En la sesión de este jueves, los 19 senadores provinciales elevaron un comunicado a la vicegobernadora Alejandra Rodenas repudiando las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, este jueves por la mañana en Radiópolis (Radio 2). El funcionario había señalado que una de las abogadas que tomó intervención del conflicto policial tiene “estrecha vinculación con (el senador peronista Armando) Traferri”.
“La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe manifiesta su enérgico rechazo a las manifestaciones vertidas por el Lic Marcelo Fabián Sain, titular de la cartera de Seguridad dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, respecto de cualquiera de sus miembros a título individual y del conjunto de los representantes que la integran”, dice el texto que firmaron todos los representantes departamentales.
Para los legisladores, las declaraciones del ministro de Seguridad “no constituyen un accionar novedoso por parte de citado funcionario del Poder Ejecutivo, sino que implican una modalidad reiterada y sistemática de menoscabo a esta institución democrática del ámbito legislativo, por medio del ataque directo a sus miembros, promoviendo el descrédito personal y funcional de los integrantes de la Cámara”.
Los integrantes de la Cámara calificaron la conducta de Saín como impropia, peligrosa y perniciosa incidencia en la vida democrática. Además de estar “alejada de las mínimas exigencias de responsabilidad y buen criterio que deben prevalecer en quienes ostentan un cargo público” y “constituyen en los hechos una afectación directa de las condiciones de desempeño legislativo, intromisión grosera en la esfera del mismo y promoción de un contexto de crispación de la labor de esta Cámara”.
Según el comunicado, el motivo del mismo tiene que ver con la necesidad de “resguardar la representación constitucional del Senado ante “la gravedad de las manifestaciones y la reiterada insistencia y profundización de las mismas en cada oportunidad en que el titular de la cartera de Seguridad tiene acceso a los medios y la falta de rectificación o retractación del mismo, o expresión por parte del ejecutivo provincial indicando expresamente su respaldo a la institucionalidad de otro poder del Estado”.