Desde su duro discurso de asunción, en el que prácticamente acusó delante de sus narices a sus antecesores Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti de haber establecido un “pacto de gobernabilidad” con el delito, el flamante gobernador Omar Perotti generó un maremoto en las aguas políticas santafesinas, que ya venían bien agitadas.
No es poca cosa poner a la gestión que se va bajo sospecha, algo que se profundizó este viernes, tras la reunión de gabinete en la que cada ministro describió cómo recibió su área y se concluyó que la situación económica de la provincia es desastrosa, según la descripción del vocero Leo Ricciardino.
La frutilla de la ofensiva perottista contra el socialismo fue un decreto que anula traslados de personal del Ejecutivo a la Legislatura y otros organismos, que Lifschitz firmó en los últimos diez días de su gestión, y que según el nuevo gobierno configuraban, para decirlo mal y pronto, acomodos políticos. Fuentes del socialismo aclararon, de todos modos, que las adscripciones a la Legislatura no son más que 35 y de todos los partidos, el PJ incluido. Y hasta mencionaron que dos ministros de la actual gestión estuvieron en esa situación durante los gobiernos del Frente Progresista.
Más allá de este fuego cruzado, la pregunta es cómo construirá Perotti su propia gobernabilidad. Los 28 diputados que constituyen la mayoría de la Cámara baja hoy responden a Lifschitz y tampoco en el Senado el mandatario justicialista cuenta con supremacía. Allí, la alianza de los legisladores del Frente Progresista con los peronistas díscolos que comanda Armando Traferri, que se puso en acto con la sanción del presupuesto que envió el rosarino contra la voluntad del rafaelino, supera en número a los que son leales al actual gobernador.
En el universo del peronismo santafesino se esperaban gestos de distensión que hasta el momento no llegaron, a pesar del abrazo que se dieron el miércoles, antes del inicio de la Asamblea Legislativa, Perotti y Traferri, las locomotoras de los trenes que parecen a punto de chocar. Y es que para que haya distensión tiene que haber diálogo, algo que brilla por su ausencia.
“Las cosas llegaron muy lejos demasiado rápido”, comentó un dirigente peronista preocupado por cómo escaló el conflicto pero también porque entiende que ahora no es fácil encontrarle una salida. Y no hablaba de la pelea entre Perotti y Lifschitz sino entre Perotti y el grupo de senadores que en su momento lo apoyó y ahora está más cerca del ex gobernador que del actual.
Antes de asumir, el rafaelino libró batallas clave y las perdió: quiso imponer una reforma constitucional que habilitara desde el vamos su reelección, intentó socavar el poder interno de Lifschitz para que no llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados y buscó frenar la aprobación del presupuesto para que se sancionara uno elaborado por su propia administración.
Las dos primeras condicionaron la tercera, que es al fin de cuentas la más importante para el desarrollo de su primer año de gestión. Uno de los artífices de ese último revés fue Traferri, el cacique justicialista de San Lorenzo.
“Lo del presupuesto es imperdonable. Solo a Perotti se lo impusieron. A Alberto Fernández y a Javkin, por ejemplo, les dejaron las manos libres”, decía ayer una fuente del nuevo gobierno provincial para explicar el enojo del mandatario.
Ahora, ya con el manejo de los resortes del poder –que incluye la billetera–, Perotti se muestra decidido a encabezar nuevas batallas. Por ahora, parece haber elegido darlas, con fuerza y firmeza, en la escena púbica, al abordar el tema más sensible de la agenda, el de la seguridad, y el de las cuentas públicas.
Decir que hubo un pacto de gobernabilidad del Estado con el delito es una cruda acusación a quienes fueron cabezas de las gestiones anteriores. Pero también a dirigentes que, desde otros lugares, tuvieron en los últimos años responsabilidades institucionales y manejaron porciones de ese poder. Esa descripción le cabe a Traferri, que siempre fue interlocutor privilegiado de los gobiernos socialistas y tuvo influencia innegable en los diseños de las cúpulas policiales, al menos en el departamento San Lorenzo.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con este asunto el gobernador y su ministro del área, Marcelo Saín?
Como sea, esto es política y tarde o temprano llegará el tiempo de la negociación, aunque aún no se sepa entre quiénes y bajo qué condiciones. Por caso, en el mismo discurso de asunción, el rafaelino pidió a los diputados y senadores que lo ayuden a reparar “el daño institucional” que produjo que el gobierno saliente elaborara, en acuerdo con seis senadores peronistas, el presupuesto que ejecutará el que acaba de arrancar.
En la Casa Gris ya comenzaron las reuniones con legisladores, que se intensificarán en los próximas horas, con la idea de analizar un llamado a sesiones extraordinarias y su temario. Será una instancia clave para comenzar a definir el escenario que viene y las “correcciones” que justamente buscará imponer la gestión Perotti al presupuesto, acaso mediante una ley de emergencia económica que le permita al Ejecutivo redefinir prioridades y reasignar partidas. Habrá que ver quiénes se sientan a la mesa y quiénes no. Y qué le votan y qué no.
Por lo pronto, y una muestra es su indiferencia ante el estallido interno en el PJ rosarino tras las designación de autoridades del Concejo, la unidad del peronismo que fue vehículo del triunfo electoral no parece desvelar a Perotti ahora que tiene que gobernar.
¿Buscará ya desde el ejercicio del poder un nuevo operativo seducción con sectores de la hoy oposición como cuando intentó, sin éxito, desbancar a Lifschitz? La ofensiva pública para horadar la figura del ex gobernador, a la par del acercamiento a intendentes del Frente Progresista, como Pablo Javkin, que necesitan con premura asistencia económica de la provincia, pueden ser movimientos políticos que finalmente vayan en esa dirección.
Mientras tanto, la amenaza de que choquen los trenes sigue viva.
