El segundo semestre de 2024 está destinado a romper con tres temas tabúes que Santa fe arrastra hace años y que por un motivo u otro no abordó. ¿Qué cambió? Que hoy gobierna una mayoría capaz de garantizarse altos grados de gobernabilidad a sí misma, y que se complementa con la determinación manifiesta de avanzar del gobernador Maximiliano Pullaro y Unidos.
Las reformas del sistema previsional, de la Constitución y la renovación de la Corte marcarán la agenda hasta final de año. Poco más de cinco meses para destrabar tres asuntos de Estado que llevan años y décadas sin resolución.
Reforma previsional
El paso inmediato es la reforma previsional. El gobierno ya decidió que no hará opción de la prórroga de la comisión asesora que se creó en la Legislatura provincial. Tomará el informe que surja de allí y a mediados de agosto ingresará el proyecto de ley para tratamiento en las cámaras.
El apuro es porque el 30 de septiembre vence el plazo para presentar el Presupuesto 2025. Si bien es un plazo extendible, oficia como una frontera. Habrá que ver cómo abordar en el próximo presupuesto el déficit previsional en relación a años anteriores, en particular la parte de Nación que, salvo una orden contraria de la Justicia, ya avisó que no pagará ni siquiera los adelantos a cuenta.
No por nada pasó una década desde el informe encargado por la propia Caja de Jubilaciones que alertaba sobre la curva de insustentabilidad que efectivamente siguió el sistema. Meterse con la edad jubilatoria y los aportes de los trabajadores no es cómo para la política. Pullaro saca provecho: “Nos hacemos cargo de los problemas, vinimos a solucionarlos, no a postergarlos”.
El autor de aquel informe previsional, Walter Arrighi, visitará la comisión especial, al igual que Osvaldo Giordano, exministro y hombre de confianza de Juan Schiaretti, de fugaz paso al frente de la Ansés en los albores del gobierno de Javier Milei.
La presencia de Giordano es una vuelta de tuerca al reclamo por el recorte de fondos previsionales que montaron Pullaro, Frigerio y Llaryora hace un mes, pero esta vez pensando puertas adentro: el cordobés vendrá a contar cómo y qué tuvieron que hacer en Córdoba para resolver el mismo problema que enfrenta en Santa Fe. En definitiva viene a legitimar el camino elegido.
El gobierno provincial dice que la reforma tienen dos motores que la impulsan: el déficit creciente por un lado y la necesidad de corregir injusticias por el otro. Sobre este último punto ponen dos ejemplos: en diciembre, la jubilación máxima que pagó la Caja, fue 32 veces más que la mínima.
El segundo pone el foco en el subsector judicial, aunque no exclusivamente: “Los jueces tienen una ley de enganche con los sueldos de la Justicia federal. Cobran los muy buenos sueldos federales, pero aportan con porcentajes provinciales, que son mucho más bajos, y a la vez para ellos el aporte a Iapos es optativo, eso también hay que corregirlo porque, obviamente, con esos ingresos ninguno se baja de Osde”, raspa un ministro pullarista.
La Casa Gris cree tener el camino de la reforma asfaltado. Habla de un alto consenso dentro de Unidos, aunque es ostensible la inquietud de los socialistas sobre qué tan lejos se pretende avanzar con cambios que afecten a los trabajadores estatales. Confía también en el consenso con la mayoría del arco gremial, bajo la premisa de que conocen los números y saben que con el estado actual de situación no hay futuro. “Ninguno quiere ir a la Ansés”, repiten como muletilla.
El peronismo legislativo, a su vez, adoptó una posición de prudencia. Quiere esperar a ver el texto de la ley antes de opinar.
El gobierno da por descontado que ningún gremio saldrá a militar la reforma y que parte de la oposición votará en contra. Eso entra en el juego de la política: no es menor posicionarse en el tema sabiendo que enfrente hay un oficialismo que tiene los votos necesarios y la decisión política para sacar la reforma.
Reforma constitucional
Unidos para Cambiar Santa Fe sancionará antes de que termine el año la ley de necesidad de reforma de la Constitución. La historia es conocida: la actual fue redactada en 1962 y fracasaron todos los intentos en los últimos 25 años.
Los tiempos son cortos, pero Santa Fe tiene pilas de proyectos de reforma constitucional y lleva décadas debatiendo el tema con amplia base institucional, política, académica y social. Ahora queda definir qué temas entran, cuáles no y la orientación de las reformas. Y un ítem que fue determinante en otros tiempos: ¿cómo será el proceso electoral de constiuyentes? Imposible no pensarlo como un plebiscito de la gestión Pullaro, con las consecuencias en los equilibrios de poder dentro y fuera de Unidos y su inevitable proyección nacional.
En eso están la UCR y el Partido Socialista. Las comisiones reformistas puntearán tema por tema de un borrador lo más fino posible para luego abrir la discusión al resto de la coalición. Luego será el turno de la oposición, en especial al peronismo, que es el otro gran actor partidario e institucional de Santa Fe.
