"El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini", así comienza un descargo que el ex presidente Mauricio Macri hizo público este domingo, a través de una carta y desde Europa, con relación a la causa del Correo Argentino.
En un largo escrito, el ex mandatario señaló que la investigación judicial pone "en juego la integridad" de su familia y "la idea misma de Justicia", y cuestionó el rol de la fiscal Gabriela Boquín: "Rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y sólo se preocupó por perseguir su quiebra".
Esta acusación de Macri tiene lugar luego de una movida judicial de Zaninni, que la semana pasada se presentó ante el juez Ariel Lijo para pedirle una copia del informe contable sobre la deuda del Correo a fin de llevarla al expediente en donde el funcionario reclama la quiebra de la firma ligada a Macri.
Según relató el ex presidente, en 2001, Correo Argentino SA tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores "por los graves incumplimientos de los compromisos del Estado Nacional". "En efecto, a los pocos meses de haber asumido, Néstor Kirchner rescindió la concesión del Correo violando el debido proceso. Además, en un acto inconstitucional, le robaron a la empresa todos los activos: la totalidad de su equipamiento, vehículos, instalaciones, infraestructura, sistemas y hasta el dinero en las cuentas bancarias. El Estado nunca pagó ni un peso por esos activos. A partir de ahí, el gobierno kirchnerista rechazó todas las propuestas concursales que siempre contaron con la aprobación de los síndicos y el acompañamiento de la casi totalidad de sus 700 acreedores", señaló en el texto.
"Esta situación anormal se dilató durante los últimos 18 años. Agotados por el atropello político y judicial, y sin expectativas de encontrar justicia, recientemente los accionistas aprobaron el pago del 100% de la deuda y el pago de todos los intereses de esa deuda, según la Justicia determine", amplió.
En abril de este año, con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Pedro Diez, el Gobierno se presentó ante la jueza Marta Cirulli con un escrito en el que acusó a Correo Argentino -cuyo controlante es SOCMA- de tener "mala fe" y buscar "dilatar el proceso" del concurso abierto desde 2001 y solicitó la quiebra. En el documento oficial se desestimó la mencionada propuesta de pagar de una vez y al contado 1.011 millones de pesos o lo que la Justicia determinase como crédito.
Además, el Procurador del Tesoro expuso en aquel momento su rechazo a que el Estado fuese un "acreedor hostil", que fue un calificativo formulado por el grupo empresarial durante el concurso de acreedores; e instó a que Socma abone una suma superadora para rendir sus cuentas con el fisco. La propuesta que presentó en marzo pasado el abogado Jaime Cibils Robirosa, representante del grupo Socma, modificó la oferta de 300 millones de pesos y en cuotas que propuso la empresa en 2016 y que el gobierno de Mauricio Macri aceptó -y luego anuló-, en un hecho que fue criticado por tratarse de una colisión de conflicto de intereses.
Sin embargo, ese último monto sugerido está lejos de lo que estima la fiscal que interviene en el caso, Gabriela Boquín. La propuesta se hizo luego de que la jueza Cirulli, a instancias de la procuración que conduce Carlos Zannini, declarara, el 3 de marzo último, que “el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor”, dejando así abierta la puerta para avanzar contra la controlante de la empresa postal y sus accionistas.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos, y no los $1011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.
