La Justicia contenciosa administrativa de provincia de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar presentada por una empresa de Rosario contra la Agencia de Recaudación de esa jurisdicción (Arba), a fin de poner freno “a la voracidad fiscal del organismo fiscal que le imponía elevadas alícuotas de retención y percepción, pese a que históricamente era acreedora del fisco provincial por sumas millonarias”.
Según indicaron fuentes de la causa, el tribunal tuvo especialmente en cuenta los antecedentes de la firma, a la que reiteradamente se le generaron abultados saldos a favor en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que la obligaron a iniciar “sucesivos, engorrosos y prolongados reclamos de repetición, algunos de los cuales continuaban en trámite”.
Tuvo en cuenta además que “vía percepciones, en solo un mes, se produjo un incremento desmedido, exponencial y continuo del saldo a favor del contribuyente, sin que la normativa provincial aporte ninguna herramienta legal para ponerle freno de manera inmediata y efectiva”.
En ese contexto, la Justicia ordenó a Arba que “excluya a la actora de los distintos regímenes de recaudación –retención y percepción– respecto del impuestos sobre los Ingresos Brutos, hasta tanto se resuelva el pedido de repetición/devolución del saldo a favor que tramita o la petición de reducción o atenuación de alícuotas de percepción y retención solicitada por la misma”.
Consultados por la medida, los abogados María Eugenia Salvatierra y Andrés Marcato, integrantes del departamento de Derecho Tributario y Aduanero del “Estudio Jurídico Casanova, Mattos, Salvatierra y Feser”, quienes gestionaron la medida, manifestaron que “a través de una medida cautelar autónoma se evitó judicialmente que el fisco continúe apropiándose vía retenciones y percepciones de sumas exorbitantes, que no tienen correspondencia alguna con la obligación sustancial que se pretende anticipar, en perjuicio del patrimonio de los contribuyentes”.
Al mismo tiempo, expresaron que “a partir de este precedente es de esperar que cada vez más contribuyentes recurran a la Justicia en protección de sus derechos a fin de equilibrar una relación de poder que genera, con más frecuencia de lo tolerable, situaciones de manifiesta inequidad e indefensión”.
