El próximo martes, cuando llegue la última tanda de camiones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, se completará el nuevo dispositivo de seguridad que en términos objetivos significa una Rosario mucho mejor custodiada que hace quince días, cuando detonó la crisis de seguridad.
Si las crisis representan una oportunidad, en términos de presencia policial Rosario dio un salto cuantitativo y cualitativo. Hay más agentes y móviles, pero también hay distintas fuerzas actuando, que responden a distintos niveles de Estado y gobiernos. Miradas y controles cruzados en el nuevo mapa de la seguridad. El desafío es sostenerlo en el tiempo y complementarlo con la investigación criminal de la que todos hablan pero nunca se desarrolló en serio.
El gobernador Maximiliano Pullaro, que desde el jueves 7 dedica su tiempo exclusivamente a Rosario y la seguridad, condujo la crisis con la plasticidad política que lo caracteriza. Los cortocircuitos con el gobierno nacional, que vienen de arrastre de la fracasada ley ómnibus, quedaron debajo de la alfombra roja que le tendió a Patricia Bullrich y Luis Petri para que capitalicen el arribo de fuerzas federales.
Pullaro anudó dos hechos inéditos. El primero es el comunicado de todos los gobernadores del país, que además de solidarizarse definieron al narcotráfico como un problema “federal”. Marcaron la cancha para que el gobierno nacional no se borrara como viene haciendo en muchas áreas y se sinceraron en que “el problema lo tienen todos”, aunque sea con “distintas formas”. En paralelo, una expresión de apoyo similar hizo llegar al intendente Pablo Javkin la Red Federal de Intendentes, que planifica un encuentro en Rosario con alcaldes de punta a punta del país.
El otro hecho inédito es el aporte de 80 patrulleros que hizo el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof a Santa Fe. Es la primera vez en la historia que se da en el país, pero además Pullaro acepta la ayuda del bonaerense en momentos que Juntos por el Cambio y el gobierno de Javier Milei trabajan a diario para aislarlo y limarlo. Le habilita una vidriera que le permite mostrar una faceta diferente a la que exhiben las principales pantallas nacionales.
Pullaro y Kicillof tienen muy buena relación y respeto mutuo, por más que mantienen diferencias ideológicas. El envío de vehículos –que iba a ser también de 400 agentes– fue acordado entre ambos. Bullrich, que podría haber pateado la mesa, calculó que son 80 móviles menos que sino los aportaba Kicillof se los reclamarían a ella, y a la vez refuerza su discurso de que la inseguridad requiere un abordaje transversal y “aunar esfuerzos”.
La investigación
Desde el jueves 7 que balearon al chofer de la línea K, la fiscal general María Cecilia Vranicich y el gobernador pusieron especial dedicación en ordenar y centralizar la investigación de los crímenes y conformar un equipo especial de fiscales de distintas áreas de investigación. Parece de Perogrullo, pero no lo es teniendo en cuenta la historia reciente de la Fiscalía Regional Rosario, el enfrentamiento entre fiscales que derivaron en información no compartida, denuncias entre colegas, desplazamientos e intervenciones.
Tanto entre los fiscales como en el Ejecutivo hay conformidad con el avance de la investigación, por más que las 16 imputaciones con prisión preventiva por encubrimiento y un partícipe necesario tengan gusto a poco. De ambos lados creen tener en la mano la punta del ovillo que lleva a la identificación de los responsables.
Un recorte grueso de los hechos permite identificar que los crímenes de los taxistas y la balacera a la comisaría son una cosa. Los otros casos tienen características distintas.
¿De dónde vinieron, por qué, con qué objetivo? Más que un acuerdo entre bandas que depusieron sus antagonismos y orquestaron un plan de terror urbano para enfrentar al Estado, toma cuerpo la hipótesis de que sobre un primer hecho, se montaron otros grupos para multiplicar el impacto o, quizás, para sacar provecho de la conmoción social.
Esta teoría es muy compatible con la atomización de bandas y células que todo el tiempo pugnan por conquistar zonas y limpiar competidores, incluso dentro de una misma organización. Innumerables investigaciones exhiben esa maraña de negocios a sangre y fuego.
Sobre el primer hecho de la saga, el ataque al colectivo del Servicio Penitenciario en Circunvalación, el Poder Ejecutivo está cada vez más convencido de que fue una respuesta al cambio en las condiciones de detención en cárceles provinciales y federales, y que el objetivo es que el gobierno retroceda al presunto pacto entre las autoridades anteriores y las bandas, del que aseguran hay abundantes indicios en escuchas telefónicas judicializadas en distintas causas.
Mientras avanza esa investigación, en el MPA se prendió una luz de alerta. Además de decenas de hábeas corpus por las condiciones de detención de los presos de altos perfil, ingresó al menos una denuncia contra personal penitenciario por torturas en las horas posteriores al ataque armado al Servicio Penitenciario. Hasta aquí es una denuncia, pero bien sirve para conjurar fantasmas ante lo delicado del momento.
