A 30 años de la reforma constitucional: “Las democracias sufren asedio y acoso político en Argentina y el mundo"

Este 25 de mayo se cumplieron treinta años del inicio de las sesiones de la Convención Constituyente que reformó por última vez la Constitución de la Nación. La asamblea tuvo lugar en las ciudades de Paraná y Santa Fe y de la que formaron parte 305 convencionales elegidos por la ciudadanía. Uno de ellos, que aún hoy participa de la vida política, es el radical Jesús Rodríguez quien volvió el miércoles pasado a la provincia para formar parte de un homenaj. por el aniversario de la convención organizado por la Universidad del Litoral.

En aquella oportunidad, Rodríguez representó a la Ciudad de Buenos Aires y compartió bancas con figuras como Raúl Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner, Aldo Rico, Elisa Carrió, Eduardo Menem y Jorge Yoma. Mientras que por Santa Fe se sentaron Carlos Reutemann, Miguel Robles, Ivan Cullen, Luis Cáceres, Guillermo Estevez Boero y Alberto Natale, entre otros.

El radical fue el último ministro de Economía de la gestión alfonsinista, también fue diputado nacional y auditor general de la Nación. En un mano a mano con Rosario3 repasó el significado y valor de aquella reforma como consecuencia del Pacto de Olivos y advirtió sobre los riesgos de “ir más allá de los límites que fija la Constitución” producto de las declaraciones del hoy presidente Javier Milei sobre algunos de los artículos.

—¿Qué significa para usted recordar los 30 años de la última reforma de la Constitución nacional?

—Es todo un símbolo de algunos valores que hay que poner sobre la mesa en la conversación pública y política en la Argentina. Se trata de un texto constitucional fruto del pacto de convivencia de una comunidad aprobado por unanimidad en una asamblea que debatió temas diversos y complejos y donde estuvieron representados la diversidad cultural, ideológica y política del país. Vale la pena subrayar que se consagró una victoria definitiva de la democracia deliberativa y de consenso versus la idea de gobernar por el decisionismo.

—Pero hay todavía temas pendientes de sanción legislativa.

—Entre ellos está la norma que regle la relación financiera entre Nación y las provincias, como la ley de coparticipación. Es una compleja sanción que tiene solo un antecedente cuando el Congreso aprobó una ley similar en 1988 en función de las virtudes políticas de un acuerdo partidario entre el oficialismo radical y la oposición justicialista. El resto de los acuerdos (por la coparticipación) fueron de gobiernos no democráticos, lo que revela la complejidad pero también de la necesidad posible de encontrar acuerdos.

—¿Qué momentos recuerda de aquella convención 30 años después?

—El primer día; donde había académicos, dirigentes, artistas, gobernadores, intelectuales y sacerdotes. Fue un momento de debate y discusión de la diversidad de la Argentina, estaban los que se alzaron en armas contra la democracia (Rico) y el presidente que los había sufrido (Alfonsín). Esa pluralidad de la Argentina es la foto que me queda después de 3 meses de trabajo.

—En su momento fue muy criticado el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín que posibilitó la reforma constitucional, pero al mismo tiempo habilitó la reelección de quien era presidente en su momento (Menem), ¿cómo se lee hoy ese Pacto?

-Esta Constitución permitió incluir a los tratados de Derechos Humanos con rasgo constitucional que la Argentina suscribiera. Eso por sí solo justifica la reforma. Pero además de eso le puso los límites al presidencialismo, permitió la designación de jueces de la Corte que requieren la mayoría los dos tercios del Senado, la elección directa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quitándole esa potestad que tenía el Presidente hasta ese entonces, habilitó la elección directa del presidente, vice y senadores nacionales, e instauró el balotaje para los comicios presidenciales, entre otros. Visto en perspectiva, esa reforma no sólo fue votada por unanimidad sino que permitió la Constitución de los Derechos Humanos, como yo la llamo, y sentó las bases de la democracia semi-directa del país.

—¿Hay algún punto de contacto entre esa reforma constitucional con el Pacto de Mayo que propuso el presidente Milei a los gobernadores?

