A las 7 de la mañana del martes 28 de febrero Sandra Gobbo escuchó movimientos en su chacra de Bigand. Con su marido Oscar Marinucci, familia que trabajó y vivió en esas tierras desde 1921 cedidas para su explotación por el fundador del pueblo, se alertaron. Afuera había policías, muchos. Un grupo rompió la tranquera y se metió en su campo de producción agroecológica. Asustada y entre llantos, Sandra llamó por teléfono a la diputada provincial Dámaris Pacchiotti. La legisladora que siguió el caso y había logrado junto a su par Lucila De Ponti una declaración de la Legislatura para frenar cualquier desalojo hasta solucionar el conflicto de fondo escuchó con sorpresa lo que ocurría. Fueron juntas al lugar pero agentes con sus rostros cubiertos les impidieron el paso.
"Desplegaron cincuenta policías y siete patrulleros sin aviso previo. Rompieron la tranquera y accedieron. La jueza comunitaria de pequeñas causas Carolina Mozzi no cumplió con la costumbre de comunicarse con las partes, en este caso dos personas de 60 años que vivieron toda su vida en el lugar, productores que no pudieron retirar sus medicamentos o algo de ropa. Fue un operativo de dimensiones desconocidas", denunció este viernes Pacchiotti en una conferencia de prensa compartida por legisladores de diversas fuerzas políticas y funcionarios nacionales.
Oscar Marinucci se descompensó y fue trasladado en ambulancia. Sandra Gobbo dejó su casa bajo amenaza de ser esposada. “Nos sacaron como dos delincuentes”, se quejó el matrimonio que no participó del acto por orden médica (están con un familiar en Bombal).
La diputada Pacchiotti agregó que “seis policías encapuchados no nos dejaron entrar ni transitar por un camino que es público, quedamos ahí por seis horas bajo el sol y nosotros íbamos también en representación del Estado”.
“La Justicia no puede ser una trampa”
Gabriela Durruty, abogada y coordinadora del Centro de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuestionó el desalojo porque “la acción de lanzamiento no está firme” y confió en que la Cámara de Circuitos superior “revertirá esta orden”.
Remarcó que una acción de este tipo debe concretarse con una fecha y una forma “que no se puede ocultar”, algo que en este caso hizo la flamante jueza comunitaria de las Pequeñas Causas Carolina Mozzi, responsable del operativo (la causa original la tramitó su par Sergio Verdura). El accionar de la Justicia “nunca puede ser una trampa”, denunció Durruty.
Si bien existe una declaración de la Legislatura para evitar una salida de este tipo mientras se debate un proyecto de expropiación que ya fue presentado, la flamante jueza cuyos pliegos se aprobaron a fines del año pasado “se presentó en sociedad de esta manera”, agregó la funcionaria.
Pacchiotti recordó que el pedido de intervención del gobierno provincial en el tema se hizo porque “esto trasciende un conflicto entre privados y afecta al pueblo, al punto que la Fundación Honorio Bigand que pidió el desalojo quiso el año pasado también cercar el cementerio del pueblo y antes de eso expulsó a otros 25 productores históricos de la zona”.
“Por eso pedimos también que se investigue el accionar ilegítimo de la Fundación que no tiene nada que ver con los objetivos para lo que fue creada”, añadió la diputada de Ciudad Futura.
Una extraña filantropía
La última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Bigand, creó antes de morir la Fundación Honorio Bigand (el nombre de su abuelo). Tras fallecer en 2004, la institución quedó en manos de abogados de Buenos Aires que iniciaron un lento pero persistente proceso para remover a las 26 colonos que arrendaban las 3.500 hectáreas (a cambio de un porcentaje de la producción).
Si bien los letrados negaron que su objetivo sea apropiarse de esos terrenos en contra de la voluntad de la heredera (cuyos fines eran benéficos y que le daba prioridad a los arrendatarios), lo cierto es que ya no queda ninguna de esas familias campesinas en el lugar.
