“Ustedes en Rosario no se privan de nada”, dice desde el otro lado del celular y sin ahorrarse una pizca de ironía un dirigente político del centro-norte provincial. Lo dice en referencia a la acusación y denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra el fiscal Matías Edery, en un caso digno de una serie de Netflix por todas las aristas que lo componen, pero que para el Ministerio Público de la Acusación fue un golpe durísimo.
En especial a la Regional Rosario, que recién en abril pasado volvió a tener una fiscal regional titular desde la detención por corrupción del jefe anterior, Patricio Serjal, y el adjunto Gustavo Ponce Asahad. No está de más aclarar que también es la regional más grande y compleja, y que así como es noticia por estos hechos, consiguió muy buenos resultados contra organizaciones criminales, no solo con detención de personas, sino también echando mano a figuras y competencias innovadoras, recuperando bienes malhabidos y avanzando sobre nichos de poder que por lo general están a salvo del ojo de la Justicia.
Sin embargo, esos laureles son salpicados por escándalos como el ocurrido esta semana. Los fiscales Socca y Moreno, siguiendo un caso de extorsiones vinculadas a Los Monos, detuvieron y llevaron a audiencia imputativa a una mujer llamada Mariana Ortigala, que era informante del fiscal Matías Edery, que trabaja en la oficina vecina a la de Socca. El problema no es la detención de Ortigala, sino que se expuso de forma pública su condición de informante a partir de que Socca y Moreno interpretan, por el contenido del chat de uno de los teléfonos, que ese vínculo implicó la protección a los delitos que comete Ortigala, ocultamiento de datos a otros fiscales y, a la inversa, filtración de información de investigaciones del MPA. Algo que Edery y la unidad fiscal a la que pertenece, rechazan de plano.
Una cuestión es que, tras exponer a Edery, Socca y Moreno no avanzaron secuestrándole el celular al fiscal que denunciaron para asegurar prueba, que es lo que se hace ante la sospecha de un delito. Esto dio pie para que Edery dijera que la intención era perjudicarlo a él públicamente. De inmediato, en acuerdo con el jefe de la agencia fiscal de Investigaciones complejas, Luis Schiappa Pietra, mandaron extraer la información del celular de contacto con Ortigala y certificarla para que quedara a disposición de la investigación penal que abrió la Fiscalía General y el trámite disciplinario a cargo de la Auditoría General.
Lo que debió debatirse y definirse puertas adentro entre los fiscales y la jefa regional María Eugenia Iribarren, o en todo con una investigación penal específica si correspondía, terminó en un espectáculo desastroso, con chats privados salidos de una investigación formal circulando por todos lados y alimentando el morbo, fiscales acusándose mutuamente en los medios, echando sospechas sobre las intenciones que los motivan, acusaciones cruzadas de filtración de información, de poner en riesgo la vida de informantes y fiscales, de que haya un adolescente herido en una balacera por responsabilidad de quien reveló la identidad de la informante, de esconderse información, proteger a gente que comete delitos, de desobedecer órdenes de superiores o, a la inversa, deslizar que el cumplimiento de esa orden implica ponerse al margen de la ley. Mayor autodestrucción imposible.
Contado así, todo en la misma bolsa, seguramente será considerado –o quizás sea– injusto. Porque hay algo que es cierto, entre los fiscales involucrados hay quienes investigan a las bandas que tiñeron de sangre esta ciudad. Conseguir información y pruebas para meter presos narcos no es un trabajo de oficina, exige compromiso, riesgos muy reales y en ocasiones explorar los límites últimos de la legalidad, sin garantía de que el barro no salpique. Esto no priva de señalar lo evidente: que el fiscal Edery chapoteó en el barro, sin que eso implique una valoración jurídica de su accionar, y que alguna sanción disciplinaria recibirá de la Legislatura, ya que se descarta que el auditor general se inhibirá de actuar.
De todos modos, lo central aquí no es dirimir quién tiene más o menos razón en este zafarrancho, sino señalar que toda esa enormidad de cosas que se dijeron en audiencias públicas o en medios, tienen como receptora a una ciudad que depende de esos fiscales para frenar el drama de la violencia.
Lo que hay y lo que se prepara
“Lo de los fiscales de Rosario es una estudiantina”, exclama un dirigente político que conoce de cerca el MPA y tendrá un rol importante en el próximo gobierno provincial. Es una opinión bastante extendida en distintos círculos de poder político y judicial, incluso en el mismo MPA, como también lo es que hay un problema de conducción que viene de los tiempos de Serjal, y que debe resolverse de una vez.
Hay también en esos ámbitos una convicción de que se tocó fondo y que el recambio institucional que vive la provincia, sumado a la reciente renovación de las autoridades superiores del MPA, significan una oportunidad histórica para corregir los problemas.
El gobierno de Unidos, pero en especial en el equipo del gobernador electo Pullaro, se está afinando una batería de proyectos de leyes e ideas de gestión en materia de persecución penal que están directamente relacionadas a estos temas. Entre ellas, varias iniciativas que la política santafesina debate hace tiempo.
