“No estamos dispuestos a aceptar que la solución del déficit fiscal de la Nación sea a partir de fondos que le corresponden a la provincia de Santa Fe”. Esa postura expuesta por el ministro de Gobierno de la provincia, Fabián Bastía, es el sustento político de la presentación judicial que realizó Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia para que la administración de Javier Milei retome las transferencias automáticas de la Ansés para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina, suspendidas desde diciembre.
El reclamo de Santa Fe, explicó Bastía en el programa Radiópolis de Radio 2, es por 70 mil millones de pesos, correspondientes al período enero-junio de este año.
El gobierno de Javier Milei suspendió esas transferencias desde que asumió a través de un decreto. Luego de esa medida “se habló mucho, se buscaron consensos, pero en todo ese proceso no tuvimos respuesta y avanzamos con la demanda que fue presentada la semana pasada cuando se levantó la feria judicial”, dijo el ministro.
El tema estuvo en la agenda de la reunión que el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, mantuvo la semana pasada con los gobernadores de Juntos por el Cambio, de la que participó Maximiliano Pullaro. Como en las gestiones anteriores, “no hubo respuesta”.
Bastía explicó que en la demanda se pide una medida cautelar para que de forma inmediata se restituyan esas transferencias.
Y recordó que esos 70 mil millones se suman a la deuda de 700 mil millones de pesos que Santa Fe le reclama a la Ansés, por la cual hay otra demanda presentada en octubre del año pasado, por el monto integral correspondiente a los años 2020, 2021, 2022 y 2023 de lo que la Nación debe aportar a las cajas no transferidas.
Es decir que a la deuda acumulada durante la gestión de Alberto Fernández, se sumó “la novedad del cese de las transferencias automáticas”, un “pago a cuenta que fue suspendido de manera unilateral, intempestiva, inconsulta y lógicamente ilegal”, señaló Bastía.
El origen del conflicto se remonta a 1990, cuando Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
Bastía aclaró que aun si Nación pagara esa deuda y regularizara las transferencias correspondientes la necesidad de una reforma previsional que está en pleno debate en Santa Fe se sostendría, por el volumen del déficit actual, que para este año se estima en 400 mil millones de pesos.
