El país surfeó otra semana de tensiones, marcada por el brutal índice de inflación, los eternos rumores de cambio de gabinete y la centralidad de la vicepresidenta Cristina Fernández que ni el acontecimiento del nacimiento de un hijo presidencial en ejercicio relegó a segundo plano.
Martín Guzmán seguirá siendo ministro de Economía. No sólo no se va del gabinete sino que adelantó que se va “a gobernar con los que estén alineados con este programa económico”. Todas las miradas se orientaron a las secretarías de Comercio Interior y de Energía, donde se cocinan asuntos demasiado sensibles como para que exista doble comando: inflación, restricciones energéticas y tarifas de servicios públicos. Guzmán también lanzó un mensaje al cristinismo: “Se necesita apoyo político, porque la economía no funciona en un vacío”. Tampoco se irá Matías Kulfas del Ministerio de la Producción, otro de los apuntados por el cristinismo.
Lo que no está claro es qué piensa hacer el presidente con los dos ministerios esencialmente políticos del gobierno: Jefatura de Gabinete y Ministerio de Interior. Juan Manzur perdió el ímpetu inicial, tuvo diferencias con el presidente y se corrió de la escena pública. El camporista Eduardo Wado De Pedro responde a otra línea política y escrudiña su propio futuro electoral. Sin embargo, ambos funcionarios representan más que a ellos mismos.
El tucumano referencia los intereses de los gobernadores del norte grande, a los que en estos meses les proveyó línea directa y les bajó recursos, programas y obras. Todo ese grupo se siente más cerca de Cristina que del presidente y ambiciona disputar poder con un precandidato a presidente en una hipotética Paso del Frente de Todos en 2023. Manzur y el chaqueño Jorge Capitanich son los primeros que mostraron intenciones.
De Pedro es Cristina, y el Ministerio es su plataforma de proyección electoral futura en provincia de Buenos Aires. El presidente considera que es difícil correrlo sin que se lea como una afrenta al otro sector, pero al mismo tiempo pretende tener un vínculo más directo con las provincias, y esa cartera es el nexo natural.
El clima entre los gobernadores está revuelto y es casi de asambleísmo. Hace 7 días el propio presidente, funcionarios de su confianza y hasta el santafesino Agustín Rossi desactivaron de urgencia un encuentro entre gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones que estaba organizado para el martes. Si bien el motivo formal del encuentro era expresar la preocupación por los efectos del enfrentamiento entre el presidente y la vice, todo bajo una pátina de institucionalismo federalista, en la Casa Rosada comprendieron que sería interpretado como una presión de los gobernadores al presidente. La reunión se pasó para este lunes, aunque es probable que no estén todos los que iban a estar hace una semana.
En el último año florecieron asociaciones de poder regional: El Norte Grande, La Liga Patagónica, Región Centro, etc. Una novedad para un país en el que el poder central históricamente ordenó las relaciones con las provincias de forma radial y concéntrica, e intervino cada vez que percibió que el vínculo económico-institucional entre dos o más gobernadores amagaba con tomar volumen político. Esa es la explicación, por ejemplo, de por qué la Región Centro, que nació como una alianza geográfica entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para equiparar el peso de la provincia de Buenos Aires, jamás pudo inclinar la balanza a su favor.
La insatisfacción con la capacidad de la democracia para resolver las demandas de la sociedad está poniendo a prueba los cimientos de la democracia misma
En ese sentido fue toda una curiosidad que en la reunión de los tres gobernadores en Santa Fe capital, el santafesino Perotti, que hasta aquí siempre había sido muy austero a la hora de pronunciarse públicamente sobre las asimetrías que favorecen al AMBA en materia de subsidios, esta vez se plegara a la crítica directa y abierta de Juan Schiaretti, un gobernador despojado de compromisos con el Frente de Todos, a diferencia de Bordet que está muy cercano al presidente.
