La Municipalidad de Rosario solicitó al Concejo que adhiera a la ley provincial que creó un “registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos”. El escrito ingresará oficialmente en la próxima sesión y desde el oficialismo apuntan a que se apruebe ese mismo día sobre tablas.
El pedido en cuestión es para que Rosario se sume a la ley provincial 14.191 que se aprobó hace unos meses en la Legislatura santafesina. Además de crear el registro, la iniciativa también establece una serie de requisitos previo a la habilitación municipal a aquellos comercios e industrias que de cualquier forma comercialicen este tipo de metales la inscripción en el mismo.
En ese sentido, también dispone mecanismos de control e inspección a cargo de la autoridad de aplicación.
“Consideramos que es una herramienta importante y necesaria más que puede sumar el Estado para optimizar el control sobre este tipo de establecimientos” expresó el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago.
Desde el Ejecutivo destacaron que, más allá de la adhesión al registro, ya se viene realizando un trabajo de mayor control sobre estos establecimientos. En lo que va del año ya se clausuraron 62 chatarrerías que no tenían habilitación y además elevó a la justicia provincial 31 denuncias penales sobre los titulares de estos locales.
“Si bien la mayoría de ellos ejerce una actividad legítima, hay una minoría que está vinculado a la actividad delictiva de robos de cables, picaportes, porteros y demás artículos metálicos que día a día delincuentes sustraen a los buenos vecinos de la ciudad. Este registro va a permitir separar aquellos locales que hacen bien las cosas, de aquellos que facilitan el delito comprando y revendiendo metales robados” afirmó Zignago.
La ley dispone que previo a la habilitación municipal, quienes realicen actividad comercial o industrial con metales no ferrosos deberán inscribirse en dicho Registro en el lapso de 30 días posteriores. Chatarrerías, desarmaderos de automotores y locales de compra-venta de bienes usados componen el universo comercial que deberá acreditarse.
Según la mencionada ley provincial el organismo de aplicación y quién tendrá a su carga la función de control es la Dirección Provincial de Registro Provincial de Desarmaderos, Chatarrerías y Comercios de Compraventa de Repuestos Usados, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Quienes deban inscribirse deberán presentar su documentación de inscripción en el API y la Afip y presentar boletos de compra y transporte del material. Para quienes no presenten la inscripción en el Registro, la normativa contempla la clausura del comercio, una multa económica y la notifición de la situación del mismo al Ministerio Público de la Acusación para que accione de acuerdo a sus incumbencias
