Un joven de 20 años fue acusado de formar parte del plan para matar a un adolescente que denunció haber sido captado por una gavilla narco y obligado a vender drogas en barrio Stella Maris, en la zona noroeste de Rosario. Meses atrás, la víctima –LGD, de 18 años– desertó de la banda e intentó seguir con su vida, pero en septiembre buscaron acallarlo porque “sabía demasiado” de la organización. En un giro de película, zafó del pelotón de fusilamiento, lo asistieron y terminó en la seccional del barrio donde se topó con un policía que hoy está preso por presunta connivencia con los narcos.
El viernes, el fiscal José Luis Caterina (Agencia de Criminalidad Organizada) le imputó el delito de tentativa de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario a un joven llamado Luciano Luis Cabrera (20).
El sospechoso fue allanado el miércoles último en su casa de barrio Belgrano, de donde la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) secuestró una réplica de pistola, una balanza de presión digital, 1.3 millón de pesos en efectivo y 16 teléfonos celulares. Elementos que, a criterio de los investigadores, no podrían justificarse legalmente.
Cabrera está sospechado de integrar el pelotón que en la tarde del 22 de septiembre último condujo engañado a LGD hasta la vera del arroyo Ludueña –cerca de Schweitzer y García del Cossio– para ejecutarlo.
LGD se presentó en ese lugar de Villa la Bombacha porque, según declaró, Cabrera lo contactó a través de un amigo con el pretexto de que podía ofrecerle una changa de albañilería.
La víctima contó que aprovechó la indecisión de los gatilleros, se arrojó al agua, salió ileso de la lluvia de balas –gritó para simular que le habían pegado– y se perdió entre en la maleza.
El relato posterior del sobreviviente está respaldado en llamados al 911, entrevistas a testigos y a personal policial, indicó el fiscal Caterina ante el juez Héctor Núñez Cartelle.
LGD buscó ayuda, contó que lo habían querido matar y un vecino de avenida Jorge Newbery llamó al 911. Al rato llegaron dos empleadas de la comisaría 17ª.
Por razones de jurisdicción, esa noche LGD fue trasladado a la subcomisaría 21ª de barrio 7 de Septiembre para que dejara asentado lo sucedido. Ello lo puso aún más nervioso y pidió ir a otra seccional.
“En el camino él decía que llevarlo a esa comisaría era lo mismo que dejarlo solo en la esquina que lo maten, que se quería ir, porque él sabía que el comisario arreglaba con los narcos", recordó una de las suboficiales que lo trasladó a la sub21ª.
Allí LGD se negó a entregar sus datos, e increpó al oficial sumariante Fernando Molina, acusándolo de recaudar dinero del búnker donde había estado obligado a vender y soldadear para la llamada banda de los Menores, prácticamente en condiciones de trata laboral, según su relato.
Los señalamientos por poco terminan en trompadas. Hoy sobre el oficial Molina pesa una medida cautelar prisión preventiva por tres meses y está imputado cohecho, incumplimiento en los deberes de funcionario público e encubrimiento. LGD aseguró haberlo reconocido como quien pasó a buscar 200 mil por la boca de expendio de Juan B. Justo y Olmos.
En el caso de Cabrera, la Fiscalía constató que, al menos por la geolocalización de su celular, estuvo en el arroyo Ludueña en la tarde del ataque fallido. También se mencionó la presencia de dos gatilleros de la banda de los Menores, cuyo líder estaría preso. A Cabrera también lo perjudicaron una serie de fotos que subió a Instagram –y luego eliminó– portando armas de fuego con mira láser, un elemento que LGD vio en las armas de los tiratiros. El juez Cartelle le impuso prisión preventiva sin plazos, hasta el juicio. LGD fue incorporado al programa de protección de testigos.