La reforma ya entra en el radar de intendentes y presidentes comunales. Los municipios serán un capítulo central: autonomía, recursos, reelecciones, duración de los mandatos, carta orgánica sí o no, organismos de control, coparticipación, mecanismos de consulta popular, incumbencias y responsabilidades.
Los 12 intendentes y 55 presidentes comunales que le quedaron al peronismo no esperaron a que nadie los llamara para organizarse y discutir el tema. No quieren enredarse, como en el pasado, en un debate condicionado por la reelección del gobernador. “Esa es una discusión así de chiquita”, dicen. A diferencia de radicales y socialistas, no pueden descansar en un gobierno provincial propio ni en bloques parlamentarios con capacidad de condicionar. Por necesidad, pero también vocación generacional, asumen protagonismo.
Esa vocación protagónica excede la reforma constitucional. Pidieron una silla en la conducción del PJ y la obtuvieron. Aglutinados bajo el sello Vamos Santa Fe –salvo el funense Roly Santocroce que por cuestiones propias de su ciudad necesita desperonizarse– acceden a un diálogo “sincero y franco” con el gobierno de Pullaro y desde ya infinitamente más fluido del que tuvieron en los cuatro años de Omar Perotti.
También juegan en la Federación Argentina de Municipios. El representante santafesino, Pablo Corsalini, de Pérez, fue el delegado en el encuentro que organizó el exministro Gabriel Katopodis con mandatarios locales de todo el país en plan de pensar el futuro de un peronismo sin jefes excluyentes y que se prepara para definir en las urnas de 2025 los liderazgos emergentes.
Renovación de la Corte
El proceso de renovación de la Corte es el que el gobierno y Unidos manejan con mayor sigilo. Quieren tenerlo cerrado para fin de año, pero aparecen nubarrones en el horizonte.
Los primeros objetivos están cumplidos: uno de los ministros, Mario Netri, le puso fecha a su salida y la renovación está instalada públicamente. Pero nadie siguió sus pasos ni da señales de querer hacerlo.
“Por ahora no los asusta ni la posibilidad de perder 3 millones o más por mes de jubilación, que es lo que van a perder por el tope previsional si se jubilan después de la reforma previsional”, azuza un alto funcionario provincial.
Hay una fecha relevante para las intenciones de Unidos de renovar la Corte. La última semana de noviembre se elige quién la presidirá en 2025. Este año le tocaría a un ministro de Rosario, más específicamente a María Angélica Gastaldi, porque en 2023 fue Daniel Erbetta.
Hay un ruido en puerta allí: Gastaldi es una de las nominadas a irse del tribunal, entre otras cuestiones porque superó la edad límite. Sin embargo, la exfuncionaria y diputada reutemista transmite que se quedará al menos un año más para ejercer la presidencia. Si no fuese ella, debería repetir Erbetta, la “oveja negra” de esta Corte. La pregunta corre en los pasillos de la política y los de tribunales: ¿La ministra le está levantando el valor a su retiro o efectivamente se dispone a resistir?
Una alta fuente del Poder Judicial descree de esa posibilidad. “Gastaldi se quiere quedar, no quiere cederle ese lugar a Erbetta. No es la única que dice que no se va. (Roberto) Falistoco tampoco. Y diría que tampoco Spuler, a pesar de sus 80 años, tampoco tiene intenciones de irse”.
El escenario se complejiza. Rafael Gutiérrez, el hombre fuerte de la Corte y líder de la mayoría histórica, les pidió a los interlocutores de Unidos ser el último en dejar el barco.
En el gobierno confían en que el proceso “está ordenado”. “Esperen, todo a su tiempo”, insisten, enigmáticos. No muestran las cartas. Encuadran la renovación de la Corte como parte de los cambios que empujan en el Poder Judicial, que van desde los cambios en el MPA, lo específico del sector en la reforma previsional, el nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, entre otros.
Sobre nombres de reemplazantes y un eventual séptimo integrante a sumar, por ahora nadie aporta pistas. Tiene lógica cuidarlos si antes no se liberan las vacantes. Algo es seguro: el socialismo y el peronismo, por su representación institucional, tendrán posibilidad de proponer. En la UCR son varias las terminales interesadas en arrimar candidatos o candidatas al gobernador.
El tema del peronismo es una incógnita. ¿Con qué sector debería hablar el gobierno sobre este tema? ¿Con Omar Perotti como ex gobernador, con Lewandoski que sacó un montón de votos y es senador nacional pero no ejerce un liderazgo representativo de una mayoría del partido, con los senadores que sobrevivieron, con la mesa de conducción del partido que tiene a todos adentro pero presiden los senadores?
Por lo pronto, sorprendió el nombre que empezó a circular esta semana en un bloque legislativo de la oposición, porque proviene de uno de los ámbitos más cuestionados por el papel pasivo que tuvo en la tragedia de violencia y muerte que Rosario vivió en los últimos veinte años.
Indudablemente el futuro perfil del tribunal genera expectativas de un nuevo tiempo. La lapicera de Maximiliano Pullaro tiene la respuesta.
