Después de la salida de las cárceles de 2.300 presos bonaerenses, todos los ojos apuntan a Víctor Horacio Violini, el juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que firmó la resolución.

Entre los liberados, según denunciaron intendentes bonaerenses, se encuentran imputados por abuso sexual infantil, quienes regresaron a sus barrios y se alojaron cerca de sus víctimas.

Pero a través de Twitter, el juez Violini lo negó. "El hábeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario" de condenados por "delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual p delitos cometidos con violencia".

El magistrado consideró la argumentación de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, que . Estos últimos exigieron la liberación de aquellos reclusos identificados como “población de riesgo” ante la pandemia por coronavirus. La defensa presentó un hábeas corpus para exigir su liberación y el pasado 23 de abril fue firmada por el magistrado.

No obstante, la situación escaló luego de que uno de los detenidos liberados, Pedro Olmos de 68 años, regresó a su domicilio. Olmos fue detenido en septiembre del 2019 tras estar prófugo durante cinco meses por el abuso sexual de una chica de 13 años. Su hogar, ubicado en el barrio de Burzaco, está a menos de cinco kilómetros de la casa de su víctima.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó en duros términos que presos que forman parte del grupo de riesgo sean beneficiados con la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por coronavirus y sentenció: “Si fuera por mí no sale ninguno”.

“Es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces”, sostuvo el funcionario en una entrevista televisiva.