La Municipalidad de Rosario confirmó que existen al menos seis chapas de taxis registradas por personas vinculadas a Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Central detenido el año pasado y acusado de lavado de dinero.
El Ejecutivo respondió a un pedido de informe realizado por el concejal Roy López Molina, presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El documento indica que hay “al menos seis chapas registradas a través de terceros de su entorno, con una única dirección” y “todas contraídas con el régimen de explotación por tiempo indeterminado entre 2003 y enero 2020”, informó el edil.
El tema surgió en el marco de la detención de Bracamonte en junio del año pasado y el secuestro de dinero en efectivo y varios vehículos, entre ellos dos taxis.
La sospecha se centró sobre los titulares, multas y sanciones de las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864.
“Tras haber hallado, en junio del año pasado, en el domicilio de Bracamonte, 2,5 millones de pesos y 1.700 dólares que su abogado confirió a la explotación de cuatro taxis, el fiscal Miguel Moreno lo imputó por lavado agravado e incluyó seis chapas del servicio público a nombre de terceros bajo la sospecha de ser parte de las maniobras. Estimó, además, el valor de cada una en una cifra superior a los 20 mil dólares”, recordó el concejal.
El informe del municipio además ratificó que “todas las licencias fueron adquiridas por transferencia, donde un titular vende su licencia y el comprador abona un sellado a la Municipalidad que a la actualidad cuesta 382.725 pesos”, añadió el comunicado del edil de Cambiemos.
Los concejales plantearon cómo un servicio público puede tener vinculación directa con quien está sindicado como un actor protagónico de la violencia en el fútbol. "Corresponde al Departamento Ejecutivo verificar y evitar que esas chapas sean utilizadas para lavar ganancias de actividades ilícitas”, dijo al respecto López Molina.
Bandas criminales en un servicio público
El propio cuerpo legislativo rosarino aprobó en octubre una ordenanza que endurece los requisitos y controles para iniciar el trámite por licencias de taxis y remises y mantener o transferir las vigentes.
En concreto, limita la actividad para quienes tengan antecedentes condenatorios o causas avanzadas por delitos complejos como lavado de activos, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita.
La ordenanza, que también impulsó López Molina, busca evitar que el crimen organizado pueda lavar dinero a través del servicio público de taxis. "No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad", dijo entonces el concejal.
