Rosario gritó esta semana. Contra el plomo y contra el humo. Eso fueron las pintadas, borradas con toda celeridad pero que terminaron de empujar el recambio en el Ministerio de Seguridad de la provincia. La masiva movilización del miércoles en el Monumento, que tuvo como escenografía un nuevo foco que se había iniciado un rato antes justo enfrente. El rezo colectivo y marcha que realizaron este viernes los vecinos de Ludueña, uno de los barrios que más sufre el reguero de muertes que deja la ola criminal que parece no tener freno: este viernes hubo dos nuevos homicidios, uno de ellos en esa zona.
El grito se hizo oír. Generó movimientos. El más resonante, el cambio de ministro de Seguridad que decidió Omar Perotti. También la movida de los intendentes que se reunieron con la ministra provincial del área para coordinar acciones de reclamo para que se ponga freno al fuego en las islas.
Las pintadas, la movilización callejera, agitaron conciencias. El poder político tomó nota, movió fichas, intentó dar un mensaje. El gobernador resolvió la designación del comisario Rubén Rimoldi, un ex jefe policial de Casilda, en lugar de Jorge Lagna. Lo que no pudo fue transmitir que ahora hay un plan ni evitar que esa sensación generara críticas de la oposición y, por lo bajo, de parte del oficialismo.
Desde el ámbito local, también hubo un movimiento significativo: el Concejo sancionó por unanimidad la creación de una agencia antilavado para detectar inversiones que se sustentan con fondos provenientes del delito organizado. La ordenanza es fruto de un acuerdo entre el oficialismo municipal, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio que se cocinó durante meses. El PJ adhirió, aunque con críticas.
Vamos por partes
Seguridad, tercera etapa
Rimoldi es el tercer ministro de Seguridad de Perotti. Evidencia del fracaso del gobierno provincial en el abordaje de un tema que fue eje de su principal promesa electoral.
El perfil del funcionario es absolutamente contrapuesto al de los anteriores, sobre todo al del primero, Marcelo Sain, un criminólogo reconocido cuya designación, en aquel momento, celebró incluso su antecesor. Maximiliano Pullaro.
Perotti compró el plan de Sain a libro cerrado. “Sin recaudos”, lo criticó, off the récord, un importante dirigente del PJ santafesino que no es de su sector.
Influenciado por el especialista porteño, el gobernador rompió lazos con la oposición desde el mismo momento en que asumió, con un discurso en el que acusó a la administración saliente de haber pactado con el delito. También con una parte importante del peronismo, con el ataque contra el senador provincial Armando Traferri, a quien Sain soñaba preso. Esa embestida la frenó –amparándolo en los fueros legislativos– el corporativismo de los pares del representante del departamento San Lorenzo.
El clima de tensión política que él mismo generó fue factor fundamental para que no avanzara el plan del primer ministro de Seguridad de la gestión Perotti: las leyes que Sain definía como esenciales para “modernizar un sistema policial cavernícola” naufragaron en la Legislatura.
La incontinencia verbal del protagonista hizo el resto: sus audios contra los propios santafesinos forzaron la salida del gobierno del criminólogo porteño, que lejos estuvo de reducir los índices delictivos y ahora es investigado por espionaje ilegal y supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armas para la policía.
Jorge Lagna llegó por su perfil político, por la posibilidad de que su designación generara un cambio de clima y reabriera las instancias de diálogo, de negociación, imprescindibles para dar gobernabilidad a una gestión que era minoría en la Cámara Diputados y tampoco controlaba, por las propias tensiones internas del justicialismo, la de Senadores.
No fue solución para el problema político y, mucho menos, para encaminar el combate contra el delito. Igualmente, estuvo casi un año y medio en el cargo, en una especie de agonía con final patético: en medio del récord de homicidios, con crímenes tremendos que incluyeron muchas víctimas adolescentes, y la sensación de que el Estado se daba por vencido, fue despedido luego de la aparición de las pintadas que rezaban “plomo y humo, el negocio de matar” en varios edificios públicos, sin que sus autores siquiera fueran detectados por la policía.
¿El problema era Lagna?
“El problema es que no hay plan y la de Rimoldi es una improvisación más”, es el diagnóstico en el que coinciden opositores y parte del PJ. La fuente del peronismo provincial consultada para esta nota agrega más: “No hay una línea directriz que unifique a los tres ministros, muy diferentes entre sí”.
El recorrido parece marcar un giro de 180 grados, desde la fuerte conducción política que Sain pretendía imponer a la policía, al mensaje que puede implicar designar como ministro de Seguridad a un ex jefe policial con 32 años de carrera, que es celebrado por sectores como Apropol, el autodefinido sindicato policial nunca reconocido oficialmente.
