El gobernador Maximiliano Pullaro tomó una decisión drástica al descartar los concursos de jueces, fiscales y defensores realizados durante la gestión de Omar Perotti, reformular el sistema de selección y volver a concursar todos los cargos. La decisión no está aislada de la batalla mayor por la renovación de la Corte Suprema. Mientras se tensa el frente judicial, la Cámara de Senadores dio el pie inicial para una reforma del sistema previsional, que llevará su tiempo, no dará resultados inmediatos, pero puso en alerta a los sindicatos estatales, que consiguieron sillas en la comisión que analizará cómo reducir el déficit de la Caja.
Hay otro asunto de enorme potencia institucional que despunta entre legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe, aunque el Poder Ejecutivo dice “esta boca no es mía”. Después del mazazo que significó la marcha federal universitaria, seguido del preocupante papel que hizo en la cena de la Fundación Libertad a la que entró ovacionado y se retiró con un aplauso de compromiso, Milei manda al ministro de Interior Guillermo Francos a contener a la Red Federal de Intendentes. De cuño no peronista y parida en el espanto del recorte de subsidios al transporte, la Red este lunes se da cita en Rosario con el intendente Pablo Javkin como anfitrión. Por lo visto, la posibilidad de los intendentes de empujar la ley bases y sumarse al Pacto de Mayo obra algunos milagros: del “no hay plata” rabioso, a un “no hay plata pero tengo un par de promesas”. Los intendentes necesitan recursos y proponen, por ejemplo, coparticipar el impuesto a los combustibles. El gobierno no les dice que no de entrada, pero los manda a presionar al Congreso. En términos libertarios, a que se consigan “la suya”.
Justicia
El gobernador esgrime desconfianza en los concursos para cargos judiciales que se hicieron en la era Perotti, cuando se hicieron exámenes para jueces, jueces comunitarios, fiscales, defensores y autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa Penal.
En los ámbitos judiciales y dentro mismo de la alianza Unidos muchos creyeron que finalmente haría lo que le sugerían: descartar las ternas que elevó el Consejo de la Magistratura que presidía un funcionario de Perotti y elegir con criterio propio entre la abundante oferta de candidatos que habían aprobado el examen.
No fue así. A pesar de que los plazos se estiraron más allá de lo planificado originalmente, el gobernador dice no haber recibido del Poder Judicial una propuesta acorde a la línea política trazada en esa materia, que fundamentalmente pasa por “optimizar” la estructura actual, cubrir cargos en función de necesidades reales y no por casilleros vacíos, e incrementar la productividad de jueces, fiscales y defensores. “Eficiencia” es la palabra clave que usa la gestión Pullaro.
El punto de mayor discordia está con los jueces, y no tanto con las fiscalías. El gobierno ve en el MPA un cambio de actitud y sintonía con la línea que trazó la política.
Esa desconfianza de Pullaro sobre los concursos, motivó que Iván Kvasina, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario –es decir el organismo gremial de los jueces- marcara una diferencia. “La magistratura puso a sus representantes más prestigiosos en esos concursos de jueces, por lo que es inadmisible que se ponga en duda la transparencia y la ética de los que intervinieron como jurados”. Agregó que si el Poder Ejecutivo tiene la decisión política de reconcursar los cargos, tiene la legitimidad para hacerlo, pero no admite que se cuestione la ética de jueces como Carolina Hernández o Roberto Dellamónica.
Las discusiones que Pullaro tenía con los jueces de cuando era ministro por lo que entendía era un exceso de garantismo para lo delincuentes quedaron en el pasado. Hoy reconoce que no tiene quejas en cuanto a las resoluciones de los jueces penales. La fricción es institucional es con las formas de funcionar del Poder Judicial en general, los procesos de trabajo y una estructura que no considera racional ni modernizada, que hace que haya sectores con una carga de trabajo muy aliviada y otros desbordados y desequilibrados territorialmente, sin que la Corte, que ejerce el gobierno del Poder Judicial, opere con soluciones reales y sostenidas en el tiempo que vayan más allá de pedir cargos. Por supuesto, son percepciones que en el poder Judicial rechazan. Los más críticos lo ven como una excusa con intenciones de avanzar sobre la Justicia.
