Este martes pasadas las 10 de la mañana el ministro de Seguridad santafesino, Rubén Rimoldi y funcionarios de su equipo se presentaron en la Legislatura provincial para rendir cuentas sobre el fondo de Emergencia en Seguridad. Concretamente, sobre cómo se gastaron los más de 3.300 millones de pesos del programa para atender a uno de los problemas más acuciantes de la provincia y sobre todo de Rosario.
Rimoldi fue a la comisión bicameral de Seguimiento acompañado, entre otros, del secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez y del director de Administración Financiera, Gustavo Bode, sucesor de Ana Morel quien dejó su cargo a principios de enero, tras su polémica exposición, también en la Legislatura de octubre pasado, entre otras cuestiones.
Antes de ingresar a la reunión con los legisladores santafesinos, Bode adelantó algunos datos de su presentación que, paralelamente, difundió el propio gobierno provincial y que muestra cómo se usaron los 3.388.328.500 de pesos de la Ley de Emergencia 14.070.
Dicha cifra es la suma de los aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial (por 3 mil millones de pesos); y del 50 por ciento de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (332.801.483,88 de pesos).
“La asignación de los fondos fue realizada en un 89% para la adquisición de bienes de uso, con el fin de fortalecer el equipamiento necesario para atender la seguridad pública y al sistema penitenciario; obteniendo como resultado un incremento del patrimonio de la Provincia”, señala el informe.
“Es muy importante porque incrementa el capital de la Provincia –destacó Bode– y se destinó a la compra de camionetas, reparación de móviles y edificios”.
Sobre los 100 millones de pesos distribuidos a Unidades Regionales y sobre el que Tribunal de Cuentas hizo un llamado de atención, Bode justificó su uso como "partidas especiales" en la urgencia de “llegar de forma rápida y concreta a los problemas de la provincia”.
Qué pasa con los chalecos
Respecto de los chalecos antibalas que se compraron el año pasado, pero nunca llegaron, Bode confirmó que está en trámite la baja de la licitación anterior por incumplimentos de la empresa, algo que ya había observado la ministra de Gobierno Celia Arena. Y que ya se concretó la compra por misma cantidad de unidades –5.500– con Fabricaciones Militares. Para fines de febrero van a llegar los primeros 1.500 chalecos.
El detalle del gasto
Los fondos fueron invertidos en un 81% por la Policía, representando un monto de $2.737.888.990, el 9% fue destinado a la adquisición de sistemas de video vigilancia a través de convenios celebrados con Municipios y Comunas por un total de $299.937.272,00; mientras que el 10% restante de $332.801.483,88 fue destinado al Servicio Penitenciario, al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) y al Instituto de Seguridad Pública (Isep).
Si el análisis se plantea desde el punto de vista de los rubros en los cuales se invirtieron los fondos, se puede destacar que el 89% fue asignado a la compra de bienes de uso, un 9% a la adquisición de sistemas de video vigilancia y un 2% entre reparaciones de móviles, refacciones edilicias y bienes de consumo.
El 97% del gasto, entonces, estuvo concentrado entre compra de bienes de capital y los sistemas de video vigilancia.
