Una mujer de 63 años, que fue detenida por intentar traficar casi 3 kilos de cocaína adosados a su cuerpo en Neuquén, fue absuelta en un juicio abreviado. El juez Orlando Coscia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia patagónica homologó el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía y absolvió a la imputada.
El hecho ocurrió el 1 de febrero de 2019, cuando la mujer, oriunda de la provincia de Salta- viajaba en un micro de la empresa Vía Bariloche, con destino a la ciudad chilena de Osorno. Al llegar al Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, personal dependiente del Escuadrón 34 Bariloche de la Gendarmería Nacional, advirtió que la mujer trasladaba 2,722 kilogramos de cocaína, dispuestos en cuatro paquetes que tenía adosados a su cuerpo.
La salteña fue trasladada a las celdas del subsuelo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y quedó detenida. Luego, fue imputada por tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes.
El pasado 7 de julio, se celebró un juicio abreviado en el que participó el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y la defensa de la mujer.
El representante del Ministerio Público Fiscal, analizó los antecedentes del caso y retiró la acusación contra la imputada por considerar que se trataba de una persona “que pertenece a un sector socialmente desfavorecido, que se encontraba en una situación ‘desesperante’ y de extrema necesidad ante la imposibilidad económica de hacer frente a una cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo y la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia. Frente a esta situación, terceras personas, abusando de su situación de extrema vulnerabilidad, la utilizaron para transportar material estupefaciente y de esta manera permitirle obtener el dinero necesario para que su hijo reciba adecuada atención médica”.
Veinte días antes del hecho, la mujer cruzó desde la localidad salteña de Salvador Maza, hacia la ciudad boliviana de Yacuiba, donde se presume que se habría abastecido de la droga.
Además, del análisis de las comunicaciones de los teléfonos secuestrados en su poder, surgen comunicaciones que evidencia que “que estaba haciendo el transporte de la sustancia estupefaciente cumpliendo con una obligación impuesta por un tercero que casi con seguridad sería de nacionalidad boliviana o al menos usaría un teléfono correspondiente al vecino país”.
En sus argumentos, el fiscal general Palazzani, estimó que “una decisión judicial que carezca de perspectiva de género es inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional con relación a la protección de las mujeres. Por ello, tales compromisos impactan en la solución que se dará al presente caso buscando no reproducir, mediante la criminalización de una mujer en graves condiciones de vulnerabilidad, la opresión a la que ya viene sometida previamente”.
El fiscal concluyó que la imputada “cumplió el rol de “mula” en una cadena de tráfico en la que ella tan solo fue el eslabón más débil, apremiada por circunstancias de extrema necesidad: pobreza, marginalidad y una desesperante situación de salud de su hijo que debía tratarse". En virtud de todo ello, retiró la acusación y postuló el sobreseimiento de la mujer.
A su turno, el juez Orlando Coscia, hizo lugar al pedido del fiscal general y homologó el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado y absolvió a la imputada.
Luego, dispuso su liberación, la incineración del estupefaciente incautado y la devolución de los bienes personales que le fueran secuestrados.
