La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este jueves el procesamiento a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, por el presunto delito de "peculado" que dictó el juez Claudio Bonadío.
La causa se originó a raíz del traslado de mobiliario particular en aviones de la flota presidencial, informaron fuentes judiciales.
El juez Bondadío consideró que hubo un uso ilegal de aviones presidenciales para el envío de diarios a la provincia de Santa Cruz, además de muebles.
La Cámara no consideró delito que se hiciera llevar los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones. Sin embargo, la procesaron porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner.
Esta causa contra la senadora nacional y ex presidenta surgió a partir de declaraciones de testigos en la causa de los cuadernos de las coimas. Pilotos y el personal que trabajó con los aviones de la flota presidencial indicaron que los vuelos eran motivados por el traslado de diarios y otros elementos personales, como muebles.
Por otro lado, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Oscar Parillili, el ex secretario de la Presidencia de la que dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial, de donde salían los fondos para los vuelos.
Para Bonadío, Parrilli era el autor del delito de peculado pero la Sala I de la Cámara entendió por mayoría la falta de mérito porque no se encontraron elementos objetivos en el expediente que permitieran corroborar que su responsabilidad en esos traslados, señaló Infobae.
Cristina Kirchner asumirá la vicepresidencia con diez procesamientos confirmados (algunos de ellos ya en juicio oral) y dos prisiones preventivas vigente (Memorándum y cuadernos). El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre dos y diez años de prisión.
