El Gobierno nacional anunció este miércoles la decisión de poner fin a la intermediación política en la asignación de planes sociales, al brindar información sobre la investigación que se sigue en la justicia de Chaco por abuso y explotación sexual de mujeres, que involucra al gobierno de Jorge Capitanich y al dirigente social detenido Jorge Bregui, y que pone de manifiesto "una matriz de corrupción que afecta la libertad y la autonomía de las personas”.
Así lo expresó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich, y el diputado provincial, Iván Gyöker, uno de los impulsores de la investigación sobre la existencia de redes de trata.
“Acá ha intervenido la justicia provincial, la justicia federal y la Gendarmería nacional, para llegar a lo que ahora el gobernador, junto a su ministro, han logrado, que es meter preso a este señor, funcionario, que violaba a una de las personas a cambio de un plan social”, expresó Bullrich quien se refirió a una “matriz que sale a la luz por este caso particular”, pero que “comenzó en 2010”.
En ese sentido, la ministra aseguró que "Cúneo Libarona va a presentar los instrumentos jurídicos para que en todas las provincias hagamos el mismo trabajo y liberemos a los ciudadanos” y agregó: “Es un cambio legal de la asociación ilícita, que no solamente va a ser utilizada para estos casos de trata de personas, sino para todos los delitos federales”.
"El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y la orden del presidente Milei, tiene una sola decisión: no más intermediarios, porque el modo en que han utilizado el poder va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas”, lanzó Bullrich.
Además, detalló que "desde que asumió el gobierno del presidente Milei hemos recibido 80.000 llamadas a la línea 134. En total las denuncias fueron 5.214, de las cuales 1.159 refieren a «te quito el plan si no vas a la movilización, si no haces lo que te digo, si no, sos mi esclavo»”. Y señaló que otras 4.055 llamadas "refieren directamente a extorsiones”.
Cúneo Libarona habló de un trabajo "codo a codo" con la ministra de seguridad para combatir "la corrupción, el narcotráfico y casos tan graves como estos que estamos analizando: trata de personas, crimen organizado, fraude en planes sociales”.
“Los funcionarios públicos que cometan distintos delitos merecen ser sancionados con la máxima gravedad. Las penas que rigen hoy en el Código Penal tienen que tener un ajuste de conductas a los tiempos actuales”, agregó el ministro.
Libarona adelantó que están "concibiendo una figura delictiva vinculada a los intermediarios y el fraude con el dinero destinado a la ayuda comunitaria que se lo malversa, extorsión y lavado de dinero". En ese sentido, plantearon la creación de una "súper fiscalía de anticorrupción con fiscales reconocidos".
Leandro Zdero, Gobernador de Chaco, brindó detalles del secuestro de "vehículos del estado que estaban a disposición de organizaciones sociales, entre ellos una ambulancia, camiones, camionetas, trafics; los vamos a poner a disposición del estado provincial".
“Estamos colaborando con la justicia: el caso Bregui, un dirigente social de la CCC, tiene la misma matriz, explotando a chicas a cambio de otorgar beneficios sociales, en este caso vemos la posibilidad de vinculación con la trata", delcaró.
Finalmente, fue el turno del diputado Iván Gyöker, quien indicó que "se explotaba sexualmente a mujeres entregándolas a funcionarios de Capitanich, obligándolas también a ir a marchas con sus hijos”. Además, apuntó contra el Clan Sena y el gobierno provincial y nacional. "Esta impunidad se terminó", dijo.