Unos días antes Perotti, Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta habían compartido el lanzamiento de la programación de CNN Radio en Buenos Aires, convocados por Guillermo Seita, socio de la cadena en el país y consultor común a los tres. También estuvieron el santiagueño Gerardo Zamora y el juez Ricardo Lorenzetti.
Uno de los argumentos que usó el presidente para desactivar la reunión de gobernadores fue que en pocos días haría cambios. Sin embargo pasó la semana y no hubo novedades. Ese dejar transcurrir sin señales claras juegan en contra del gobierno y desconciertan a la militancia, el peronismo, los gobernadores, la pata sindical, las organizaciones sociales. ¿Si no están convencidos los propios, cómo van a convencer al resto de la sociedad?
El ensayo para superar ese déficit fue el acto que organizó Agustín Rossi en Rosario hace 7 días y del que participó gran parte del gabinete. Tuvo amplia repercusión nacional y permitió hacer escuchar la voz del albertismo cuidando de evitar el cuerpo a cuerpo con el cristinismo. Un Agustín Rossi es lo mejor que le puede ocurrir al gobierno, que no tiene quien haga la labor que, por ejemplo, en tiempos de Menem hicieron Bauzá, Corach o Kohan. O el propio Fernández con Néstor Kirchner.
Son déficits elementales que justifican la preocupación de los gobernadores por la gobernabilidad y por la paralización de ciertas áreas por las internas. El presidente tiene que definir un rumbo y ofrecer una plataforma de certidumbre porque a medida que pasa el tiempo el gobierno se debilita en lo político y ante los actores del “poder real”, según la expresión que usó la vicepresidenta en la cumbre de EuroLat.
Rossi por ahora ayuda desde afuera. Es evidente que el presidente tiene dificultades para generarle un lugar en el gabinete, por lo que se explicó más arriba en relación a Manzur y De Pedro. En menor medida también porque el gobernador de Santa Fe lo vería como una afrenta. Como dice el propio Rossi, después de perder la interna su sector había descendido a la calle colectora, pero tres hechos lo devolvieron en poco tiempo a la ruta principal: el nombramiento de Germán Martínez como jefe de la bancada de diputados nacionales, el lanzamiento de la precandidatura de Leandro Busatto a la Gobernación y el reciente acto en el Patio de la Madera que lo invistió como una de las principales espadas políticas del presidente. Acto que al mismo tiempo visibilizó a La Corriente como un espacio alternativo en el peronismo santafesino, aunque disminuido en relación al del gobernador Perotti.
El déficit para hacer política y comunicar del gobierno quedan más en evidencia cuando aparece Cristina Fernández en la escena como protagonista, como ocurrió esta semana ante un foro internacional. La vicepresidenta defendió la posición Argentina con respecto a la guerra en Ucrania sobre en base al principio de integridad territorial que el país sostiene desde mucho antes de Malvinas, en oposición al principio de autodeterminación de los pueblos. Eso hizo que en su discurso Cristina reivindicara la condena de su gobierno al plebiscito de 2014 promovido por el separatismo prorruso.
Sostuvo que "todos los países del Consejo de Seguridad (de la ONU), salvo China, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional" en referencia a Estados Unidos, Francia e Inglaterra para señalar que, al igual que ahora Rusia, esas potencias también violaron leyes internacionales cuando le convino. Citó el caso de “la base de la OTAN” en las islas Malvinas, a 14 mil kilómetros del Reino Unido. Si bien no lo explicitó, bajo esa línea argumentativa su opinión era que Argentina no debía votar por la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de ONU. En la explicación que dio el Canciller Cafiero, la decisión que tomaron con el presidente para votar en contra de Rusia estuvo influida por las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Cristina no le pasa desapercibida a nadie. Puede gustar o no, generar rechazo la tribuna que fue a vivarla en un ámbito como EuroLat, pero es palpable que conserva una claridad conceptual y una mirada del orden mundial vigente en el que se desenvuelve la Argentina y la región, que no es sólo del orden de lo discursivo, si no de lo político.
