La policía provincial desalojó este martes de su chacra, por orden judicial, a una pareja de productores agroecológicos de la localidad de Bigand, cuya familia explotó esas tierras durante 102 años, como consecuencia del planteo de una fundación que reclama el uso del suelo que perteneció al fundador de dicho pueblo santafesino.
El cumplimiento de la orden de desalojo, firmada semanas atrás por el juez provincial Sergio Verdura, se realizó este martes a la mañana con varios patrulleros policiales en la chacra que explota desde hace un siglo la familia de Sandra Gobbo y Oscar Marinucci.
La pareja fue retirada en una ambulancia tras descompensarse durante el procedimiento judicial llevado a cabo por la policía, tras casi dos décadas de resistencia al desalojo.
“Orgullosos de estar de pie, fuertes y unidos, muy abrazados como hace 42 años”, posteó Gobbo en su cuenta de Facebook luego del desalojo, junto a una foto con su marido.
“Lo hicimos todo para luchar contras los mafiosos (pero) ellos no ganaron”, escribió la mujer, para agregar que “si se quedan con «nuestra chacra de lucha y libertad» es porque llegaron con más de 50 oficiales armados y con escudos para llevarnos presos”.
La chacra de la que fue desalojada la pareja está ubicada en la localidad santafesina de Bigand, emplazada en la unión de las rutas 178 y 14 de esta provincia.
Las tierras en disputa pertenecieron al fundador del pueblo, Víctor Bigand, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas y cuyos hijos no dejaron descendencia.
Por esa razón, al fallecer en 2004 la última heredera (María Mercedes Octavia) se conoció que la mujer había otorgado la explotación de las 3.500 hectáreas a la "Fundación Honorio Bigand", creada en 2005 y con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para realizar actividades de caridad y bien público, aunque sin afectar la situación de los pequeños productores pioneros.
De inmediato, la fundación comenzó una estrategia para desalojar a los productores originarios y hacerse de esas tierras productivas, de modo que de las 27 familias arrendatarias, sólo permaneció resistiendo hasta hoy la de Gobbo-Marinucci.
Gobbo contó que originalmente arrendaban 58 hectáreas, de las cuales 50 eran destinadas a “producir un maíz orgánico espléndido, una planta vigorosa y sana, sin agroquímicos”.
La mujer agregó que “el 16 de diciembre de 2021, por orden de los integrantes de la Fundación, fue destruido totalmente”, y permanecieron en un lote más pequeño, donde crían animales para su subsistencia.
“Ahora nos sacan empecinadamente el último lugar que nos queda a pesar de que ellos tienen 3.500 hectáreas de campo productivo y se llevan millones de dólares”, apuntó entonces Gobbo.
