Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de la provincia y actual titular del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), realizó un pedido de amparo en la Justicia laboral para evitar que la Legislatura lo suspenda de su cargo.
Sain busca anticiparse a la posible sanción que votaría la Legislatura el próximo miércoles, tras un proceso abierto dentro del MPA por fiscales.
El abogado Hernán Martínez patrocina al director de la OI en su amparo ante la jueza laboral Paula Calace Vigo de los Tribunales Provinciales de Rosario.
El pedido se fundamenta en tres argumentos. En primer lugar, cuestiona que los propios diputados y senadores de la oposición (incluso los del PJ que responden a Armando Traferri) le armaron una ley (la denominada “AntiSain” 14.016) a medida para echarlo y ahora se la aplican retroactivamente.
El segundo cuestionamiento es que lo pretenden sancionar por actos que tuvieron lugar cuando era ministro y no director del OI (puesto que depende de otro poder y que ganó por concurso).
La presentación judicial se apoya en que se trata de un “avance de la Legislatura sobre el MPA”, algo que ya ocurrió con denuncias y procesos disciplinario contra fiscales que investigaron a senadores.
Si la jueza no llega a analizar y resolver el amparo, podrían solicitar a la vicegobernador Alejandra Rodenas que suspensa la sesión conjunta hasta que se expida la Justicia.
En ese sentido, la diputada Matilde Bruera aseguró que existe un “ensañamiento contra Sain porque fue el primero en investigar seriamente las vinculaciones del crimen organizado con el poder”.
Bajo su gestión se conoció, por ejemplo, la causa por corrupción vinculada al juego clandestino con dos fiscales detenidos en Rosario por cobrar coimas al capitalista del juego Leonardo Peiti.
Para Bruera, que los fiscales sospechados y los legisladores puedan suspender preventivamente a Sain de sus funciones configura “una situación escandalosa, que viola toda institucionalidad, ya que no está dentro de las atribuciones del Ministerio Público de la Acusación investigar a un ministro o los actos de un ex ministro cuando estaba en funciones”.
Para la funcionaria, es una clara persecución contra una persona que se atrevió a “investigar los vínculos del poder político contra el crimen organizado y una indudable subordinación del MPA a los legisladores”. Recordó que Sain renunció como ministro pero la “arbitraria persecución” continuó.
Esta semana la Comisión Bicameral de Acuerdos llegó a un dictamen este miércoles para suspender por seis meses y con reducción salarial a Sain.
