La promoción del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de de Javier Miei no sintoniza con la idea de un gobierno que se autoproclama moral y éticamente superior a quienes lo antecedieron. El hecho de elegir a un fiel representante de los Tribunales de Comodoro Py, símbolo del desprestigio judicial en la Argentina, es un dato revelador de que “la casta” goza de buena salud.
“Comodoro Py”, como se llama a esos tribunales por la avenida del barrio de Retiro en el que se encuentran, fue en los últimos 30 años un volcán de pus generado por la contaminación de la independencia judicial y la corrupción a cielo abierto.
Poner a todos en la misma bolsa sería un error, porque no todos los jueces que pasaron o están en Comodoro Py son lo mismo ni actúan igual, pero desde los años 90 para acá esos tribunales son el símbolo por antonomasia de la venalidad judicial en Argentina. Una ventanilla con apariencia de justicia al servicio de los intereses del poder político y económico de turno donde, según los actores y las circunstancias, se aceptan o desestiman causas, se pisan o se aceleran. Comodoro Py ofrece soluciones a las necesidades y ambiciones de esos factores de poder.
Cúneo, el reformista
En la lógica de Javier Milei la mayoría de los ministros no cuenta con poder de decisión sobre los asuntos que hacen a las grandes decisiones de gobierno. Probablemente la jugada de promover a Lijo se haya gestado por fuera del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En su paso por Rosario esta semana no pudo evitar elogiar al magistrado que propone el gobierno al que pertenece, pero en sus palabras no dio ninguna señal de haber tomado parte de la elección.
Así como se señalan las contradicciones, el mismo gobierno tiene la valiosa decisión de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. En una definición muy sintética, significa que la Justicia federal penal pasará de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, en el que los fiscales conducen y dirigen las investigaciones y los jueces ya no son “dueños de un juzgado” donde hacen y deshacen, investigan y juzgan ellos mismos.
La última crisis de seguridad en Rosario fue el disparador al que echó mano Cúneo para poner quinta a fondo y avanzar. Aunque sea a los ponchazos, pero que largue, primero en Rosario y acto seguido en el resto del país. Incluso en Comodoro Py. El sistema en sí no extermina las raíces de corrupción e impunidad, pero el modelo oral y público permite que haya más actores involucrados y que las instancias se resuelvan a la luz.
El ministro estuvo en Rosario por más de 24 horas. Se reunió con el gobernador Pullaro, el Intendente Javkin e hizo dos reuniones con jueces federales. Escuchó los planteos sobre el déficit de infraestructura edilicia, tecnológica y de cargos, aunque sobre esto último también escuchó otras voces que le hicieron notar que la estructura es “holgada” en relación a la carga de trabajo, más si se la compara con la Justicia provincial.
De hecho esa carga laboral va a ser mucho menor, ya que al haberse habilitado la ley de narcomenudeo en Santa Fe, el 68% de los casos que procesa la Justicia federal que corresponden a microtráfico los absorberá la provincial.
El presidente de la Corte nacional, Horacio Rosatti, entró muy rápido en sintonía con el plan de Cúneo. Alineó al Poder Judicial y lo puso a trabajar de lleno, sin “peros” ni excusas. Para que no quedasen dudas: “Somos militantes del nuevo sistema”, dijo Rosatti. Esa contundencia era necesaria, porque las dilaciones no solo son responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, que en cuatro años no mostró ninguna voluntad política, sino de la actitud pasiva del propio Poder Judicial, a diferencia de la Procuración (fiscales) y la Defensoría que encontraron la forma de cubrir cargos, capacitarse y prepararse para el nuevo sistema.
Cúneo encara una reforma de fondo en un gobierno cuyo lema es “no hay plata”. Él mismo repitió la frase en la reunión con los jueces, pero les garantizó un piso de recursos para montar salas de audiencias y oficinas temporales. La Corte habilitó seis cargos con rango de secretaría. ¿Cómo largar el sistema el 6 de mayo con los puestos de jueces que faltan designar? La solución más racional e inmediata pasa por optimizar la carga de trabajo de los jueces actuales, que pasarán a funcionar de forma colegiada, lo que permite que intervengan en distintas instancias y ante diferentes incidentes procesales.
Quienes conocen de adentro el sistema sostienen que tienen margen y que es la opción más a mano. Es imposible esperar a que terminen los concursos de los cargos creados con la ley nacional de fortalecimiento de la Justicia federal de Santa Fe, o los escandalosos tiempos del Consejo de la Magistratura (entre 5 y 7 años el promedio de los concursos) o el acuerdo del Senado, incluso en el caso de conjueces.
También en Santa Fe
En la Justicia provincial también hubo novedades fuertes. La fiscal general María Cecilia Vranicich desplazó a la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. Ya una auditoría, originada en el enfrentamiento entre fiscales de la jurisdicción, había puesto en entredicho la conducción institucional.