El discurso estuvo en la línea de lo anticipado en este espacio dominical hace siete días. Cristina frecuentará la agenda internacional para decir lo que acá no puede decir de forma directa sin profundizar las heridas abiertas en el oficialismo.
Cristina quisiera políticas más activas en materia de redistribución pero habló en términos generales porque tras la pandemia y la estampida de precios internacionales por la guerra, la discusión redistributiva se está dando en todos los países según sus particularidades. Habló del capitalismo como “el modelo económico que demostró ser el sistema más eficiente para la producción a escala de bienes y servicios” que necesita la humanidad pero también habló de regulaciones y controles. “La clave para abordar el problema de la desigualdad es la discusión que se viene: si el proceso capitalista lo conducen las leyes del mercado o las leyes del Estado”.
Se la escuchará mucho a Cristina hablar en el futuro de las normas regulatorias de capitales. Fue uno de los tres ejes de la agenda de intereses comunes sobre los que acordaron con el embajador estadounidense Marc Stanley durante la visita de éste último al Congreso. Los otros dos asuntos son derechos humanos y trata de personas. El intercambio incluyó la interiorización del embajador en el proyecto de ley para crear un fondo en moneda extranjera para pagar la deuda del FMI y cambios en las leyes que regulan el secreto bancario, fiscal y bursátil.
Aunque parezca algo lejano y hasta quizás amañado por intereses propios, la pregunta que lanzó la vicepresidenta en la asamblea de EuroLat sobre si la actual ingeniería institucional del Estado permite dar respuesta a las demandas de la sociedad, es de rigurosa actualidad.
La vicepresidenta lo planteó en términos globales, en un escenario donde el Estado se muestra impotente para administrar la acumulación de ganancias, pero a escala mucho menor la pregunta se puede aplicar a la ineficacia (que no es sinónimo de ineficiencia) del Estado para garantizar servicios públicos, infraestructura básica, seguridad, convivencia, en sociedades que han cambiado radicalmente.
Para la oposición argentina es inevitable interpretar allí un intento por moldear un Estado a medida de los intereses particulares de la vicepresidente. Pero hay que correrse un momento de la puja política para ver el bosque completo, porque la insatisfacción con la capacidad de la democracia para resolver las demandas de la sociedad está poniendo a prueba los cimientos de la democracia misma.
Y hablando de pujas de poder, este lunes está previsto que el presidente de la Corte Horacio Rosatti se haga cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, en base a un fallo de la propia Corte que el año pasado declaró inconstitucional la composición con 13 miembros del Consejo de la Magistratura de 2006. Después de 15 años, el tribunal fijó un plazo imperativo e incumplible de 120 días para dictar una nueva ley, o vencido el plazo se volvería a la conformación anterior.
En la conformación anterior, la propia Corte presidía el Consejo de la Magistratura, algo que la ley de 2006 desterró (también en Santa Fe la Corte está excluida del Consejo), bajo el principio de que la misión de los jueces es administrar justicia, mientras que la selección de nuevos magistrados y la administración económica descansa en un órgano mixto integrado por colegios profesionales, legisladores y el Ejecutivo. Correr a la Corte de estos órganos es relevante para reducir el corporativismo que imperó tantos años en el Poder Judicial y que permitía a un puñado de jueces acumular un poder enorme a partir del control de los recursos económicos y la influencia para la selección de los magistrados.
Más allá de que el Consejo debía ser modificado porque no funcionaba y terminó paralizado por la grieta política, la imposición de un plazo de 120 días al Poder Legislativo suena arbitrario. Ojalá la Corte hubiera sido tan expeditiva con la deuda que Nación tiene con Santa Fe, como lo es para recuperar ella misma el control del Consejo la Magistratura. Aquel fallo lleva seis años de sentencia firme y la provincia todavía no vio un peso con el argumento de permitir la oportunidad que las partes se pongan de acuerdo.
