Dos semanas después de las elecciones primarias comenzaron a reorganizarse las campañas electorales en vistas al 14 de noviembre. El tiempo es tirano y después de internas tan competitivas fue necesaria una curación aunque sea ligera de las heridas que pudieron quedar, construir las fotos de unidad que se puedan y convenir una mínima estrategia.
En el Frente de Todos esta situación presenta matices. Los candidatos a concejales Lisandro Cavatorta y Norma López se reunieron e hicieron la foto de unidad; Perotti y Rossi no. Y está bien que así sea, porque la realidad es que hay una distancia entre ambos que necesita tiempo para regenerarse si es que puede regenerarse, lo cual no quita que sigan compartiendo ese ancho barco que es el Frente de Todos. Al menos hasta después de las elecciones será así, porque además de la suerte de Perotti y su gestión, fundamentalmente está en juego el desempeño electoral del oficialismo nacional.
El gobernador se puso al frente de la estrategia electoral. Se jugó mucho en la primaria, matizó la magra cosecha de votos y la holgada victoria de Cambiemos, con un contundente triunfo en la primaria y el amparo de una derrota generalizada del Frente de Todos a nivel nacional.
Sin embargo el 14 de noviembre se juega otro partido. Perotti no podría salir indemne si se repitiese la victoria de Juntos por el Cambio, por eso él y su gobierno se proponen remontar la campaña electoral. En las próximas semanas se irá viendo si logra sumar a “todos”. Necesita al menos achicar la brecha de 10 puntos. Imposible no es, difícil sí, entre otras cosas porque hay dificultades objetivas:
-Por un lado el clima de disputa instalado dentro del Frente de Todos a nivel nacional y las heridas que dejó la interna provincial, agravada por la injerencia de Cristina Fernández, que en lugar de sobrevolar la pelea provincial, lo cual hubiera sido muy importante para esta etapa, optó por involucrarse personalmente.
-Por el otro lado, el contexto general: problemas de trabajo e inflación, y la crisis de seguridad en Santa Fe.
También Juntos por el Cambio se reconfigura para la elección general. El martes los candidatos locales participaron de la foto con líderes de la coalición y los integrantes de las listas de todas las provincias, señal inequívoca de que se buscará nacionalizar la campaña con el antikirchnerismo como blanco.
La misma foto, pero provincial, se repitió el viernes. El diputado Julián Galdeano consiguió que todos los que participaron de la primaria dieran el presente y posaran. En Juntos por el Cambio Santa Fe, como se escribió hace una semana, miden si es posible la hazaña de arrimarse al millón de votos y colocar 6 de los 9 diputados. Como para intentarlo las claves son hacer rendir al máximo la estructura territorial de la UCR y poner a prueba a Carolina Losada, a ver si es cierto que no tiene techo electoral, como dicen puertas adentro.
A tal punto apuestan a la proyección electoral de la periodista que hay quienes se animan a sugerir que a excepción de Horacio Rodríguez Larreta es mejor que no aparezcan por Santa Fe dirigentes nacionales. “Podrían limitar su alta imagen positiva”, dicen. Las urgencias y las leyes del mercado electoral a veces tapan el bosque: si su techo electoral es incierto, se debe a que la misma Losada es una incógnita para los santafesinos. Y aunque suena a paradoja, radica allí la virtud que la hace una candidata potente para una parte del electorado.
¿Dónde está el piloto?
Vale detenerse un momento sobre la crisis de seguridad que devolvió a Santa Fe al centro de la escena nacional. La reunión del jueves entre Aníbal Fernández y Marcelo Sain tiene profundas implicancias. La primera y básica es que profundiza la incertidumbre sobre quién conduce las políticas de seguridad en Santa Fe. ¿El ministro Lagna o Marcelo Sain?
¿Con qué autoridad Lagna le puede dar órdenes a la Policía si el interlocutor al que llama el nuevo ministro nacional es a Sain? Y con aval del gobernador. ¿Debe interpretarse que Sain dejó de ser ministro para pasar a ministro en las sombras desde su cargo en el Poder Judicial y con un pie en cada lado del mostrador?
Desde que asumió, el gobernador Perotti empoderó y debilitó ministros en la misma proporción. Desde Esteban Borgonovo y Roberto Sukerman hasta los más cercanos Rubén Michlig y Marcos Corach. Ni bien ni mal, es su estilo y su decisión. El jueves lo vivió de forma descarnada Jorge Lagna. No lo invitaron ni para cuidar las apariencias.
En este delicado escenario el gobernador debe tomar algunas decisiones, además de centrar expectativas en lo que pueda aportar o no Aníbal Fernández. La incertidumbre de la Policía sobre quién conduce se expresa en la muy limitada, y a su vez poco activa, seguridad preventiva en las calles, así como en el escaso control territorial que describe repetidamente el propio Sain. Cabe recordar que salvo Lagna, todos los funcionarios de segunda y tercera línea del ministerio, que son los que tienen el control directo de la Policía, son funcionarios del equipo de Sain.
