La Red Federal de Periodismo Judicial –impulsada por el Foro de Periodismo argentino (Fopea) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij)– realizó una investigación sobre las condenas de mujeres por microtráfico de drogas en el país y el efecto que también hubo en aquellas provincias que adhirieron a la desfederalización de la competencia penal de la venta de estupefacientes.
Tras la recolección de datos llevada adelante entre abril y junio de este año, la investigación tomó en cuenta el período de las resoluciones judiciales del período de cinco años, de 2019 a 2023. A la hora de elaborar el texto, según indica su propia presentación, se sostiene que “las mujeres implicadas en casos de microtráfico de drogas son tratadas de forma automática y superficial, y casi sin problematización”.
“Con poquísimas excepciones, los sistemas judiciales se limitan a hacer una tarea formal, sobre la que ni siquiera rinden cuentas. No es lo mismo tramitar una causa que elaborar una respuesta justa, como tampoco es o debería ser lo mismo juzgar y condenar a personas con nulas oportunidades que escalar en la cadena responsabilidades”, añade el documento.
“Los tribunales argentinos avanzan en términos generales sin datos ni rumbo contra un sector sumergido en la pobreza, la desigualdad y la violencia. Ojalá esta investigación sirva para contribuir a generar una perspectiva distinta, que al menos se percate de la importancia de mirar «a los ojos» las verdades que lastiman”, concluye la presentación de la investigación.
Dentro de los datos aportados por el trabajo periodístico se indica que, en función de las causas judiciales recopiladas en Santa Fe, las mujeres “ocupan posiciones fungibles en la atención de búnkeres”. “En general, actúan como cabecillas cuando sus parejas no pueden continuar liderando las bandas, por ejemplo, porque están en prisión. En esos casos, las mujeres son el nexo entre el territorio y la cárcel: son la voz que transmite las órdenes recibidas. Este rol puede crecer en importancia. A menudo se ve que las mujeres siguen vinculadas al microtráfico de drogas mientras cumplen una prisión domiciliaria”, explica.
“Tienen entre 20 y 30 años y, por lo general, no completaron el secundario. Presentan un nivel socioeconómico bajo y medio-bajo. Es común que no estén casadas, pero que sí tengan una pareja más o menos estable. La mayoría son madres que reciben condenas de prisión con la modalidad domiciliaria. En muchos casos se ven indicios y signos de violencia, pero estas mujeres no suelen manifestar lo que viven y permanecen en un estado de sumisión ante los hombres. Disponen de recursos escasos de salud”, amplía el texto.