Desde febrero hasta ahora el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, le presentó al gobernador en tres oportunidades listados de posibles pliegos para enviar a la Legislatura, y el gobernador los rechazó. La primera vez 42, la segunda 35 y la última 15.
No habrá pliegos de esos concursos, salvo cuatro o cinco de fiscales para Rosario, donde hay dos vacantes por suspensión y una por muerte. ¿Es asunto terminado?, preguntó Rosario3. “Hubieran traído el plan que les pedimos. La Corte ni siquiera nos respondió cuando le requerimos que nos priorice necesidades; entonces el plan lo hacemos nosotros”, contestó una fuente que conoce a la perfección el razonamiento del gobernador. En el Poder Judicial, donde no todos estaban al tanto de la consulta del Ejecutivo, dicen que sí hubo respuesta, pero que fue informal. Probablemente la Corte, o quien haya respondido, no quiso pagar el costo puertas adentro diciendo “éste sí, éste no".
En ámbitos judiciales dicen estar desconcertados. Aducen que los funcionarios del gobierno de Unidos en estos cinco meses les transmitieron otra idea de lo que iba a ocurrir. Están convencidos de que la no cobertura de vacantes tiene como telón de fondo la renovación de la Corte Suprema que propone Pullaro.
Según esta interpretación, no cubrir las vacantes de jueces y 32 cargos de secretarios de juzgados de primera instancia y defensores barriales y civiles (en estos casos son concursos que hizo la Corte), es consecuencia de la ausencia de diálogo institucional entre el gobierno y la Corte, que hasta aquí es meramente protocolar.
En relación al futuro de la Corte, el gobernador plantó un primer mojón en su discurso de asunción en diciembre, cuando habló de una justicia “cara e ineficiente”, en directa alusión al tribunal que ejerce el gobierno del Poder Judicial. El discurso de este 1° de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, tal vez planté el segundo mojón.
Aunque no haya diálogo con esta Corte, el Poder Ejecutivo teje un acuerdo institucional para avanzar. En total sigilo se perfilan nombres posibles que reúnan consenso, porque se trata de jueces que estarán en esos cargos por muchos años. Un acuerdo institucional no es un pacto con el tribunal actual, aclaran, en el sentido de que es la política la responsable de elegir el perfil de jueces y promoverlos.
Como toda batalla, unos ganan y otros pierden, pero casi todos son susceptibles de pagar costos. Cuando el gobernador avisa: “No busco impunidad (con un pacto), porque el que no cruza los límites de la ley no necesita impunidad”, le está marcando una hoja de ruta a sus funcionarios y algo más. Mensaje para lo más alto de la Corte. ¿También para los antiguos caciques de Unidos?
Ningún gobernador desde Carlos Reutemann tuvo el respaldo popular de Pullaro como para construir ese acuerdo institucional que dé vuelta la página. Hasta aquí ha demostrado ser un mandatario de lo más pragmático, desapegado a mandatos ideológicos y versátil para adaptarse a las circunstancias con las que le toca lidiar. Como ya transcurrieron cinco meses de gestión, es deducible que la salida al conflicto con la Corte no se resolverá a los martillazos, como pudo ser en los primeros 60 días.
Reforma constitucional
Ese potente respaldo que ostenta Unidos y que validan las encuestas de imagen de la gestión y del gobernador, motivan a referentes legislativos a plantear que es el momento de avanzar con la reforma constitucional, histórica cuenta pendiente de la provincia.
El socialismo, reformista por excelencia, la promovió en sus tres gobiernos y vuelve a empujarla. Clara García lo dijo con todas las letras este sábado en la entrevista con Roberto Caferra en Radio Dos, horas después de ser reelegida al frente de la Cámara de Diputadas y Diputados: "Es un buen momento para reformar la Constitución".
