pobres.
Las desigualdades sociales tienen su correlato en las desigualdades espaciales. Y lo mismo ocurre a nivel país. Por ello es relevante, la experiencia de otros espacios geográficos donde se centralizaron las compras para garantizar la equidad entre los países involucrados. Es el caso de la compra conjunta de vacunas por parte de los 27 países de la Unión Europea. De haber ido separados algunos países habrían sacado ventajas de otros y para otros habría sido desastroso. En nuestro país, en cambio, se acepta la compra por las provincias, otros piden que las puedan comprar los privados y no restañamos los errores de no hacer cumplir fielmente los contratos y los acuerdos de participación en la producción de vacunas (caso Astrazeneca). Pareciera que la inequidad provincial y personal no son valores a tener en cuenta. Comprar más caro en situación de escasez de divisas no es un tema menor, pero legitimar que las provincias con recursos puedan comprar vacunas, agravaría las desigualdades territoriales que no deben existir en un país federal.
Es cierto, como se suele decir, que no hay peor diligencia que la que no se hace, pero también hay otro aforismo que indica que no hay que gastar pólvora en chimangos. Los anuncios no son más que golpes de efectos publicitarios. Cortoplacistas, electorales. Lo esencial, lo estructural, lo político, está ausente.
La información del gobierno ha sido confusa y falaz y la de la oposición absurda y malintencionada. Haciendo política mintiendo no tenemos futuro. Solo agrega confusión e incertidumbre al ciudadano. Lo contrario a la política. ¿No resulta un despropósito, un canto de sirena, fuegos artificiales en tiempo electoral? Declaraciones del oficialismo y las oposiciones e información y estadísticas llamativas, confusas, engañosas, redundantes, contradictorias, en apariencia inentendibles. Lo único que resulta claro es la intención de poner en evidencia la supuesta debilidad negociadora del gobierno central, como instrumento de una estrategia electoral. ¿En eso, son mejores las provincias?
No se entiende. Sí se entiende. Es la política, amigo. Pero no es la buena política para salir del atolladero, sino la mala política que deberíamos desterrar. No debemos mentirnos más. No utilizar más los detestables argumentos contrafácticos. Debemos escucharnos más, estudiar más, entender mejor el mundo actual y a nosotros mismos. Sería una forma de que, valga el caso, con las vacunas en los países centrales, nuestros políticos y nuestras políticas públicas sean correctamente ubicadas en un país periférico de un mundo capitalista globalizado.
No es un consuelo, pero ningún país sale indemne de críticas. En todos, los gobiernos tomaron decisiones criticables (quizá pocas, en Corea del Sur, Nueva Zelanda, Taiwán o Singapur, por ejemplo) o, lo que es peor, no las tomaron. Si hubo alternativa estratégica para el combate de la pandemia, ya fue.
Las condiciones de inequidad internacional y de exclusión social a nivel de los países en que nos coloca o agrava la pandemia son mayores a las prexistentes. Una agenda futura no debe abstraerse. La discusión acerca de las vacunas contra el Covid-19 es solo un punto de atención en el sector salud en la pandemia. El desafío será considerar el sector salud en su complejidad, en su articulación intersectorial, para poder abordar los determinantes sociales y económicos de la salud.
Pensar en la normalidad que vendrá, es pensar en una vida que tendrá que ser distinta a la que nos condujo a esta pandemia y a las estrategias para su final.
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El autor fue ministro de Economía de Santa Fe
