El diputado provincial Carlos del Frade afirmó que el debate por el control del río Paraná como vía navegable no se reduce al cobro de un peaje que hoy realiza la empresa Hidrovía y cuestionó al gobierno nacional porque “parece repetir la marcha atrás del caso Vicentin”, en relación a la frustrada intervención del Estado en la cerealera en crisis.
El legislador del Frente Social y Popular criticó el anuncio del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, ante los representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dio a conocer este jueves Rosario3.
Guerrera informó que el Estado nacional regulará la continuidad de la hidrovía con un decreto y cobrará el peaje de las embarcaciones que pasen por el Paraná durante un año. Después de ese período, volverá a abrirse una licitación del sistema troncal de navegación.
“La cuestión de fondo es quién se queda con el Paraná y las riquezas que se van por el Paraná. No se trata de recuperar solamente el peaje. Es imprescindible que los gobiernos provinciales y también los municipales, en medio de una pobreza lacerante, pidan una mayor decisión política para recuperar las riquezas del pueblo argentino a su favor y no que continúe la extranjerización”, planteó Del Frade.
“Nosotros pedimos siete puntos claves: decisión política, control, administración, planificación, fomento de la industria ferronaval, respeto por la biodiversidad y dejar de ser una semicolonia. Las afirmaciones del ministro Guerrera parecen repetir la marcha atrás en el caso Vicentin”, criticó el integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y aclaró: “Vamos a insistir”.
La concesión a la empresa Hidrovía SA, integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, venció en mayo y el gobierno extendió el contrato por 90 días para preparar la nueva concesión. Según contaron a este medio fuentes del gobierno nacional, ya está a la firma el decreto que se le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado por 12 meses.
La AGP (ente del Estado nacional) luego licitará entre dragadoras privadas los servicios de dragado y balizamiento sobre la base de las tareas y obras que viene realizando la actual concesionaria. Además, el gobierno avanzará con el armado de un órgano de control de la concesión que tendrá carácter consultivo.