La gota que detonó la medida fue la decisión de Iribarren de sumariar al fiscal Miguel Moreno en medio de la crisis de seguridad en Rosario, lo que se evaluó como inoportuno en momentos que el país esperaba resultados de la investigación sobre los crímenes de los trabajadores y mientras el gobernador en persona se ponía al frente de la crisis y la fiscal general monitoreaba la investigación a cargo de un grupo especial integrado por fiscales de los dos grupos enfrentados.
Cabe aclarar que el problema es lo inoportuno y no que el sumario fuera improcedente. Por el contrario, al fiscal en cuestión se le reprocha justificar ante las víctimas de delitos económicos el no avance de una investigación a su cargo, por responsabilidad de la fiscal regional que no le proveía recursos humanos. La disposición de recursos será discutible, pero un fiscal no puede dañar la imagen institucional del MPA en función de sus rencores personales, del mismo modo que lo hizo con sus pares Luis Schiappa Pietra y Matías Edery cuando usó una audiencia aleatoria para denunciarlos a sabiendas de que estaba montando un escándalo público, en lugar de recurrir a los canales institucionales como corresponde si está al tanto de hechos que a su entender merecían ser investigados.
En definitiva, Iribarren paga por no haber logrado encausar esas situaciones y otras, como las que se le atribuyen al fiscal Edery, que están bajo investigación y que llevaron a su suspensión. Situaciones que en el MPA y en el Ejecutivo consideran profundizadas por su forma de conducción.
Vranicich metió mano de lleno en la fiscalía de Rosario. Necesita apaciguar y “cohesionar”. La tarea es muy difícil y probablemente haya más cambios a partir de la intervención. Esta fiscalía regional, que viene golpeada desde los hechos que llevaron a la cárcel al ex fiscal regional Patricio Serjal, es también la que consiguió condenas ejemplares contra bandas criminales y policías corruptos, con fiscales que pusieron el cuerpo, arriesgaron y exploraron nuevos límites al momento de litigar, incluso supliendo la ausencia de la Justicia federal.
La intervención de la fiscalía regional se da en un contexto de grandes cambios en materia de seguridad pública y judicial. En primer lugar hay un gobierno y un gobernador muy comprometido y ocupándose del tema como ninguno otro antes. Esta última crisis lo mostró: desde el 7 de marzo Pullaro estuvo encima de las definiciones más finas, a la par del ministro de Seguridad o el jefe de policía, al tiempo que articulaba en el plano político con gobernadores, intendentes y el gobierno nacional. “Mañana (por este lunes) termina de poner en marcha lo que falta y ya vuelve a sus funciones plenas de gobernador”, cuenta un funcionario de su confianza.
El objetivo de Pullaro -que apuesta además a producir un recambio en la Corte provincial- es encolumnar al Poder Judicial, el MPA, las fuerzas de seguridad y si es posible a la Justicia federal en una misma línea definida por la política.
A esa mirada, responde el paquete de leyes que le pidió a la Legislatura apenas asumió, con cambios en la ley orgánica del Servicio Penitenciario, la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación (que permitió la intervención de la fiscalía regional Rosario), los cambios en materia de ejecución penal, la creación de una suerte de AFI provincial y la ley de juicios por jurados. En mayor o menor grado, todas recibieron aportes en la Legislatura y avanzaron.
Queda pendiente la reforma al Código Procesal Penal. Si se postergó hasta aquí es porque es la que más disidencias generó. El peronismo plantea diferencias desde la minoría, pero la principal controversia es interna, con el socialismo específicamente. El socialismo advierte que algunos de los cambios propuestos no pasan el filtro de la constitucionalidad y que los jueces los van a tumbar. Además, algunas de esas reformas no le resultan urgentes ni necesarias fuera de Rosario, donde la realidad es diferente.
Esa diferencia de miradas el jueves generó una controversia en el interbloque de Unidos, cuando el radicalismo intentó apurar la aprobación de la ley en ambas cámaras, con el acompañamiento de los referentes del intendente Pablo Javkin. Para apaciguar las aguas el ministro de Gobierno Fabián Bastía convocó a una reunión en Santa Fe, donde se pulieron la mayoría de los artículos en discusión y el miércoles se convertirá en ley con la aprobación en ambas cámaras. Entre los puntos retocados está el de los plazos excepcionales de detención sin imputación, que no será para en cualquier ocasión, sino limitado a determinados casos graves o de crimen organizado.
Esta nueva reforma procesal viene de la mano del agravamiento de las cuestiones de seguridad. Se suma a la reforma que se hizo en 2018, al nuevo sistema procesal penal, a las más de 11 mil personas que están privadas de la libertad en las cárceles santafesinas y a los sucesivos desembarcos de fuerzas federales.
Si no hay a la par una intervención fuerte a largo plazo, si todo se discontinúa con los cambios de gobierno en las áreas sociales y en los procesos de urbanización, no habrá policía, punitivismo, ni modelo judicial que alcance. Pero eso no parece preocupar al presidente de la Nación, cuya concepción es que “el Estado es una organización criminal que le roba a los privados”. Antes por ausencia, ahora por concepción filosófica, Rosario sigue estando lejos de la consideración del Estado nacional.
