En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria de este 24 de marzo, el Gobierno ordenó desclasificar toda la documentación existente en los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que desde Casa Rosada difundieran un video en el que, como el año pasado, insistieron con la idea de “memoria completa”.

Según explicó Adorni, la medida busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, que había sido firmado la expresidenta Cristina Kirchner pero “nunca fue implementado completamente”. Como parte de esta decisión, los archivos de la Side serán transferidos al Archivo General de la Nación para su resguardo y consulta pública.

La medida también abarca a cualquier otra información producida en otro período pero relacionada con las Fuerzas Armadas. “El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, sostuvo el vocero.

“Durante décadas, los archivos en manos de la Side permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo”, agregó.

Adorni enmarcó la decisión del Gobierno argentino con la desclasificación de archivos en los Estados Unidos respecto al asesinato de Kennedy. “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, expresó, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.

A su vez, informó que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. La decisión alude a un ataque perpetrado el 1° de diciembre de 1974, en el centro de San Miguel, en el que murieron Viola y su hija María Cristina, de 3 años de edad. Como el caso no era reconocido como de lesa humanidad, la Justicia no podía avanzar con el pedido de la familia de reabrir la investigación.

Luego, a través de un comunicado, la Oficina de la Presidencia informó en la red social X que “el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.

El anuncio se difundió mientras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se preparan para marchar como cada año por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.