La Federación Argentina de Colegios de la Abogacía difundió este viernes un comunicado en el que rechazan el proyecto presentado por el gobierno nacional que habilita el divorcio en sede administrativa, eliminando la intervención judicial. “Esta propuesta atenta contra la seguridad jurídica, ya que sustrae del fuero de familia un procedimiento complejo, vulnerando el principio de Progresividad”, advirtieron.
Según remarcaron los especialistas, si bien el proyecto puede parecer atractivo por su aparente simplicidad, “genera importantes riesgos y consecuencias negativas”. “En la actualidad el Código Civil y Comercial, en procesos de divorcio permite proponer una regulación clara sobre alimentos, régimen comunicacional, atribución de bienes y otras responsabilidades compartidas. Sin embargo, la propuesta del Gobierno omite la previsión de estos aspectos, lo que nos deja solo con incertidumbres sobre los efectos económicos tras la disolución del vínculo”, remarcaron.
“Tampoco se establece quién determinará la fecha de disolución del vínculo, con las implicancias legales que esta decisión conlleva ni se especifica cómo se regularán los alimentos o cuándo comenzará a correr la compensación económica, entre otros puntos fundamentales”, agregaron en el comunicado.
Ante esto, sostienen que “estos vacíos normativos podrían provocar graves perjuicios a las partes involucradas y a terceros, especialmente a los hijos menores de edad”.
“Es importante destacar que, incluso en los países que el proyecto toma como referencia, se contempla la intervención de profesionales letrados, con restricciones adicionales para casos en los que existen bienes o menores. Sin embargo, esta propuesta omite tales previsiones", indicaron desde la federación.
Por último plantearon también inconsistencias en el mecanismo para garantizar que los acuerdo entre las partes sea libre de violencia. “Tanto los que nos especializamos en esta materia, como los jueces del fuero de familia, que por eso son un fuero de especialidad, estamos preparados para poder determinar la existencia de causales de violencia”.
“La intervención judicial es esencial para garantizar la transparencia y la protección de los derechos de todas las personas involucradas, particularmente de las más vulnerables. Sin este control, se corre el riesgo de que se impongan acuerdos ilegales, perjudicando especialmente a quienes carecen de representación legal adecuada”, concluye el comunicado.
