Después de algún tiempo alejado de la prensa, entre otras cosas, porque estuvo enfermo de covid –y todavía sufre las secuelas–, el ministro Marcelo Sain habló a los medios sobre la investigación sobre juego clandestino, la olla que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery destaparon y salpicó a dirigentes políticos y funcionarios judiciales. Los nombres que ya se conocieron –el senador sanlorencino Armando Traferri, y los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal– serían “la punta del iceberg”: Sain anticipó más “detalles escabrosos” sobre la trama de complicidades políticas, judiciales y policiales en el crimen organizado; y prometió ir a fondo.
En contacto con la prensa este lunes por la mañana, tras la presentación de 17 nuevos móviles para la policía rosarina, el ministro habló sobre la causa de juego clandestino que alcanzó a uno de los propios: el senador Armando Traferri.
Para refutar a quienes lo acusan de haber armado causas, el ministro recordó que la investigación se inició a raíz de un homicidio –el crimen en el casino City Center– y que a partir de allí se comenzó a desnudar un complejo entramado criminal con complicidades en todos los ámbitos del poder.
“No nos quedamos con la chiquita, con la más fácil, con los morochitos”, observó el ministro y señaló que el "el sistema penal esta preparado para meter presos a negritos de barrios periféricos". "Dimos un paso más", destacó y señaló de este modo que la investigación no se detuvo en saber quién disparó, sino que avanza sobre el complejo entramado de complicidades. Y anticipó “detalles escabrosos”.
En tal sentido, criticó otra vez que no se haya avanzado en el desafuero del senador y habló de un “peronismo vandorista”. "Desafuero no es condena, es (decir) investiguen tranquilos", advirtió.
Destacó el coraje de Schiappa Pietra y Edery ante la “amenazas tangibles” sufridas y aclaró que las reuniones que mantuvo con ellos fue para brindarles seguridad y asesoramiento. Recordó en tal sentido, su formación y trayectoria en la materia.
Sain incluso se refirió a la movida política de noviembre pasado en la Legislatura, cuando se sancionaron dos normativas que lo pusieron en una posición difícil: una buscaba sacarlo de la propia cartera de Seguridad con el argumento de su licencia en el Ministerio Público de la Acusación; y la otra controlar los llamados “gastos reservados” de las investigaciones.
Insistió en que fueron normativas para “amedrentarlo” y para que ciertos sectores mantuvieran el control político, pero reafirmó su compromiso. “Acepté el desafío personal de estar aquí, si tengo que volver a la universidad (por su profesión docente), lo haré con mucho gusto, pero ahora iremos a fondo”, prometió.
