Con la expectativa de que la Cámara alta sancione lo más pronto posible la ley de financiamiento de las universidades nacionales aprobada la semana pasada en Diputados, los rectores de todo el país convocaron a reuniones con los senadores de sus provincias para pedirles que apoyen el proyecto. A la vez, se analiza la posibilidad de convocar a una nueva marcha federal en defensa de la educación pública para el caso de que la iniciativa sea rechazada o vetada por el Poder Ejecutivo luego de una eventual aprobación.

Los rectores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y de la del Litoral (UNL), Enrique José Mammarella, tienen pensado convocar para principios de esta semana a los tres senadores por Santa Fe, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y el peronista Marcelo Lewandowski.

Les pedirán todo lo posible para acelerar el tratamiento del proyecto y, por supuesto, que voten a favor.

A la par, el frente gremial maneja la posibilidad de convocar para la primera quincena de septiembre a una nueva marcha federal en defensa de la educación pública como la de abril pasado. Aquella movilización fue muy masiva y obligó a la administración de Javier Milei a descongelar el presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades, muchas de las cuales advertían que si eso no sucedía iban a tener que cerrar.

El problema ahora pasa fundamentalmente por el retraso salarial de los docentes, que esa semana realizan un nuevo paro de 48 horas.

La situación vuelve a poner en guardia a los rectores, pues entienden que otra vez corre peligro el funcionamiento de las casas de estudio.

El 30 de este mes habrá una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en La Pampa y allí podría decidirse darle impulso a la marcha federal. Por eso, los rectores quieren llegar a ese encuentro o bien con el trámite legislativo de la ley completo, algo ya improbable, o al menos con una idea de lo que puede pasar con la norma que es rechazada por el oficialismo.

“Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y nodocentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella”, sostiene un documento firmado por los rectores luego de la media sanción al proyecto.