Fuentes que estuvieron presentes en reuniones compartidas de autoridades políticas y judiciales confiaron a Rosario3 que el alineamiento institucional es total en torno a las órdenes sobre el manejo de las cárceles: dentro de lo que permite la ley, todo; fuera de la ley, nada. En la medida que la fiscalía avance en esa investigación se verá si esa orden traspasó las rejas o se quedó del lado de afuera.
Otra crisis, otras leyes
La crisis en Rosario aceleró tiempos a nivel nacional. El gobierno está puliendo una reforma de la ley de seguridad interior para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al delito.
En los próximos días también enviará al Congreso el proyecto de ley antimafia, trabajado con un especialista italiano que lleva un tiempo instalado en ciudad de Buenos Aires con ese fin. La redacción está más inspirada en la ley antimafia italiana que en la ley Rico de Estados Unidos, que también mencionó Bullrich en su paso por Rosario.
“Queremos que cada integrante de una organización tenga la misma calificación por ser parte de la banda", dijo la ministra. En el fondo la ley apunta a los cómplices que desde el Estado ayudan a las bandas, como policías, empleados de carrera o funcionarios. Se da por hecho que para esos cómplices no es lo mismo la expectativa de una pena menor o en suspenso que la posibilidad de sentencia a 15, 20 años o perpetuas.
“Estas leyes van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de bandas y no uno por uno. Hay que terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga, porque así no ganamos nunca", planteó Bullrich. Esa metáfora no fue inocente ni improvisada, dicen los que están en la cocina, sino reflejo de una dificultad que, según las autoridades, se repite en muchos allanamientos, que es que cuando la policía irrumpe en el domicilio en el que se autorizó la requisa, armas y celulares son descargados en propiedades linderas.
Por último, Pullaro en persona define por estas horas la integración de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), las tres patas del sistema de inteligencia de Santa Fe, el primero creado en el ámbito de una provincia, cuyo marco normativo la Legislatura sancionó en diciembre pasado.
De las condolencias a los hechos
“En Medellín en los 80 y 90 todo era crisis, por la urbanización, el deterioro económico, porque no había democracia local. Parecía que no había futuro y sin embargo en un momento se logró construir una convergencia de la sociedad y acordar mucho, incluso sobre los errores del pasado. A partir de ahí empezó un camino de largo de transformación. Hoy es una ciudad que, sin ser un sueño, es infinitamente mejor de la que teníamos”.
Hace exactamente un año, el arquitecto colombiano Jorge Pérez Jaramillo estuvo en Rosario, donde se empapó de la realidad de una ciudad que muchos empardan a su Medellín en la que nació y en la cual fue un artífice del proceso de urbanización social.
Medellín llegó a tener 375 homicidios cada cien mil habitantes contra los poco más de 22 en Rosario. Como sea, números atroces en ambas situaciones. ¿Puede Rosario salir de este laberinto? ¿Puede ser infinitamente mejor de la que tenemos?, como dice Jaramillo.
A eso se refirió el exalcalde de esa ciudad colombiana, Sergio Fajardo, en una charla con Roberto Caferra en Radio Dos. “Esto se enfrenta conjugando varias acciones. Se necesita la acción de la policía, de la Justicia y naturalmente son urgentes siempre las intervenciones sociales”, advirtió. Dejó en claro algo: el tema narco es federal.
Hasta aquí se habló de los ajustes de seguridad y normativos, pero poco de la intervención socio comunitaria. Por lo tanto, si las crisis son una oportunidad, este es el momento.
Además de gestionar los trastornos que la crisis ocasionó en transporte, recolección de residuos, educación y salud, el intendente Pablo Javkin está enfocado en una tarea a la que sería bueno que se sumaran todos los estamentos sociales y políticos: que las muestras de solidaridad, condolencias y espanto por las noticias de Rosario se traduzcan en hechos concretos, en el salto de escala que la ciudad requiere pero no tiene capacidad económica para dar.
Entre las planes más avanzadas entran las urbanizaciones de barrio Tablada (solo falta la firma del presidente Milei), de Los Pumitas en Empalme que la va a hacer la provincia, la barriada de Sorrento y Cullen que espera del aval final de Nación para acceder al préstamo del Banco Mundial. Si el 20% de la ciudad o más vive en asentamientos, difícilmente otras políticas resulten efectivas.
Si el fenómeno de violencia asocia Rosario a Medellín, lo que las diferencia es mucho más que la tasa de homicidios. Es básicamente el rol del Estado, y en particular el que tuvieron los gobiernos nacionales en su recuperación. La recuperación de Medellín fue causa nacional, y los gobiernos asumieron un liderazgo determinante, para lo cual destinaron mucho presupuesto en políticas sociales, educación, dispositivos de seguridad y urbanismo (incluido el famoso metro que fue motivo de debate en la última campaña electoral entre los dos candidatos que disputaban la intendencia). De todo esto hablan Pérez Jaramillo y Fajardo. ¿Será posible en Argentina?
