El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anticipó este viernes al mediodía en la Bolsa de Comercio de Rosario que "no habrá aumento fuerte del impuesto inmobiliario" el año que viene. La suba de este tributo, tanto rural como urbano, despertó fuertes críticas de los contribuyentes este año, a lo que el gobierno respondió que se debió a que estaba muy retrasado. "Este año no habrá un salto importante. El Urbl por ano se actualizarán por el índice de precios agropecuarios el Rural", dijo Olivares.

El ministro señaló que la ley tributaria será enviada en octubre a la Legislatura y hasta están pensando en "desgravaciones para empresas santafesinas", agregando que "no serán bajas de alícuotas porque eso beneficiaría a firmas que no son de Santa Fe".

Junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, Olivares anuncio que la provincia adherirá al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) y al blanqueo de capitales aprobados por el Congreso nacional. La adhesión a esos dos marcos normativos se realizará a través de sendos proyectos de ley que se enviarán próximamente a la Legislatura. 

Ambos funcionarios estuvieron presentes en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ofreció una conferencia ante cientos de empresarios de la región. 

En el caso del Rigi, la adhesión no significa costo fiscal para la provincia y garantizará, como explicó el ministro Puccini, garantizar a las empresas que no se aprovecharán los beneficios de ese mecanismo para sumar cargas provinciales a las empresas.Y permitirán sumar incentivos a las empresas santafesinas que trabajen como proveedoras de las grandes firmas incluidas en el régimen.

Olivares señaló que el gobierno santafesino adherirá al blanqueo "con particularidades", relacionadas fundamentalmente con la implementación de controles adicionales para evitar que el dinero blanqueado provenga de alguna actividad ilícita. 

Entre los requisitos que impondrá el proyecto santafesino es la obligación de que el beneficiario y el grupo económico asociado se ponga al día con los impuestos provinciales. También se contempla el cobro de una multa.