El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el accionar punitivo de la fiscal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano, quien está a cargo de investigar el aborto clandestino de dos gemelas de alrededor de 6 meses de gestación, hecho que deparó en una imputación por homicidio agravado para una mujer de 36 años y un vecino acusado de prestar colaboración en la interrupción. Ambos quedaron desde este miércoles en prisión preventiva al menos por 45 días.
“Insólita pretensión punitiva en un hecho atravesado por la más extrema vulnerabidad”, se titula el texto de la defensa pública, que pone de relieve la “ausencia de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas” para la imputada.
La defensa pública participó el miércoles de la audiencia imputativa asistiendo a DT, la mujer acusada de haber abortado dos fetos, y a MG (vecino), acusado de prestar colaboración.
La fiscal Lescano les imputó el hecho ocurrido entre el sábado 29 octubre y el domingo 30 de octubre, ocasión en que DT –sostiene la acusación– “expulsó dos gemelas neonatas –con vida– de aproximadamente 30 semanas de gestación ingiriendo pastillas con el fin de realizar aborto en el baño de su domicilio de Bolivar al 900 con la colaboración necesaria de MG, para luego enterrarlas en el patio del domicilio de este último”.
“Con mucho por delante por determinarse, los hechos que para la defensa podían tratarse de una interrupción voluntaria del embarazo en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social fueron imputados a ambos por la fiscal Lescano –de manera apresurada e insólita– como doble homicidio calificado en calidad de coautores”, expresó en forma crítica la defensa pública, organismo autónomo dentro del Poder Judicial de Santa Fe que brinda servicios gratuitos de defensa penal.
El juez Álvaro Campos hizo lugar a la prisión preventiva por 45 días –la fiscalía había solicitado 90–, “pese a haber hecho algunas observaciones sobre la calificación legal y sin tener en cuenta los graves problemas de salud que la acusada y el acusado tienen respectivamente”, sostuvo el organismo.
Conocida la resolución del juez Campos, el SPPDP aseguró que la imputada padece una seria situación de consumos problemáticos y se encuentra en estado puerperal, mientras que su vecino sufre de una miocardiopatía hipertrófica. Pese a ello ambos se encuentran alojados en sede policial.
La defensora pública Florencia Chaumet hizo notar “las irregularidades en el marco de la investigación y la falta de pruebas suficientes que puedan determinar roles y responsabilidades; resaltó la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso; y planteó la nulidad de lo actuado dado que DT habría confesado –en el hospital– a quien la custodiaba sin la asistencia jurídica correspondiente”.
Este tipo de confesiones –recordó el SPPDP– “se encuentran prohibidas por ley y afectan garantías constitucionales por darse sin la presencia de un abogado defensor”.
“Preocupa el «irracional modelo punitivista» implementado por distintas agencias (actores) estatales que tiende a criminalizar y revictimizar –en casos como el presente– a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas”, aseguró el organismo que nuclea a los defensores públicos provinciales.
En tanto, la fiscal Lescano dijo a la prensa cañadense que “en este caso las víctimas son las dos gemelas que no han tenido la oportunidad de vivir”.
Y que según el informe de autopsia preliminar el hecho sería punible por la semanas de gestación avanzada de las gemelas. “La gestante tuvo oportunidad, porque la nueva ley ayuda a que pueda realizarse el aborto y que no sea punible dentro de las 14 semanas y con asistencia médica. Ella tenía posibilidades”, conjeturó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La pena eventual para DT podría ser de prisión perpetua.
En las últimas horas se realizaron peritajes en los domicilios de los imputados donde personal de criminalística usó el líquido reactivo luminol para determinar lugares donde hubo sangre: “Esto dio certeza a la postura de la Fiscalía”, aseguró Lescano a Cañada Visión.
