El conductor de un vehículo que en diciembre de 2019 atropelló a un agente de Control municipal al huir de un operativo tuvo que pintar cordones cunetas en La Florida como parte de la resolución que tomó el juez Rafael Coria en una reciente audiencia. Se trata de una suspensión de juicio a prueba, donde además el imputado tuvo que pagarle a la víctima 50 mil pesos y tomar cursos de educación vial.
La resolución judicial indicaba que las tareas comunitarias del imputado las debía supervisar el municipio. En ese marco, la Secretaría de Control lo incorporó a un grupo de trabajo –durante las doce horas que debía cumplir– que actualmente perfecciona las señaléticas en La Florida de cara a la llegada del verano. Todos los elementos usados para las tareas fueron provistos por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.
El hecho puntual tuvo lugar en diciembre de 2019, en Córdoba y Constitución, donde agentes de la Secretaría de Control desarrollaban un operativo vehicular. El conductor del rodado, frenó su vehículo, pero pocos instantes después retomó su marcha y en el intento de fuga, embistió deliberadamente a un agente municipal que debió ser trasladado al Heca.
El municipio realizó la denuncia penal correspondiente y gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, el fiscal de la causa Germán Mazzoni pudo establecer la patente y procedió a hacer la detención del sospechoso. Posteriormente, tuvo lugar una audiencia donde se lo imputó por lesiones graves calificadas. En la misma, recuperó la libertad bajo una caución de 50 mil pesos y la obligación de comparecer ante la autoridad todos los meses dando cuenta de su paradero.
El proceso legal siguió adelante y finalmente, a mediados de este año se le dio la suspensión del juicio a prueba, con tres medidas a cumplir. En primer lugar, se le entregaron los 50 mil pesos depositados en concepto de caución al inspector que fuera víctima del violento hecho. En segundo término, la realización de dos cursos de reeducación y concientización vial que ya fueron realizados y aprobados por la Secretaría de Control. Y por último, 12 horas de trabajo comunitario bajo la supervisión del municipio, que se cumplimentaron esta semana.
La Secretaria de Control Carolina Labayru declaró al respecto: "Vivimos en una sociedad organizada y el ciudadano debe respetar a las autoridades y una norma que es para todos igual. Cuando no se respetan los límites tiene que haber sanciones como estas para que aquellos que los olvidan o los dejan de lado, los recuerden".
Este año también tuvo lugar un fallo similar sobre un hecho ocurrido en enero del año pasado en el que un sospechoso arrojó un ladrillo mientras los inspectores estaban desarrollando un operativo. El proyectil impactó sobre uno de los vidrios de los móviles, provocando su ruptura. En aquella oportunidad las fuerzas de seguridad que acompañaban dicho operativo persiguieron y dieron con la persona que finalmente fue detenida. La Justicia dictaminó en mayo que el imputado pague más de 30 mil pesos para reponer lo dañado.
"Tenemos la obligación de hacer cumplir las normativas y custodiamos el patrimonio público. Cualquier acto contra el mismo, es una acción en contra de todos los ciudadanos de Rosario que pagamos nuestros impuestos y está bien que quién atente contra ello deba mínimamente devolver de su bolsillo lo que dañó o rompió. Debemos volver a ser la ciudad del respeto", finalizó Labayru.
