Tras el lanzamiento la semana pasada del Movimiento Antipiquetero Argentino (Mapa) del espacio político de Javier Milei, y la inclusión en el nuevo Código de Convivencia rosarino de multas a piqueteros, desde el Congreso, el diputado nacional santafesino Gabriel Chumpitaz, motoriza un “Protocolo antipiquete” que propone, entre otras cosas, quitar planes sociales a quienes participen de este tipo de manifestaciones callejeras. Por Radio 2, cruzó posiciones con el líder de a Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Del Monte. Entre la “criminalización de la protesta y del pobre”, y el “dejar de premiar a delincuentes”.
Con el periodista Sergio Roulier como mediador, Chumpitaz y Del Monte intercambiaron posiciones sobre la necesidad de terminar con los piquetes o de mantenerlos, en diálogo en el programa De boca en boca.
“El gobierno hoy está premiando a personas que están cometiendo delitos”, apuntó Chumpitaz e insistió en retirarlos los beneficios sociales a quienes corten calles.
“La política tiene que poner límites porque pasaron de ser organizaciones sociales a organizaciones extorsivas”, enfatizó.
Del Monte sostuvo que la protesta en el espacio público es la única manera que tienen muchas personas, “fuera del sistema y del mercado laboral”, para hacerse ver y reclamar “al Estado una oferta de trabajo genuino, que permita incluir a esa parte de la sociedad”.
Sin embargo, para Chumpitaz, la discusión no pasa por el trabajo, ya que, a su entender, es válido y legítimo el reclamo laboral, sino que el debate pasa por el cómo: “Un piquetero que corta una calle, molesta a quien quiere ir a trabajar, estudiar o hacer deporte, y recibe más dinero que una maestra, que un policía. Nadie discute si las organizaciones tienen que tener o no trabajo”.
En tal sentido, para el diputado nacional, hay que “no solo hay que sacarle los planes sociales a los piqueteros, hay que impedirles a los gerentes de la pobreza (en referencia a los líderes de las organizaciones) que participen en política durante 10 años”.
Para Del Monte, impedir la posibilidad de la protesta social es una forma de “disciplinar al que tiene hambre de no decirlo”.