-La reforma de la ley 13013 que diseñó la arquitectura del Ministerio Público de la Acusación y sus funciones. El eje de la reforma que llegará a la Legislatura pasa por tener un MPA más verticalista, que otorgue mayores atribuciones y competencias para la Fiscalía General, en reemplazo del esquema horizontal que descansa en las fiscalías regionales.
Si bien la ley original ya daba fuerte autonomía a las fiscalías regionales, una reforma posterior limó las facultades de la Fiscalía General. En ese entonces significó cortar la posibilidad de que el fiscal general crease unidades de investigación para delitos específicos a nivel provincial, que dejaban abierta la puerta para intervenir “desde arriba” en temas que, por las razones que fuesen, las regionales no investigaban o cerraban.
En definitiva, hoy la fiscal general no puede intervenir en investigaciones, consultar sobre ellas, no tiene mecanismos de gobierno, está impedida de reasignar causas, armar o desarmar investigaciones o reasignar personal en muchos casos.
Se afirma que un esquema verticalizado, como hay en casi todos los ministerios públicos, coadyuvaría a corregir hacia abajo “la libanización” del trabajo de los fiscales de grado, e impediría que “cada fiscal haga lo que le parece”.
-A diferencia del actual gobierno, Maximiliano Pullaro impulsa un paradigma en el que el Poder Ejecutivo sea quien defina y conduzca la política de persecución penal y que, en un marco de poderes diferenciados, la Justicia sea “subsidiaria” de esa política definida desde la Casa Gris.
De marchar hacia ese paradigma, seguramente sobrevendrá el debate sobre si no conviene directamente alinear los mandatos de las autoridades superiores del MPA con los del Poder Ejecutivo.
-Esas reformas a la ley madre del MPA, van de la mano con la ley de narcomenudeo, que Pullaro quiere tener cuanto antes, aunque dependerá del diálogo político. Si aparece el acuerdo en la actual Legislatura se presentará pronto, de lo contrario esperará al 11 de diciembre para sacarla con la mayoría propia.
La ley de persecución de microtráfico traerá aparejada la creación de una policía especial, que se armará con algunos agentes de la actual Policía de Santa Fe y otros de afuera.
Como el grueso de los homicidios está vinculados a las mismas bandas que comercializan droga en el territorio, otro objetivo es el reordenamiento del Organismo de Investigaciones (OI) para ponerlo en línea con aquella idea de una política en persecución penal en cabeza del Ejecutivo. El OI depende de la fiscal general María Cecilia Vranicich, que ya inició la reestructuración con una intervención y una serie de medidas organizativas.
El nuevo gobierno –que piensa en un OI orientado a la investigación criminal compleja– y Vranicich deberán coordinar planes, ya que esta suerte de policía científica depende de fiscalía general, pero el Ejecutivo lleva adelante el concurso de director, cuyo perfil es clave, y luego requiere respaldo legislativo.
-Regulación de las figuras de informante, entre otras. El caso de Mariana Ortigala, en torno al cual se armó el escándalo en la fiscalía regional de Rosario, en parte tiene que ver con lo difuso de la normativa en la provincia, aunque en este caso, cabe aclarar que la fiscal regional María Laura Irribarren aseguró que, como superior de Edery, había sido puesta al tanto de que Ortigala era informante de la fiscalía.
En la ley nacional 27319 están previstas las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, pero en Santa Fe no. Hay un decreto de 2018 de Miguel Lifschitz que establece condiciones como herramienta para investigación policial con recompensa económica. El primer caso que se dilucidó con ese mecanismo fue la balacera ordenada contra un inmueble que había pertenecido al juez Ismael Manfrín. A las 24 horas el Ministerio de Seguridad le llevó a la fiscalía las capturas de pantalla como prueba de que las había ordenado Guille Cantero.
“El uso de estas figuras es controvertida, porque ya sea un fiscal o un investigador policial, se mueve en una zona gris, queda al límite”, explican quienes están trabajando el tema para el futuro gobierno.
A su vez, una alta fuente judicial explicó que “claramente son figuras difíciles de regular y aplicar porque pueden generar abusos. La ley nacional tiene también regulaciones muy rigurosas. Además de poner el Registro de estas figuras en cabeza del Ejecutivo, la información se vuelca en actas formales, y luego un consejo evaluativo conformado por varias personas decide si esa información fue valiosa, y luego de eso se ordena pagar una suma de dinero como prevé la ley”.
La misma fuente contó que “en el caso de Santa Fe, el anterior fiscal general reguló dentro del MPA las figuras de arrepentido y testigo de identidad reservada, pero no se avanzó más porque algunos fiscales regionales entendían que son figuras inconstitucionales”. En investigaciones como la de juego clandestino, se recurrió a la figura del colaborador arrepentido. En esos casos, se hizo en el marco de acuerdos de juicio abreviado a cambio de una reducción de pena.
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