Vicentin Saic debe algo más que 1.400 millones de dólares. Debe explicaciones que el concurso no ha dado hasta ahora a sus acreedores, entre ellos el Estado argentino. En cambio, dudas sobran. La propia empresa incluyó entre las 2.600 personas, firmas y organismos a los que dejó sin pagar en diciembre de 2019, a Fur Service SRL. No es el monto lo importante en este caso sino la dirección legal que invita a un viaje por un laberinto opaco, una pequeña muestra del complejo entramado detrás de la caída del gigante santafesino.
Fur Service SRL nació en 2010 y mantiene su domicilio en Santos Palacios 228, San Lorenzo. La misma dirección que los socios fundadores de esa empresa: Maximiliano y Nicolás Nardelli, hijos de Gustavo y sobrinos de Sergio, directores de la cerealera en concurso. Santos Palacios 228 figura también en los documentos de Panama Papers sobre sociedades offshore. Maximiliano Nardelli es director de Kerdale Investments Corp con sede en las Islas Vírgenes Británicas (el mismo paraíso fiscal en donde se descubrieron las operaciones sospechosas de Marcelo Tinelli y otros empresarios, la semana pasada). Kerdale fue creada en julio de 2012 junto a otro rosarino: Habib José Miguel Abraham.
Santos Palacios 228, sobre la pacífica costanera de San Lorenzo y frente al Campo de la Gloria, aglutina entonces el domicilio de los integrantes de la gran familia Vicentin, que a su vez le dan sustento a la offshore, a una firma acreedora de la agroexportadora nacida en Avellaneda y a una mamushka más: la Compañía General de Combustibles SRL, de los dos Nardelli y el mencionado Habib Abraham. Firma que aparece como proveedora del Estado con ese domicilio (ver galería de imágenes).
Para el abogado Mariano Moyano, del estudio porteño que representa a acreedores financieros en una demanda contra Vicentin Paraguay por evasión y lavado, Kerdale forma parte del tejido de firmas en paraísos fiscales para ocultar fondos que son vinculadas al grupo en cesación de pagos. Según afirmó a Rosario3, algunos directivos de Vicentin, no todos, comenzaron a crear sociedades satelitales para “vaciar” a la empresa madre y por eso, aseguró, existen internas entre las distintas familias (Vicentin, Padoán y Nardelli, entre otras). “Tendrían que estar presos por lavado, no discutiendo en el concurso”, aseguró.
Su par rosarino Gustavo Feldman, quien inició una demanda por un "esquema defraudatorio a gran escala" en la Justicia local, agregó que la creación de empresas en domicilios legales que no son “reales” no es en sí ilegal pero en el caso de Vicentin se sospecha que se utilizaron para desviar dinero y retirar activos antes de la quiebra. “Por eso el fiscal de la causa Miguel Moreno pidió (y el juez Nicolás Foppiani ordenó) la inhibición general de bienes de las sociedades vinculadas al grupo y también cuando estén relacionadas a las personas físicas del directorio. O sea, las empresas satelitales de Vicentin”, expresó. Lo propio reclamó el fiscal de Comodoro Py Gerardo Pollicita para seguir la ruta del dinero del Banco Nación prestado durante el gobierno anterior. Buscan cáscaras vacías que sirven o sirvieron de pasamanos de los activos multimillonarios de la agroexportadora en retirada.
De hecho, según pudo saber este medio, la Justicia Federal de Reconquista (donde se tramita otra de las causas abiertas) pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre la posible existencia de Reportes de operaciones sospechosas (Ros) que incluyan a Kerdale, en las Islas Vírgenes, u otras offshore. Transacciones que dio a conocer la Fincen (un organismo similar a la UIF de Estados Unidos). Si esa información existe, la reclamarán vía exhorto a la Justicia norteamericana para incorporarla como prueba.
El entramado no se agota ahí. Los hermanos Nardelli crearon la sociedad Furcar SRL en 2010, en la dirección donde hoy existe un hospital de San Lorenzo (Oroño 1001) y en 2013 se “mudaron” a Río de Janeiro 781, donde está Friar Rosario (frigorífico que por otro lado Vicentin vendió en medio del concurso de acreedores). Río de Janeiro 781 es en realidad la parte trasera de la carnicería con atención al público en la esquina, casi Córdoba.
Una de las víctimas de ese universo de espejos rotos fue el diputado provincial Carlos Del Frade. Como integrante de la comisión de seguimiento del caso Vicentin, el legislador visitó el frigorífico Friar en Reconquista, en el norte de Santa Fe. El ex CEO Sergio Nardelli les intentó explicar por qué mientras crecía la facturación, el grupo se derrumbaba. Dos semanas después, al cruzar la información de la sospechosa venta de acciones del puerto de Renova a Glencore, Del Frade descubrió que Nacadie, una offshore ligada a Vicentin y creada en Panamá, tenía dos mellizas: Nacadie Uruguay y Nacadie Argentina. Esa última figura con una dirección que le pareció conocida: Hipólito Yrigoyen 298, Reconquista. La misma que la planta de Friar que había recorrido. Sin saberlo, Del Frade y los otros diputados estuvieron en Nacadie, la supuesta máscara para borrar los rastros del dinero de la venta de parte de ese puerto.
