El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario desestimó una denuncia contra el senador provincial Armando Traferri por supuestas irregularidades con la entrega de subsidios a la fundación "San Lorenzo Solidario". La resolución lleva la firma de la fiscal de Delitos Económicos Natalia Benvenuto, quien argumentó "atipicidad de los hechos vertidos" en la presentación; es decir, para la funcionaria no hay delito que reprochar.

Traferri y otros legisladores fueron denunciados en junio 2017 por el entonces concejal Jorge Boasso. En el caso particular del senador por San Lorenzo, Boasso describió que "otorgó en 28 meses 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario, cuyo domicilio es el mismo que el de la oficina del senador, como así también que el tesorero y la secretaria de la Fundación serían sus asesores desde hace más de 12 años como personal contratado por el Senado".

Inicialmente, todas las investigaciones estuvieron a cargo de Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack. Tras una reestructuración en el MPA dispuesta por el Regional Patricio Serjal, sólo la causa contra el senador por el departamento San Lorenzo quedó en la sede Rosario.

Análisis y argumentos

Al tomar la causa en 2018, Benvenuto valoró que Traferri se presentó ante la Justicia y entregó documentación respaldatoria. De allí se desprende que efectivamente autorizó partidas para la Fundación, que se encuentra legalmente constituida e inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas. También que efectivamente las personas mencionadas trabajan con él en el Senado provincial y que el domicilio es el citado.

No obstante, la Fiscalía valoró que ello no constituye un delito. "Más allá de la discrepancia ético-moral que pueda caber sobre la cercanía de los administradores para con los senadores otorgantes, dicha circunstancia no es declarada incompatible por la Constitución Provincial, como tampoco surge de la ley provincial 13.230 de ética pública", esgrimió la funcionaria judicial.

Benvenuto remarcó además que "según balances y rendiciones de cuentas, destinaron los fondos a acciones específicas que fueron acreditadas, no encontrándose en ellas ninguna circunstancia que autorice sostener un destino diferente a los contemplados en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional" del Senado provincial.

Asimismo, señala: "No puede pretenderse atribuir a este Ministerio Público de la Acusación –atento a la prohibición de participar en asuntos de índole extrapenal– ser un órgano de contralor administrativo de estos subsidios otorgados, cuyo carácter es netamente de uso político, en el sentido de acciones que llevan adelante los representantes del poder democrático facultado para hacerlo y sobre actos discrecionales de sus facultades, exentos de control jurisdiccional".

“Lo que sí puede hacer –y corresponde a este Ministerio–, es evaluar si el otorgamiento de los mismos encuadra en alguno de los tipos penales, debiendo establecer si existió por parte de los funcionarios a cargo y/o los representantes de las personas jurídicas

receptantes administración indebida y/o algún comportamiento que configure una violación de los deberes que los concurren como tales, dándole en definitiva, un destino diferente al contemplado en el Plan de Fortalecimiento mencionado."

En ese sentido, concluyó que "no nos encontramos frente a un caso donde los subsidios otorgados hayan sido utilizados para un fin distinto al previsto al momento de constituirlos" y que "sus destinatarios fueron personas jurídicas autorizadas en el marco del Plan, con un objeto social propio al observado y cuyas aplicaciones han sido acreditadas a tal fin en el caso de Fundación San Lorenzo Solidario".