La Policía Federal y la Justicia Federal detectaron por escuchas telefónicas que un preso federal alojado en Chaco e internos de la cárcel de Coronda tuvieron en diciembre distintas comunicaciones en las que hablan de atentar contra la vida de Luis Paz, detenido por narcotráfico y lavado.
Según información difundida este miércoles en Telenoche (El Tres), efectivos de la Policía Federal captaron, en una causa por drogas de Rosario, una llamada que adjudican a J.B, un condenado por la Justicia Federal y provincial a 17 años y 10 meses de prisión.
J.B. está preso en la Unidad 7 de Chaco y vía telefónica solicita a dos interlocutores que averigüen si ya había sido alojado en Coronda tras ser detenido. Uno de ellos se lo confirma y asegura tener una foto del lugar. Ambos están en ese penal.
Después, el alojado en Chaco les indica que "hay un millón de pesos y una casa" por matar al "Viejo" Paz. Según el informe federal, advierte que "es para que le tiren una granada". Más tarde, evalúan otras formas de atentar contra su vida, entre ellas la de poner veneno en la comida. Los investigadores no mencionan que la planificación refiera a motivos puntuales; citan sin mayores detalles ni argumentos a un miembro de Los Monos, pero no aparece en las comunicaciones ni lo llaman por su nombre.
Paz, padre de Martín –asesinado en 2012–, declaró contra Los Monos en el juicio provincial en 2017, cuando todavía estaba en libertad. Ya en 2018, fue detenido el 10 de diciembre en Rosario, indagado en Santa Fe al día siguiente y trasladado a Coronda. Las llamadas, informadas por la Policía Federal corresponden al 13 de diciembre.
Al respecto, la Fiscalía Federal Nº2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, evaluó las circunstancias como "graves" y pidió a fines de diciembre al Juzgado de Miño que "adopte de manera urgente las medidas que a su criterio correspondan a fin de garantizar la integridad física" de Paz.
Tres días después, aún con su situación procesal por resolverse, fue derivado a la cárcel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. El juez federal Francisco Miño lo procesó después como organizador de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Lucía Masneri, directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, dijo a El Tres que con Paz "se adoptaron todas las medidas de resguardo que tienen otros presos de los llamados de alto perfil". También indicó que su traslado a una dependencia federal correspondía porque sólo tiene causas federales.
En tanto, recordó que el Ministerio de Seguridad planteó en la Justicia y debatió en diversas audiencias durante 2018 la idea de ponerle un límite a la cantidad y peso de elementos que pueden llevar las visitas de internos en las cárceles provinciales.