Algunas explicaciones
Frente al parque verde y tranquilo del Campo de la Gloria, donde los granaderos de José de San Martín dieron una batalla crucial por la independencia argentina, y de cara al río Paraná, está la casa de dos plantas de Santos Palacios 228. Maximiliano Nardelli aseguró a este medio que se trata de una vivienda familiar, que Fur Service no funciona en realidad ahí y que él ya no forma parte de esa sociedad (que pertenece a su hermano Nicolás).
Sobre la offshore Kerdale señaló que “ya fue dada de baja” y ante la consulta de para qué fue utilizada, respondió: “Para nada, no tuvo uso”. Sobre la coincidencia de dirección, además, con la Compañía General de Combustibles, dijo que esa tercera firma se desarrolló en ese lugar en 2007 pero después dejó la administración “en manos de un socio”.
El empresario reconoció, sin embargo, algunos inconvenientes sobre esa superposición de firmas en su casa familiar. “Vienen de la Afip y dejan una notificación. Ya les dije que acá no funcionan esas empresas. Deberían solucionarlo pero es algo que me excede”, agregó.
Por su parte, el gerente o encargado de Fur Service, Luis Artigueta, sorprendió: “Nosotros no nos presentamos al concurso de Vicentin. Es imposible. No sé quién fue”. Fur Service tiene el legajo de acreedor 418 y consta en la página web del concurso que armó la sindicatura y que se puede descargar online.
En un segundo llamado, Artigueta detalló: “Sí. Fue Vicentin la que nos agregó por la deuda que tenía con nosotros y que es poca plata (son dos facturas por 48 mil pesos en total). Lo hablamos con el contador y decidimos no presentarnos a verificar la deuda, además en enero nos pagaron una de las dos facturas”.
Según la página web de Fur Service, además de la “casa central” tiene una “oficina” en calle San Juan 610 pero allí hay un negocio con un nombre sugestivo: “Secreto compartido”.
“Nos mudamos, no tenemos más la oficina ahí. Estamos en Cayetano Silva 1469”, replicó el gerente y añadió que en Santos Palacios 228 vive “uno de los socios y las notificaciones le llegan a él, no es que caen en un terreno baldío; nos sirvió para empezar en 2011”. Fur es una “microempresa que se dedica a la logística”: fletes con camiones. “Brindamos servicios a Vicentin pero a otras también. No somos de Vicentin. Somos una firma chica, con tres empleados que laburamos todos los días. No tenemos nada que esconder”, aseguró.
Un Rosario de preguntas
Fur Service no fue la única que desistió de lo suyo en el concurso. De los 2.638 acreedores iniciales de Vicentin, la mayoría de Santa Fe, algo que se puede ver en el muy buen mapa realizado por el periodista Juan Chiummiento, 1.742 se presentaron en la etapa de verificación de deudas del mayor proceso de la historia provincial. Otros, en cambio, sumaron avales por montos superiores de los reconocidos por la aceitera.
La agroexportadora presentó recién esta semana el adeudado balance del año 2019 que pedían todos. Esos números dicen que en apenas doce meses, del 31 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2019, pasó de un patrimonio neto positivo de 30.542 millones de pesos a uno negativo de 17.502 millones. Perdió un promedio de 131 millones de pesos por día en un año mientras, al mismo tiempo, exponía ventas de cereales récord.
“El balance de Vicentin reconoce una deuda de 290.365.000 dólares con el Banco Nación pero no dice nada de las 1.418 transferencias bancarias que los propios directivos de la empresa se hicieron a sus cuentas personales entre agosto de 2019 y enero de 2020, como bien dice el informe del fiscal Gerardo Pollicita. Es muy llamativa la pérdida del patrimonio neto en muy pocos meses”, acusó Del Frade y evaluó: “Se confirma el drenaje de dinero hacia las sociedades relacionadas”.
Por ese sendero delicado, Feldman llegó a pedir la citación como testigo del presidente Alberto Fernández. El abogado reclamó que el mandatario ratifique si el fallecido Sergio Nardelli le dijo, en una de las reuniones que mantuvieron, que la diversificación de Vicentin incluyó la creación de “sellos para tomar deuda”.
“Lo que ocurre es que los sellos no honran sus deudas. Hubo animus defraudatorio”, interpretó Feldman y agregó que “falta correr el velo de quienes están detrás de las firmas satelitales y eso es lo que no ha hecho el juez del concurso, Fabián Lorenzini, por la cobertura judicial que les ha dado para esta estafa”.
No se trata, como repiten algunos sectores de la política, de un problema entre privados. Vicentin adeuda casi 300 millones de dólares al Banco Nación, sin contar otras entidades públicas e impuestos impagos. Solo ese monto prestado de forma irregular equivale al presupuesto completo de la ciudad de Rosario para este año (de 36 mil millones de pesos). O más de diez veces lo anunciado esta semana por el presidente Alberto Fernández para reforzar la seguridad en toda la provincia de Santa Fe (3.000 millones de pesos). Alguien debería poder explicarlo sin perderse en el laberinto donde nada es lo que parece.
