En el contexto de la cruda escalada de violencia e inseguridad que atraviesa Rosario, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones Aníbal Pineda trazó un profundo análisis de la realidad, con medidas urgentes a adoptar en materia de controles en las cárceles, reestructuración de la Justicia y de la policía provincial para paliar la crisis, pero también bajo la necesidad de plantear una discusión “sincera” acerca del mercado ilícito de drogas y el consumo.
Para el funcionario, uno de los principales problemas e impedimentos para atacar el delito es el alto volumen de trabajo de la justicia federal en Rosario, que no se condice con la cantidad de recursos. En concreto, precisó en el programa Radiópolis (Radio 2) que dicta “20 sentencias por día” en múltiples fueros, no solo el penal, que se traducen en unas “5 mil por año” y muestran “lo saturado que está el sistema”.
“Hace 43 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario. El 35 por ciento de los cargos están vacantes, sobre 10 jueces federales de la provincia, 6 están cubiertos y 4 están vacantes”, agregó. En la práctica esto implica, según explicó Pineda, que un magistrado de la ciudad deba atender causas locales y también de Rafaela o la capital provincial, simplemente porque no están cubiertos todos los cargos disponibles.
También consideró necesario “reformular la policía provincial” porque perdió el control del territorio y acompañar “la transición hacia la nueva conducción” con fuerzas federales, en respuesta a lo postulado por algunos dirigentes políticos nacionales como Patricia Bullrich, quien reiteró que “el Ejército” debería intervenir en la ciudad.
Al mismo nivel de urgencia ubicó la premura de cortar la comunicación de personas detenidas con el exterior para ordenar amenazas, crímenes y otros delitos, un tema que está en agenda desde hace mucho tiempo pero que esta semana tomó más vuelo a partir de nuevas intimidaciones a jueces y fiscales federales de la región, perpetrados por un narco desde la cárcel.
Procuradores y fiscales expresaron su preocupación por el narcotráfico en Rosario y Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, llamó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández para pedir más protección a los jueces de Santa Fe.
Pese a esto, Pineda no cree que la solución sea que los jueces trabajen fuera de la ciudad y señaló que lo hacen “con cautela” y en algunos casos con “medidas de seguridad y custodia”. En cambio, instó a empezar a “analizar con sinceridad las causas” de la crisis de violencia e inseguridad desprendida del narcotráfico.
En ese plano habló del mercado de drogas, un posible control y legalización del consumo, factores más profundos de una discusión que considera necesaria porque es una de las raíces del problema. “Lo que motiva todos los homicidios y lo que genera el flujo de dinero para que haya corrupción carcelaria, policial, y si querés política y judicial, es que hay un mercado de drogas, un consumo alto”, dijo.
En consecuencia, opinó que como Estado deben abocarse a “disminuir ese mercado”. Por un lado, con “políticas de salud, educación y publicidad” sobre los perjuicios y daños a la salud que puede producir el consumo, pero también con un enfoque de control y legalización.
“Ninguna acción por sí misma va a solucionar el problema, es complejo y hay que abordarlo en todos los sentidos. También hay que repensar qué hacemos con la venta de droga, poner en ojo en el consumidor y en la demanda, en tratar de disminuir el consumo y también hay que sincerar una cuestión, que la gente consume estupefacientes, entonces hay un mercado ilícito. El narco recibe dinero a diario de este consumo”, explicó.
Al respecto, expresó que, aunque no hay estadísticas oficiales actuales, a partir de los registros de causas federales se puede establecer que “un 30 por ciento del ingreso narco en Rosario es por venta de marihuana”.
“Si le queremos pegar al narco, cuánto menos poderoso sería el crimen organizado en Rosario si le sacas ese 30 por ciento de los ingresos”, se preguntó. Además, puso como ejemplo que países como Estados Unidos y Alemania han avanzado en políticas de despenalización de la tenencia simple de dicha droga y poseen proyectos de legalización en el ámbito nacional.
