La Justicia autorizó a los presos de tres cárceles de la provincia de Buenos Aires a tener celulares para comunicarse con sus familiares mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y así reemplazar las visitas de allegados y amigos que los internos decidieron suspender para limitar las posibilidades de contagio.
La decisión la tomó el juez Mario Juliano, integrante del Tribunal Oral Criminal I de Necochea, ante una presentación de Defensoría General Departamental a favor de los presos.
La medida alcanza a los internos de las cárceles 15 y 44 de Batán y 37 de Barker. En total son unos 2.550 presos que podrán usar celulares. A comienzos de esta semana, un grupo de presos lideró una revuelta en la alcaidía de Batán en protesta por el ingreso de alimentos y productos de higiene entre otros planteos, que terminó con heridos leves.
“La telefonía celular resulta ser el medio idóneo para garantizar que los vínculos familiares no se interrumpan, contribuyendo, por añadidura, al mantenimiento de la paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dure la situación excepcional, por lo que corresponde habilitar su uso a las personas privadas de la libertad que se encuentren en condiciones de acceder a dicha tecnología”, explicó Juliano en su resolución.
La decisión fue consultada con el fiscal José Luis Cipolletti y con los directores de las cárceles de Batán y Barker, Pascual Letieri y Néstor Gascue, respectivamente. Los tres estuvieron de acuerdo.
Con la declaración de la emergencia por el coronavirus, los presos de la provincia de Buenos Aires comenzaron a decidir que sus familiares no vayan más a visitarlos. La medida la tomaron para protegerse ellos y a sus visitas ante un posible contagio. Fue voluntaria y alcanzó a todos los penales de la provincia. En las unidades no se registraron casos de virus, lo mismo en el Servicio Penitenciario Federal.
“La suspensión del vínculo con familiares y seres queridos representa un agravamiento en las condiciones de detención que debe ser atendido por los medios conducentes, mientras dure la emergencia sanitaria”, contextualizó el juez.
Así, entendió que el uso de celulares –algo que está prohibido en las cárceles pero que igual los internos tienen de manera clandestina, ingresados por visitas o por guardias desleales– era una medida adecuada para mantener la comunicación ante la suspensión de las llegadas de amigos y familiares.
El magistrado dispuso que sean las autoridades del SPB las encargadas de dictar la reglamentación del uso de los celulares “a la mayor brevedad que las circunstancias imponen”. También que esa reglamentación “deberá ser diseñada teniendo en consideración el principio republicano de razonabilidad que contemple: el acceso al uso, el control de las comunicaciones y la seguridad de los establecimientos”.
La medida se sostendrá mientras dure la emergencia sanitaria y se mantenga la suspensión de las visitas familiares: el juez pidió que se lo mantenga informado de los resultados. Pero también dejó abierta la posibilidad para que, cuando termine la emergencia, el uso de celulares continúe.
“Superada la emergencia sanitaria y restablecida la normalidad, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense deberán evaluar la conveniencia de mantener el régimen de excepción de acuerdo a los resultados que se observen, los que también deberán ser informados”, dispuso.
La situación sanitaria por el coronavirus generó varios reclamos en cárceles de todo el país y hubo cinco muertes en las cárceles de Coronda y Las Flores, en Santa Fe.
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