Hay una cuestión más: si la crisis de la seguridad pública es en Rosario, ¿por qué el ministro no es alguien que conozca las calles, los rincones y el complejo entramado de la ciudad? Una razón clave acaso sea que tampoco hay interesados en el peronismo local, donde no son muchos los que tienen relación armoniosa con el gobernador y su equipo. “No entienden a Rosario, no cuentan con referencias políticas de peso en la ciudad y le tienen miedo”, dice la fuente del PJ.
En todo caso, ahora habrá que esperar los resultados que logra, o no, el nuevo ministro. Algo que no solo dependerá de él, sino también del respaldo político real que tenga y los recursos con que cuente. Lagna, por lo bajo, se quejaba amargamente por la manera en la que el ministro de Economía, Walter Agosto, administraba el grifo de fondos hacia su cartera.
Por lo pronto, la escena que este viernes montó el gobierno provincial marcó un cambio, al menos desde lo gestual, desde lo actitudinal: Perotti encabezó en Rosario una reunión con el intendente Pablo Javkin, Rimoldi y otros tres ministros clave de su gestión –el de Gestión Pública, el rafaelino Marcos Corach; la de Gobierno, Celia Arena (de San Justo); y el de Desarrollo Social, Danilo Capitani (de la localidad de Gálvez)– para "ajustar estrategias de corto y mediano plazo". La foto muestra algo necesario: la problemática pide liderazgo y abordaje multidisciplinario. Habrá que ver la película.
El negocio y la cultura
En Rosario, mientras tanto, el Concejo sancionó después de meses de negociación la nueva ordenanza antilavado, con la creación de una agencia municipal que buscará detectar movimientos económicos sospechosos para luego llevarlos a la Justicia.
La agencia de ninguna manera solucionará el problema de por sí, pues el lavado de activos es un delito y su combate y sanción corresponde a la Justicia. Puede ser una herramienta más una vez que se ponga en marcha, se estima que a mediados del año que viene. Es que si bien el intendente ya avisó que la promulgará inmediatamente, la elección de su titular y la conformación y capacitación de su staff llevará varios meses.
Como sea, la creación de la nueva agencia tiene de por sí un mérito: identifica y pone en foco una cuestión clave que hace al avance del delito organizado, que no es solo un problema policial. El dinero proveniente de la venta de drogas alimenta negocios del circuito legal, en rubros como el inmobiliario, gastronómico y la venta de autos, entre otros. Esa posibilidad es lo que le da vitalidad.
Las políticas antilavado, en las que el municipio puede ser un primer ojo pero de injerencia menor, apuntan, entonces, a meter el cuchillo en una de las cuestiones sobre las que interpelaron las pintadas contra el plomo y el humo: el negocio de matar.
Pero el problema de Rosario es más profundo: matar no es solo un negocio, también se ha convertido en una cultura, en un código. Y eso, siempre, es más complejo de revertir.
El proceso lleva muchos años. La responsabilidad supera, como toda la problemática de la seguridad pública, a las actuales gestiones de gobierno.
Lo cierto es que la idea de que cualquier conflicto se puede resolver a los tiros es dramática en los barrios donde se libran las batallas por el control del narcomenudeo. Pero no se limita a ellos. El uso de armas es también cada vez más frecuente en otros tipos de diferendos, como pasó en dos empresas, La Virginia y Razzini Materiales, blancos de balaceras en el marco de conflictos gremiales. Y la demanda de sicarios se ha extendido al punto de que hasta hay un caso de un empresario detenido por ofrecer 500 mil pesos a uno para matar a su socio.
El grito
No hay saturación policial ni agencia antilavado que alcance para frenar esta locura.
La seguridad no es asunto solo de un ministerio o de un gobierno. Requiere de políticas de Estado integrales, coordinaciones virtuosas en lugar de competencias y disputas. La historia reciente muestra algunas experiencias, no demasiadas, que tuvieron buenos resultados y que no fueron retomadas. Como las intervenciones multiagenciales que se realizaron en algunos barrios como Grandoli, Municipal y el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates durante la gestión de Miguel Lifschitz o el programa Nueva Oportunidad, una política que apuntaba al corazón del problema: la pobreza, la falta de capacitación, la exclusión social que lleva a que los jóvenes de los barrios crean que la única salida que tienen es ser narcos o sicarios, aunque eso implique el riesgo de la muerte temprana.
Las pintadas enojaron al poder político. Pero dieron en el blanco, pues generaron también una reacción. Lo mismo que las movilizaciones. Es cierto, la más importante fue contra el humo, contra el ecocidio. Pero también es contra la violencia, porque fue una ocupación pacífica del espacio público. Y los rosarinos necesitamos volver a habitar las calles sin miedo, detener este proceso de degradación que afecta día a día nuestra calidad de vida. La ciudad lo pide a gritos.
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