El socialismo hace de cabeza de playa con la reforma porque la lleva en la sangre y por la historia reciente que reivindica por más que no logró concretarla. Pero no es el único. Hay al menos una decena de proyectos en ese sentido. Prácticamente todos los partidos tienen iniciativas presentadas.
A diferencia de otras oportunidades, el Poder Ejecutivo no se pone al frente de la iniciativa, solo la dejará correr. Es una forma de dar protagonismo e iniciativa política a los otros socios de Unidos. Ya en septiembre en esta columna se adelantó que Pullaro descartaba de antemano la posibilidad de una reelección en 2027, como tampoco estaba en sus planes una reforma sino hasta el tercer año de gestión.
Un gobierno que hizo pie rápidamente y la disponibilidad de una mayoría que pocas veces se da, alteran las ideas iniciales y hoy se levanta una suave brisa reformista de la mano de los socios de Pullaro. Con respecto a la reelección, una cosa es la intención personal, pero habrá que ver qué sucede cuando se acerque 2027 y ministros, legisladores y referentes de Unidos pulseen por la sucesión y las internas se expongan en público, con el riesgo de lastimar la gestión y poner en entredicho la condición de elector de Pullaro.
2025
¿Cuál sería el momento ideal para una elección de convencionales constituyentes? El clima antipolítica y las urgencias materiales requieren dos contrapesos. Un poder político fuerte y comprometido con la idea, capaz de explicarle a la sociedad los motivos y la oportunidad para reformar. Y en segundo lugar que la sociedad vea a ese poder político ocupado en los problemas directos que afectan a los santafesinos: seguridad, educación, trabajo y producción.
Las elecciones intermedias de 2025 asoman como la oportunidad ideal para elegir constituyentes. Será, además, un buen motivo para separar las elecciones de autoridades locales –presidentes comunales y concejales– de las nacionales, donde será muy difícil competir contra Milei y La Libertad Avanza si el gobierno mantuviese los actuales niveles de adhesión.
En 2017 Miguel Lifschitz tenía niveles astronómicos de adhesión, pero la elección unificada la ganó por paliza un tal Albord Cantard, que era el candidato a diputado de la ola amarilla que surfeaba Mauricio Macri. Sería un error infantil de Pullaro y Unidos repetir esa experiencia y unificar las elecciones el año próximo. Solo serviría para darle la posibilidad a los arribistas que se cuelgan de las polleras de Milei de quedarse con concejalías o limar los planes de reelección de presidentes comunales propios.
Una elección provincial anticipada para cargos locales y de convencionales constituyentes le permitiría a Unidos validar títulos, reforzar el control territorial y ponerse a salvo del huracán Milei, si es que por entonces sopla con la misma fuerza.
Milei y el PRO
Una de las novedades políticas de la semana fue la anulación de las elecciones internas del PRO, donde iban a confrontar el espacio de la vicegobernadora Gisela Scaglia y de Federico Angelini. La Junta Electoral nacional paró la pelota y mandó hacer otro cronograma electoral, con plazos más extendidos y, aunque no lo dijo, corregir “curiosidades” como disponer que el día de votación sea un martes.
A pesar de las elucubraciones de las primeras horas sobre la intervención de Mauricio Macri, fuentes de los dos sectores niegan que el ex presidente haya tenido incidencia. De hecho, las nuevas autoridades partidarias, con Macri a la cabeza, recién entran en funciones el 4 de mayo. La actual junta electoral nacional es la de la presidencia de Patricia Bullrich.
Se afirma que fue una decisión institucional, motivada en que la escuálida interna del PRO Santa Fe, la primera en su historia, garantice participación y plazos de organización adecuados. Por lo visto en Buenos Aires consideraron que la junta electoral provincial controlada por el oficialismo de Angelini y Cristian Cunha no cumplía esos requisitos.