Después de la puesta en escena Aníbal-Sain, pareciera que el ministro Lagna entró en tiempo de descuento. Probablemente su condición de militante político y su reciente llegada al perottismo es lo que hace que se quede en el cargo a pesar del desaire, muy comentando estos días dentro del propio gobierno. Un año antes, en una situación parecida pero no igual, el ex ministro de Gobierno Esteban Borgonovo dio el portazo por entender que no tenía sentido ocupar un cargo sin poder.
Juego clandestino
Uno de los nombres que mencionó el empresario Leonardo Peiti en relación al pago de sobornos es el del radical Lisandro Enrico. En este caso, tras ser revelado su nombre por el abogado de Peiti en Radio 2, Enrico anunció que esta semana se presentará ante los fiscales.
“Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la Justicia el juego clandestino, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones”, comunicó el senador por General López. Advirtió que un imputado colaborador no puede proporcionar datos de forma maliciosa o falsa, y si lo hace el Código Penal prevé un delito específico, con lo que pretende que una vez que se compruebe su inocencia se lo juzgue por ese delito a Peiti.
Hay otros legisladores mencionados en esa declaración que se suponía confidencial, que oficialmente no son confirmados ni desmentidos, motivo por el cual aquí no se especula con ellos hasta tanto se hagan públicos o los valide una fuente directa. Más aún, se aclara que el hecho de que un imputado que busca salir en libertad los mencione, por más que sea ante una jueza, no es prueba de culpabilidad en sí mismo mientras no se pueda comprobar, como sí ocurrió cuando Peiti involucró a los ex fiscales Ponce Asahad y Patricio Serjal.
Por ejemplo, que un arrepentido diga que le pagó una coima a tal o cual legislador, en tal hotel, tal día de la semana, puede resultar una simple y llana mentira. Por eso se requieren pruebas conexas para avanzar en la investigación por un lado, y para darle el beneficio que pretende el declarante por el otro. De lo contrario esto se convierte en un festival de nombres mediático.
En definitiva, queda esperar que la Justicia resuelva si homologa o no el juicio abreviado que negociaron Fiscalía y la defensa de Peiti, y recién ahí se podrían conocer los alcances de las revelaciones del zar del juego clandestino, a excepción de que se hayan abiertos legajos de investigación paralelos que requieran guardar reserva.
La fiscalía tiene decenas de puntas para valorar si merecen ser profundizadas. Una de ellas por lo menos compone un caso curioso. Se trata de la mención a la intendenta de Cañada de Gómez Stella Clérici y su esposo Fabián Speka que hizo el senador Lisandro Enrico en su última declaración testimonial. El tema tuvo repercusión mediática en esa ciudad y en especial el que entrevistó a todas las partes fue el periodista Mario Chiappino. Cuando llegó el turno de la versión oficial, la intendenta no mandó a responder a un funcionario en nombre del gobierno municipal sino al abogado cañadense Luis Rossini, es decir el abogado del zar del juego clandestino.
El debut
Aníbal Fernández fue el ministro más activo en la escena pública durante la semana debut del nuevo gabinete nacional. Los demás trabajaron con perfil más bajo, incluido el jefe de Gabinete Juan Manzur, encargado de aceitar la maquinaria del gobierno para remontar el resultado electoral. No hay mucho tiempo para acomodarse en las sillas, el calendario electoral apura y la oposición también está reconfigurando agenda y discurso en función de la nueva realidad y a la espera de los movimientos del remozado gabinete.
El Ministerio de Economía es el territorio donde no termina de apagarse el fuego cruzado entre las huestes del presidente y la vicepresidenta. Guzmán le dijo a Cristina que estaba equivocada, que lo que su carta de la semana pasada ella llamaba ajuste es reducción de déficit fiscal, y que al contrario de lo que ella afirmaba sí hubo expansión del gasto fiscal. La respuesta no tardó en llegar: no es hora de “amarretear” le avisó el inefable Cuervo Larroque.
En medio de esas tensiones, el presidente y futuro papá puso a rodar medidas, como aumento de salario mínimo, beneficios para los empleados registrados que pagan Ganancias, quita de retenciones a las exportaciones de servicios, jubilación anticipada, aumento en beneficios sociales, entre otros.
Mientras las energías del gobierno se concentran ahí, en el plano político empezaron a surgir señales desde los gobiernos provinciales que no se veían antes del 12 de septiembre. El cordobés Schiaretti exigió la quita gradual de las retenciones al agro; los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa reclamaron terminar con la reducción de exportaciones de carne; también en la semana hubo una rebelión parcial a la liberación de actividades anunciadas por el gobierno nacional en relación a la pandemia, y en especial a la posibilidad de dar de baja el uso obligatorio del barbijo.
Históricamente el poder central patrulla los movimientos de los gobernadores y ante la primera señal corre a desactivar cualquier asociación interprovincial. El orden establecido es negociar de a uno y no en bloque, salvo excepciones. Cuando eso no ocurre, cuando los gobernadores, sobre todo los propios, se animan a alzar la voz o hacer causa común con otros para disputar poder o recursos al gobierno, es porque también ellos buscan reposicionarse en la distribución de poder que está en proceso en el Frente de Todos.
