"Todavía busco a mis padres biológicos. No sé su historia, no sé nada porque mi partera estuvo investigada en el tráfico de bebés en la dictadura”, explicó Rocío Demarco, la mujer de 45 años, durante la masiva movilización de este 24 de marzo en Plaza de Mayo, a 49 años del último golpe de Estado.
Demarco apuntó contra el retroceso en materia de derechos humanos ocasionado por el Gobierno de Javier Milei, que “cortó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi)” e impide así avanzar en la comparación genética que podría permitirle conocer su origen biológico.
“Se están dejando de lado todas las políticas de memoria que son súper importantes. Nos están pisoteando, maltratando, reprimiendo”, protestó Demarco, al tiempo que remarcó la importancia de participar de la movilización de este lunes "para recordarle a este Gobierno que el pueblo tiene memoria”.
Hasta la fecha, 139 nietos y nietas recuperaron su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, aún quedan cientos de casos pendientes, y la interrupción del funcionamiento pleno de la Conadi, según denuncian organismos de derechos humanos, afecta esa búsqueda.
La CoNaDi se creó en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Su conformación fue ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 que creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a los archivos que tenía el Poder Ejecutivo.
Defensa fue el primer ministerio en retacear información a Conadi. En mayo, fue el turno de Bullrich, que, además, promocionó la decisión. En agosto, Milei firmó el decreto 727 para eliminar la UEI de Conadi. El argumento fue que hacía una tarea que le correspondía al sistema de justicia.
Desde su creación, la UEI de Conadi abordó 6938 casos: resolvió 2468 y tan solo un 25 por ciento debió ser derivado para que lo tramitara el Poder Judicial. “Es claro que la Conadi tiene que seguir con esas tareas y no puede derivar 6000 casos a la justicia. En los últimos meses, la situación se fue agravando. Hay cada vez menos personas empleadas y se incrementó la inestabilidad. El Estado tiene una obligación clara y debe continuar con estas políticas hasta que aparezca el último nieto o la última persona desaparecida”, afirmó Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.
No es solo la CoNaDi la que está en riesgo. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), por ejemplo, funciona con el mismo presupuesto que en 2023, entre otros recortes a políticas de derechos humanos.
