El drama sanitario
“Rosario y el sur provincial son el epicentro de la pandemia”, dijo la ministra de Salud Sonia Martorano. Récord tras récord escala el vertiginoso ascenso de casos y fallecidos. También escala la presión económica por reabrir más actividades, aunque no aparece la luz al final del túnel ni el deseado achatamiento de la curva.
Los gobiernos incrementan camas y respiradores. Esto debe tenerse en cuenta: que la ocupación de camas se mantenga entre 90 y 100% es a costa de habilitar más y más plazas y no porque se haya estabilizado la cantidad de enfermos. Es el trabajo del personal lo que está resentido y no hay forma de reponer ni aliviar.
La contracara del drama que vive el sistema sanitario es el clima de anomia que se fue instalando en la calle. El fenómeno es extendido. Francia, con un gobierno liberal, recurrió al toque de queda en 7 grandes ciudades, una medida inédita desde la guerra con Argelia.
El margen de maniobra se estrecha. El instinto de preservación de los políticos se prueba contra el aluvión de descontentos y demandas. Funcionarios de salud, médicos y enfermeros se agarran la cabeza.
El desaire que el gobernador de Mendoza le hizo al presidente tras el decreto de regreso al ASPO, el gobernador Perotti ya lo vivió en mayo con los comerciantes del interior que se rebelaron contra la prolongación del primer cierre; y en septiembre con los intendentes, propios y ajenos, que hicieron un guiño resignado para que los comercios abrieran igual. No fueron sólo Pedretti de Roldán o Chiarella de Venado Tuerto, sino todos en los cinco departamentos del sur. Hay una complejidad ahí que excede los colores partidarios.
Fiscales en el margen de la ley
El próximo jueves, la Legislatura destituirá al fiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy en prisión preventiva por cobro de coimas a empresarios del juego. En la misma sesión conjunta se suspenderá por 6 meses al fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco. Es la máxima sanción antes de la remoción.
En realidad Blanco debería ser removido. Su conducta, sus vínculos con un vendedor de drogas, con visitas incluidas a la vivienda donde desarrollaba el negocio, el intercambio de información, son inaceptables. Y son lapidarias las escuchas telefónicas que obtuvo la Justicia federal mientras seguía al comercializador David Roldán.
De las escuchas también se desprenden indicios de al menos “dos arreglos” para aliviar situación penal de personas acusadas. La Auditoría de Gestión encontró indicios en los legajos en cuestión que dan verosimilitud a la acusación. Por eso la comisión bicameral dejó abierta la posibilidad de profundizar la sanción. Es decir, cuando vuelva de la suspensión sin goce de haberes, Blanco deberá cuidarse hasta de no ir despeinado a trabajar.
Si Blanco no corre la suerte de Ponce Asahad es porque lo defendió a capa y espada el senador de General López Lisandro Enrico, quien lo considera un fiscal activo, trabajador y dispuesto. Incluso pidió archivar la denuncia de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público.
El peronismo, tras la caída de Serjal y Ponce Asahad, fue a fondo contra Blanco. El Frente Progresista finalmente “bancó” al senador Enrico e impidió que “su” fiscal fuera destituido, pero tampoco podía inmolarse. Blanco se queda, pero con la máxima sanción.
Ahí radica el grave problema que tiene el sistema disciplinario que fue cuestionado por la Justicia. La suerte de fiscales y defensores termina definiéndose de acuerdo a padrinazgos y las lógicas de negociación del Poder Legislativo que no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Fiscales y defensores entran en “el toma y daca”, los “de ustedes y los nuestros”, “hoy por vos, mañana por mí”.
Cenando con los senadores
Para limar asperezas, el gobernador reunió el martes pasado a los senadores del PJ en torno a un asado. Estuvieron 10 de los 12. Hablaron del Presupuesto 2021 y de temas institucionales, entre ellos las leyes de seguridad que ingresaron este viernes.
Los caciques le reiteraron a Perotti que necesitan interlocutores con poder de negociación y “tener un acercamiento político de una vez por todas” que resuelva los problemas que tienen en los departamentos y que le permita levantar vuelo a la gestión.
La muestra determinante de esos problemas es la ley que estableció un aporte económico para docentes y asistentes escolares reemplazantes. Se empezó a discutir en junio, la aprobó diputados, la modificó el Senado y cuando volvió a la Cámara baja se convirtió en ley por unanimidad. Inexplicablemente el Ejecutivo la vetó, dejando en orsai a los propios justicialistas que a esa altura, al igual que los opositores, no se explicaban por qué en todo ese tiempo el gobierno no presentó sus objeciones o propuestas. La semana pasada la Cámara de Diputados rechazó el veto del gobernador por unanimidad. Los llamados desde lo más alto de la Casa Gris a los diputados del PJ no surtieron efecto. Los senadores iban a hacer lo propio. Perotti en persona les pidió que no lo hicieran.
Además del asado y la charla cara a cara, Perotti hizo otro gesto: les habilitó una reunión con el contador Walter Agosto el mismo miércoles “para hablar de números en función de la política y no sólo de caja”, es decir para que puedan plantearle los requerimientos de financiamiento, en especial de obras, que necesitarán en sus departamentos en 2021.
Los senadores devolvieron el gesto. Congelaron el rechazo al veto y se dispusieron a dar media sanción al proyecto “Santa Fe + conectada” con el pedido específico que les hizo Perotti de hacer combo 2x1: meter en la misma ley la modificación estatutaria de Enerfe, que ejecutará el plan, con la autorización para endeudarse por 100 millones de dólares. La falta de acuerdo en un par de párrafos con el ministro Rubén Michlig y Marcos Corach pospuso el tratamiento para la semana próxima. Nótese ese detalle: los dos funcionarios que negocian con la Legislatura pertenecen al estrecho círculo perottista.
Reforma y fondos para seguridad
Finalmente el Poder Ejecutivo envió el paquete de leyes de seguridad a la Legislatura provincial en concordancia con la formalización de los 3.000 millones que el presidente Alberto Fernández prometió en su último paso para Rosario. El dinero se destinará a equipamiento tecnológico en función de dos o tres ejes sobre los que machaca el ministro Marcelo Sain: producción y procesamiento de información, análisis de la problemática criminal de cada región de la provincia o área de una ciudad y controles sobre la fuerza y de las tareas de policiamiento.
La solidez técnica e innovadora de los proyectos de Sain ahora enfrentará en la Legislatura un sinnúmero de intereses que se verán afectados si se modifica el despliegue territorial de la Policía y la forma de vincularse con los actores económicos, sociales y el poder político.
Que el proyecto haya ingresado por la Cámara de Diputados es indicativo de esas tensiones. La Casa Gris apuesta a conseguir un buen acuerdo con el Frente Progresista para llegar más fortalecido al Senado, donde el trámite será difícil, no sólo porque las leyes licúan el control de los senadores sobre la seguridad en sus departamentos, sino también porque las acusaciones de Sain no parecen tener retorno. Cabe recordar que dos veces la Cámara alta repudió por unanimidad declaraciones del ministro.
También se conoció esta semana que el Ministerio de Seguridad de la Nación instala una delegación permanente en Rosario. Por un lado seguirá de cerca las causas en la Justicia federal; por el otro elevará al plano político la coordinación territorial entre fuerzas provinciales, nacionales y municipios.
Una noticia trascendente después de los cruces por los refuerzos de las fuerzas federales que en los últimos tiempos resintieron la relación entre los ministerios de Seguridad de provincia y Nación.