—No tiene punto de comparación. La reforma de la Constitución primero fue una discusión en el Congreso para determinar los contenidos y segundo hubo una discusión en la sociedad argentina para elegir sus convencionales constituyentes. La asamblea constituyente sesionó durante tres meses sin feriados ni vacaciones y produjo un texto que fue votado por unanimidad. Ahí sí hubo deliberación que produjo un resultado y no una imposición o pretendida vocación decisionista.

Más allá de la Carta Magna

—¿Hay riesgo de que se vaya más allá de lo que dicta la Constitución?

—Hoy las democracias viven un momento de asedio y acoso político, no sólo en Argentina sino en el mundo. Hoy no son los golpes de Estado que terminan con las democracias. Las democracias se mueren desde adentro por actores políticos que no respetan la Constitución. Maduro ganó en Venezuela una elección pero generó una autocracia electiva muy cercana a una dictadura. En Nicaragua, primero fueron las elecciones y luego persecuciones y las decisiones derivaron en un oficialismo autoritario que desnaturalizó la democracia. Hay que estar atento que las democracias acosadas no encuentren actores políticos que sobrepasen los límites y se deben comportar como democráticamente fueron elegidos.

—¿Y, concretamente, en Argentina hoy hay riesgos en ese sentido?

—Está sobre la mesa cuando desde la cima del poder se dice que algunos artículos de la Constitución son el cáncer de la Argentina. Cuando se verbaliza así se demuestra una vocación del gobierno de ir más allá de la Constitución. Es malo para la convivencia pacífica, es pésimo para alcanzar el objetivo del progreso social y político. Existe una asociación positiva entre la calidad de las instituciones y los resultados económicos-sociales. Cuando no hay calidad institucional los resultados económicos-sociales son pobres.

—Tenemos calidad democrática de nuestras instituciones pero tampoco podemos resolver demandas económicas y sociales.

—Es así. Pero hay que ser preciso en el diagnóstico que es la garantía para un tratamiento adecuado. Siempre tuvimos elecciones no cuestionadas y es un dato muy positivo. La calidad institucional tiene dos dimensiones complementarias imprescindibles. Una es el pilar republicano (división, independencia y rendición de cuentas de los tres poderes), pero es insuficiente ya que tuvimos 16 años de gobiernos elegidos democráticamente caracterizados por gobernar por decreto y subordinar al poder judicial. El otro pilar es el liberal, esencialmente entendido como asegurar derechos para todos los ciudadanos y en particular las minorías.

—¿Hay que modernizar la Constitución, reformarla nuevamente?

—Lo primero que tenemos que hacer es cumplirla. Y esa es la primera responsabilidad de los que tienen la misión de gobernar. El Presidente es el primer magistrado, es el primer maestro, es el primer ejemplo. Y en eso falla la primera magistratura de hoy.

De Santa Fe y los radicales

—En Santa Fe se hizo la última reforma de la Constitución Nacional y resulta que es una de las provincias que tiene una de las constituciones más viejas,

—Junto a Mendoza son las dos únicas provincias donde no hubo reformas constitucionales. Tiene un lado luminoso y es que evitó las reelecciones, un mal de ésta época en Argentina en las constituciones sub-nacionales. Tiene un costado un poco desaconsejable y es no haber modernizado institucionalmente la provincia. Pero es una discusión que le cabe a los santafesinos.

—¿Cómo ve el perfil de los gobernadores radicales que ocupan parte de la escena política nacional?

—Es muy estimulante que dentro de la Unión Cívica Radical haya figuras muy representativas, jóvenes, trabajadores y verdaderos cuadros políticos. Le dan vitalidad al partido y condiciones para ofrecer ciudadanos comprometidos en el cambio y la transformación, y entre ellos está el santafesino Maximiliano Pullaro.

—¿Visualiza un futuro conductor dentro las filas del radicalismo para el país?

—Sin duda. El radicalismo gobierna cinco provincias y tiene dos vice-gobernadores, casi un tercio de la Argentina tiene al radicalismo como protagonista. Es sin dudas una garantía de futuro para el país.

—¿Y cómo analiza el papel del radicalismo para con el gobierno nacional?

—Tiene una relación institucional a partir del papel de opositor que la sociedad le asignó al radicalismo. Pero es un opositor al gobierno y no al país, es una oposición reformista y responsable, que va en contra del estatus quo.