“La Fundación faltó al compromiso de los herederos de Bigand y sus miembros ni siquiera viven en la región. Al final todo ese operativo de dimensiones era solo por seis hectáreas (donde vivían Marinucci Gobbo) y que la familia demandaba para poder seguir subsistiendo”, afirmó De Ponti, del Movimiento Evita-PJ.
“De los 25 mil productores desalojados en el campo (11 mil santafesinos), 26 familias fueron a manos de esta Fundación de abogados porteños que deben haber visto un tractor en películas, y están lejos de ser una asociación filantrópica como había pedido la última heredera”, aseguró el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Toniolli.
“Mandan 50 policías y siete patrulleros contra un matrimonio de 60 años que se queda sin casa y no ves a tantos agentes juntos en Rosario nunca. Ceden ante el poder de esta Fundación”, cargó.
El modelo y la reacción de Perotti
El presidente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Miguel Gómez, sumó un contexto de tensión con los productores en la actualidad. Dijo que en su gestión acompañaron 180 cursos de desalojo y frenaron 130, pero 50 familias perdieron su sustento.
“Tenemos que pensar nuevos paradigmas productivos que tengan a las personas en el centro, que fue lo que acá no pasó. No podemos seguir con el modelo de un campo sin gente”, resumió.
“¿Qué país queremos construir para las futuras generaciones? Necesitamos un Estado presente pero no con policías para desalojar sino con políticas activas”, agregó el titular del ente que depende del Ministerio de Agricultura nacional. Contó, además, que desde Máximo Paz se solidarizaron con el matrimonio de productores despojados y ofrecieron un espacio para que vuelvan al trabajo.
El diputado Carlos Del Frade añadió una capa que hizo aún más increíble el despliegue policial del martes pasado. “El jueves –introdujo– estuvimos en la Junta provincial de seguridad en donde manifestamos nuestro repudio y la solidaridad con las diputadas”.
“Al final, el gobernador (Omar) Perotti nos dijo que fue una barbaridad lo que se había hecho, que claramente no era la forma de actuar y quedó en ver cómo lo podía reparar”, confió el legislador del Frente Social y Popular.
Del Frade marcó la presencia en la sede del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) de Ana Galmarini, del histórico Movimiento Mujeres en Lucha que se opuso a los desalojos en los 90. La propia Galmarini dijo a Rosario3 que sentía “mucha tristeza” por lo ocurrido tantos años después y sobre todo con gobiernos que en principio deberían proteger a los pequeños productores. “En el momento del operativo, la Mesa de Enlace, con la Federación Agraria, pedían subsidios por la sequía, que es una consecuencia de este modelo productivo (de monocultivo con agrotóxicos)”, comparó. El además periodista y escritor habló del “vacío institucional” que implica para el Poder Legislativo de la provincia haber votado de forma unánime un proyecto para frenar el desalojo que no tuvo efecto alguno. “Estas acciones perforan la calidad de la democracia”, definió. Matilde Bruera, ex Defensora Pública federal, abogada de organizaciones de derechos humanos y actual diputada provincial del peronismo, pidió a sus pares iniciar un juicio político a la jueza de Bigand Carolina Mozzi. Entre los argumentos, dijo que “el único sentido del accionar policial era la represión de la protesta social” por una eventual movilización para acompañar al matrimonio de productores. “Esto fue un despojo ilegal porque la medida no está firme (fue apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, dijo. “Además, ¿cómo van a impedir que dos diputadas pasen, por qué se hizo sin defensa ni asesoramiento de los productores, que era su vivienda única y hace 100 años que esa familia vive ahí?”, planteó e ironizó: “No se puede naturalizar que una jueza de Pequeñas Causas haga esto, y menos mal que es de pequeñas causas sino manda el Ejército al pueblo”. Agustina Donnet (bloque Igualdad junto a Rubén Giustiniani) agregó que presentarán un pedido de informe sobre el accionar policial del martes pasado y coincidió: “Esta Fundación no tiene legitimidad para quedarse con estos bienes”.Por qué un juicio político a la jueza
